Washington D. C. - Un juez federal de Nueva York aprobó un interdicto que impedirá temporalmente el cierre de 99 centros de entrenamiento Job Corps, incluidos los de Puerto Rico, que asisten a cerca de 700 jóvenes de bajos recursos económicos en áreas de educación y empleo.

El juez Andrew Carter, del Tribunal Federal del sur de Nueva York, determinó que el Departamento del Trabajo de Estados Unidos se excedió en su autoridad “al cerrar los centros sin cumplir con los requisitos legales”, por lo que los demandantes –la organización National Job Corps Association– “han demostrado una probabilidad de éxito” cuando el caso se examine en su fondo.

Carter mantuvo que, mientras el Departamento del Trabajo busca frenar el funcionamiento de los centros, reconoce que “no ha articulado planes para el dinero que el Congreso destinó a los centros de Job Corps”.

“Los demandados admiten que, sin una orden judicial, miles de niños y/o jóvenes víctimas de abuso serán expulsados ​​de los campus de Job Corps, dejándolos sin hogar al instante por no tener a dónde ir”, agregó el juez.

National Job Corps Association (NJCA) –integrada por organizaciones empresariales, laborales, de voluntariado, de defensa, académicas y comunitarias– reclamó al tribunal detener los planes del Departamento del Trabajo para cerrar los centros Job Corps, un programa residencial de educación y capacitación laboral para jóvenes entre 16 y 24 años.

La intención del gobierno de Donald Trump de desmantelar Job Corps es parte de las medidas implantadas por la comisión Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que encabezó el multimillonario Elon Musk.

En Puerto Rico, los centros Job Corps están en el barrio Garrochales de Arecibo y en la antigua base Ramey de Aguadilla, que ofrecen certificaciones en el área de cuidado médico, construcción, tecnología y artes culinarias.

La semana pasada, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez instó a la secretaria del Trabajo federal, Lori Chávez DeRemer, a desistir de eliminar las operaciones de los centros de Job Corps.

Junto a Velázquez, hicieron el reclamo el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y los congresistas Darren Soto (boricua por Florida), Emmanuel Cleaver (electo por Misuri y líder demócrata en la subcomisión de Vivienda del Comité de Servicios Financieros), Delia Ramírez (Illinois) y Rashida Tlaib (Michigan).

Velázquez y sus colegas temen que, además de dejar sin hogar a cerca de 700 jóvenes en la isla, la eliminación del programa frene unos $44.8 millones en mejoras de capital que están en curso en los centros en Arecibo y Aguadilla, que están en reconstrucción después de la catástrofe causada por los huracanes Irma y María en 2017.

En su comunicación a Chávez DeRemer, los legisladores federales exigieron conocer los datos que utilizan para proponer eliminar los centros operados en Puerto Rico, si se ha hecho una evaluación del impacto de la decisión y cómo el Departamento del Trabajo federal garantizará que “los estudiantes actualmente matriculados no se queden sin alojamiento, alimentación ni acceso a capacitación y servicios de salud”.

“¿Qué criterios utilizará el Departamento del Trabajo para determinar si un centro debe permanecer abierto bajo una estructura operativa diferente? ¿Se comprometerá el Departamento del Trabajo a poner en pausa la implementación de esta política mientras el Congreso analiza las implicaciones y se consulta a las partes interesadas?”, cuestionaron.

Agregaron que Job Corps “representa una inversión inteligente y estratégica en el futuro de Puerto Rico”, teniendo en cuenta que, según datos de 2023, “27,098 adolescentes de entre 16 y 19 años, lo que representa el 18% de todas las personas en ese grupo de edad, no estaban matriculados en la escuela”.

“Entre estos jóvenes, casi la mitad (48%) no participaba en la fuerza laboral y el 18.4% buscaba trabajo activamente, pero estaba desempleado. Además, en 2023, el 33.4% de la población total que vivía por debajo del nivel de pobreza, o 291,109 personas, tenía un diploma de escuela superior. Estas cifras demuestran que la labor que realizan los centros Job Corps de Puerto Rico es una necesidad”, añadieron.