Washington D.C. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó este lunes que sea permanente el interdicto de la jueza María Antongiorgi Jordán que frenó el despido que hiciera el presidente Donald Trump de tres miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.

Pero, al mismo tiempo, afirmó que esa decisión no excluye cualquier esfuerzo adicional de “remoción futura de los demandantes de conformidad con la ley”.

De esta forma, el Departamento de Justicia respondió a la determinación de un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones federales que ordenó devolver el caso sobre los intentos de destitución de Arthur Gonzalez, Andrew Biggs y Betty Rosa al Tribunal Federal de San Juan, donde en octubre Antongiorgi Jordán había emitido un interdicto temporero.

La respuesta del Departamento de Justicia estadounidense, a nombre del presidente Trump y el director de la oficina de Personal de la Casa Blanca, Dan Scavino, fue sometida por el secretario adjunto de Justicia para Asuntos Civiles, Brett Shumate, y el subsecretario adjunto de Justicia para la Rama de Programas federales, Eric Hamilton.

Ahora, el caso sobre los esfuerzos de Trump para despedir a Gonzalez, Biggs y Rosa deberá verse en su fondo en el Tribunal federal de San Juan.

En medio de una campaña de un grupo de bonistas y activistas conservadores que se oponen al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el presidente Trump despidió en agosto de 2025 a seis de los siete miembros con plenos derechos de la JSF, creada por la ley Promesa para controlar las decisiones fiscales del gobierno electo de Puerto Rico y liderar en su nombre el proceso de reestructuración de la deuda pública.

Gonzalez- presidente del ente fiscal-, Biggs y Rosa lograron frenar los despidos al argumentar que la ley Promesa exige mostrar causa para su destitución. Los otros tres cesados, Juan Sabater, Luis Ubiñas y Cameron McKenzie no cuestionaron la decisión de Trump.

Esos tres puestos de la JSF- que fue formada este lunes hace una década-, siguen vacantes pese a que pueden ser llenados por nombramientos republicanos.

Bajo la ley Promesa - firmada por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016-, si no quiere enviar los nombramientos a confirmación del Senado, el presidente de Estados Unidos puede nombrar directamente un miembro del ente y designar los otros seis a base de las recomendaciones del speaker cameral (2), el líder de la mayoría del Senado (2) y los líderes de las minorías legislativas, que en esta sesión son demócratas.

En junio pasado, luego de los despidos, la JSF elevó de $2,600 millones a $3,000 millones la oferta de pago de la deuda de la AEE, que ronda los $8,500 millones. Pero, un grupo de bonistas liderado por Golden Tree Asset Management –que ha querido cobrar incluso con intereses toda la deuda, lo que representaría un pago de $12,000 millones– rechazó la oferta.