Washington D.C. - Sin oposición de las partes, el gobierno de Donald Trump ha pedido al Primer Circuito de Apelaciones en Boston que devuelva al Tribunal de Distrito de Puerto Rico el caso sobre el despido de tres miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En una moción presentada el viernes en la tarde, en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que reafirmó la independencia de la Reserva federal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó que “remita la apelación al tribunal de distrito para que continúe el procedimiento de conformidad con la opinión” del máximo foro judicial en esa controversia.

La administración Trump había apelado ante el Primer Circuito la decisión de la jueza federal de San Juan María Antongiorgi Jordán que frenó las destituciones ordenadas por el presidente de Estados Unidos de tres miembros de la JSF que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.

Antongiorgi Jordán mantuvo que la Ley Promesa, que creó la JSF y un sistema judicial de bancarrota territorial, exige mostrar causa para destituir a los miembros del ente fiscal, como han argumentado los abogados de los tres funcionarios destituidos, el presidente de la JSF, Arthur González, Andrew Biggs y Betty Rosa.

“El gobierno está considerando sus próximos pasos a la luz de la decisión de la Corte Suprema. Esta Corte debe remitir el caso al Tribunal de Distrito para que dicho proceso prosiga”, indicó la moción del Departamento de Justicia federal, que certificó que los abogados de los tres funcionarios, y de la JSF “no se oponen a esta moción”.

González, Biggs y Rosa fueron tres de los seis miembros de la JSF destituidos abruptamente hace un año por Trump, en medio de presiones de sectores conservadores que han denunciado ante la Casa Blanca la lentitud en lograr acuerdos con los acreedores para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y los gastos del organismo.

Otros tres funcionarios despedidos no impugnaron la decisión de Trump.

Después de la jueza Antongiorgi Jordán frenar temporalmente los despidos, el Departamento de Justicia fedeal apeló al Primer Circuito y luego solicitó detener los procedimientos en espera de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense en torno a la destitución que hiciera el presidente Trump de Lisa Cook como gobernadora de la Reserva federal, que pudiera guiar la controversia en torno a la JSF.

El pasado 29 de junio, una mayoría del Tribunal Supremo estadounidense determinó que Trump tiene que mostrar causa para destituir a Cook como gobernadora de la Reserva federal, cuya independencia del Ejecutivo ha quedado confirmada.

En otra controversia resuelta el mismo día, sobre el despido de la integrante de la Comisión Federal de Comercio (FTC) Rebecca Slaughter, el máximo foro judicial estadounidense decidió que Trump no tiene que mostrar causa para destituir a los comisionados de esa oficina o de otros departamentos que aunque han sido considerados independientes tienen la encomienda de fijar política pública referente al Ejecutivo federal.

El constitucionalista Carlos Ramos González, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), había adelantado que tras las decisiones de los casos Cook y Slaughter, cuando el caso regrese a sus manos, Antorgiorgi Jordán estará más inclinada a reafirmar que la JSF es una excepción al poder abarcador del presidente de Estados Unidos para destituir a funcionarios que ha nombrado a organismos independientes.

Por un lado, Ramos González reiteró que el Tribunal Supremo estadounidense, en el caso JSF versus Aurelius Investment (2020), subrayó que la JSF es un ente del gobierno territorial de Puerto Rico y por el otro la Ley Promesa establece claramente que el poder de destitución del presidente sobre los miembros de la Junta depende de mostrar justa causa.

“Me atrevo a decir que la jueza va a insistir en que (la JSF) es una excepción”, indicó el mes pasado Ramos González, en entrevista en el pódcast Desde Washington de El Nuevo Día, aunque advirtió que quedaría de nuevo la interrogante de cómo actuara el Primer Circuito de Apelaciones, que considera “tiene un historial de simpatía con la territorialidad colonial”, pero a la misma vez de proteger a la JSF como institución sin hacer daño a los bonistas.