Washington D.C. - La gobernadora Jenniffer González y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, coincidieron el miércoles en que el proyecto de ley que persigue una transición al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) tacha una excusa principal de las autoridades federales para frenar esa propuesta: los años que le puede tomar al gobierno de Puerto Rico implementar los nuevos requisitos.

Al mismo tiempo, consideran que, aunque el proyecto de ley da un período de hasta unos 15 años para completar la plena integración al SNAP –un proceso que incluye implantar exigencias para que todo adulto entre 18 y 64 años que pueda trabajar lo haga o rinda servicios voluntarios– la legislación persigue iniciar el acceso a fondos en una década.

Bajo lluvia –en un clima tan complicado como son los esfuerzos para convencer al gobierno federal de que Puerto Rico debe dejar atrás la subvención en bloque del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y ser integrado al SNAP–, Hernández convocó a su primera conferencia conjunta en la capital estadounidense con la gobernadora.

También estuvieron presentes el congresista demócrata Salud Carbajal (California) y representantes de organizaciones cívicas.

Aun después de las críticas que hiciera la gobernadora González al Partido Popular Democrático (PPD), acusándolo de respaldar al gobierno de Nicolás Maduro, el encuentro con el comisionado Hernández fue cordial.

En un momento dado, el comisionado Hernández – presidente del PPD– le aguantó la sombrilla a la gobernadora mientras ella hablaba en medio del aguacero, hasta que la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Gabriela Boffelli, se acercó a asistir a González.

“El hambre no tiene identificación partidista, el hambre no es demócrata, ni republicana, ni popular, ni penepé, sino que es un problema que merece ser atendido”, indicó Hernández, en la conferencia de prensa en que promovió su legislación que, con el número 5168, presentó el lunes, junto a otros cuatro demócratas y cuatro miembros de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes.

La gobernadora, por su parte, afirmó que se trata de un asunto de inequidad y que la medida busca atender “un problema de seguridad alimentaria, en una isla que importa más del 90%” de lo que consume.

Una vez convertida la medida en ley, el gobierno de Puerto Rico tendría seis meses para presentar ante la Secretaría de Agricultura un plan de operación y transición al SNAP de cinco años, indicaron. Entonces, la jefatura de Agricultura tendría 90 días para decidir si certifica el plan de transición.

Pero el acceso a los fondos del SNAP comenzaría a partir del año 11, según la oficina del comisionado Hernández, y dependería del plan de transición que se haya aprobado.

La interpretación de la gobernadora y el comisionado residente es que la ley obligaría a la secretaría de Agricultura a examinar el plan tan pronto lo presente el gobierno de Puerto Rico. Un experto duda que exista esa obligación antes de los 10 años, en momentos en que la gobernadora González reconoció que no ha dialogado con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en torno a la legislación.

“Vamos a estar listos mucho antes de los 10 años”, estimó González, al afirmar que esperar una década le “pareció inteligente por parte del comisionado”, pues elimina objeciones a la propuesta como que “el costo iba a ser mayor” y el tiempo que le tomaría al gobierno de Puerto Rico adoptar los cambios tecnológicos y de entrenamiento de personal.

A partir del año 11, según la primera ejecutiva y el comisionado, habrá un período de cinco años para que pueda seguir funcionando el PAN, en caso de alguna complicación y evitar una interrupción en la entrega de los beneficios.

“La transición del PAN al SNAP no es como presionar un botón; implica transformar toda una estructura de servicio que ha operado bajo reglas distintas por más de 40 años. Este proyecto reconoce esa realidad", indicó Hernández, al subrayar que un período de 10 años se alinea “con las reglas fiscales del Congreso”.

González, mientras, descartó exigir requisitos de trabajo bajo el PAN, en momentos en que lo promueven de forma voluntaria.

Aunque un estudio encomendado por el Departamento de Agricultura estadounidense, de 2022, establece que las asignaciones pueden aumentar a $4,500 millones anuales bajo el SNAP durante una década del proceso de transición, la gobernadora consideró que las partidas se elevarían a unos $4,000 millones, es decir unos $1,000 millones más que la subvención que ahora otorga el PAN para el beneficio de 1.2 millones de personas.

González destacó, además, la ventaja que sería poder tener acceso directo a asistencia alimentaria de emergencia en caso de desastres, lo que, bajo el PAN, requiere legislación del Congreso.

El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Glenn “GT” Thompson, ha insistido, durante los pasados dos años, que Puerto Rico no está listo para implantar los requisitos de trabajo y otros cambios tecnológicos necesarios para una transición del PAN al SNAP.

Pero, el martes, tras la presentación del proyecto del comisionado Hernández, Thompson evitó tomar una posición definitiva sobre la legislación, la cual dijo evaluará “seriamente”. Thompson se reunió, el 3 de septiembre, con Hernández y el mismo martes con la gobernadora González, quien fue su colega en la mayoría republicana de la Cámara baja.

La intención de Hernández y González es lograr que Thompson inserte el lenguaje del 5168 en la próxima ley agrícola. Thompson quiere llevar a votación este mes su proyecto de reautorización de la ley agrícola, cuya versión temporal vigente vence a la medianoche del 30 de septiembre.

En esta ocasión, debido a asignaciones para agricultores incluidas en la ley de reconciliación fiscal con las prioridades del presidente Donald Trump, el contenido del proyecto de ley agrícola será reducido.

Para el demócrata Carbajal, el único congresista que asistió a la conferencia de prensa, la falta de acceso de los residentes en Puerto Rico al SNAP “ha sido una inequidad por demasiado tiempo”.

“Este proyecto de ley responde a muchas de las preguntas que tenía el Congreso sobre la preparación y la oportunidad de Puerto Rico para participar en el programa SNAP. No es automático. No es inmediato”, comentó, por su parte, Lillian Rodríguez López, portavoz de la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico.

El director ejecutivo de la organización de caridades católicas Caritas Puerto Rico, el sacerdote Enrique Camacho, sostuvo que la asistencia alimentaria en Puerto Rico es una necesidad, incluso, para “muchos profesionales cuyos salarios no les alcanzan para su desarrollo humano integral y el de sus familias”.

“Hay madres solteras que reciben nuestra ayuda y necesitan tener tres o cuatro trabajos para ayudar a sus hijos y a su familia”, advirtió.

La medida no posee aún una legislación hermana en el Senado, donde el presidente del Comité de Agricultura, el senador John Boozman (Arkansas), no ha tenido en su agenda promover la transición del PAN al SNAP.

La propuesta en favor de una transición de Puerto Rico del PAN al SNAP ha sido liderada antes en el Senado por la demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York). “Estoy trabajando para presentar una versión bipartita en el Senado y asegurar que Puerto Rico reciba el mismo trato que el resto de los Estados y otros territorios en materia de seguridad alimentaria,” añadió el comisionado residente.