Sin oposición de las partes del caso, la jueza del Tribunal Federal de San Juan María Antongiorgi decidió el martes hacer permanente el interdicto que emitió, en 2025, para frenar el despido de los tres miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que impugnaron la decisión del presidente Donald Trump.

La orden de Antongiorgi fue emitida después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó la permanencia del interdicto, luego de que accediera, a su vez, a que la controversia regresara al Tribunal Federal de San Juan.

Los abogados del integrante de la JSF John Nixon y del director ejecutivo, Robert Mujica –quienes, por unos días, fueron los únicos directivos del ente cuando Trump ordenó los despidos de seis de los siete miembros–, habían indicado, por su parte, no tomar posición sobre la permanencia del interdicto.

Aunque accedió a hacer permanente el interdicto, Justicia federal –a nombre de Trump y el director de la Oficina de Personal de la Casa Blanca, Dan Scavino, entre otros– advirtió que su posición no excluye cualquier esfuerzo adicional de “remoción futura de los demandantes de conformidad con la ley”.

El gobierno de Trump desistió de cuestionar la orden de Antongiorgi de paralizar los despidos de Arthur González –presidente de la JSF–, Betty Rosa y Andrew Biggs después que el Tribunal Supremo estadounidense determinó que el presidente tiene que mostrar causa para destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva federal, cuya independencia del Ejecutivo confirmó el alto foro.

Pero, todavía está pendiente verse en su fondo, en el Tribunal Federal de San Juan, el esfuerzo de Trump para despedir a González, Rosa y Biggs como miembros de la JSF, que, de acuerdo con el Supremo estadounidense, es una entidad de Puerto Rico, no federal.

En total, Trump despidió, en agosto de 2025, a seis de los siete miembros con plenos derechos de la JSF, creada por la ley Promesa para controlar las decisiones fiscales del gobierno electo de Puerto Rico y liderar en su nombre el proceso de reestructuración de la deuda pública.

Los despidos ocurrieron en medio de una campaña de un grupo de bonistas y activistas conservadores que se oponen al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

González, Biggs y Rosa lograron frenar los despidos al argumentar que la ley Promesa exige mostrar causa para su destitución y no se había cumplido con ese proceso. Los otros miembros del ente que fueron despedidos, Juan Sabater, Luis Ubiñas y Cameron McKenzie, aceptaron la decisión de Trump de destituirlos.

Más de un año después, los puestos que Sabater, Ubiñas y McKenzie dejaron siguen vacantes, pese a que pueden ser llenados por nombramientos republicanos.

Bajo la ley Promesa –firmada por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016–, si no quiere enviar los nombramientos a confirmación del Senado, el presidente de Estados Unidos puede nombrar directamente un miembro del ente y designar los otros seis a base de las recomendaciones del speaker cameral (2), el líder de la mayoría del Senado (2) y los líderes de las minorías legislativas, que en esta sesión son demócratas.

En junio pasado, 10 meses después de los despidos, la JSF elevó de $2,600 millones a $3,000 millones la oferta de pago de la deuda de la AEE, que ronda los $8,500 millones. Pero, un grupo de bonistas liderado por Golden Tree Asset Management –que ha querido cobrar incluso con intereses toda la deuda, lo que representaría un pago de $12,000 millones– rechazó la oferta.