Washington D.C. - En una decisión que puede impactar el intento de despedir a miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de Puerto Rico, la mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este lunes (5-4) que el presidente Donald Trump no cumplió con el debido proceso de ley al destituir, sin oportunidad para responder, a la gobernadora de la Reserva del Banco Federal, Lisa Cook.

“Como mínimo, Cook tenía derecho a una explicación de las pruebas en cuestión, a una vía para responder y a un plazo para hacerlo. Solo después de que Cook haya tenido la oportunidad de responder a los cargos formulados en su contra se podrá tomar una decisión final. Y solo entonces los tribunales podrán evaluar la validez y suficiencia de dichos cargos”, indicó el juez presidente del tribunal, John Roberts, al escribir la opinión mayoritaria.

A Roberts se unieron las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, al igual que el conservador Brett Kavanaugh.

La mayoría, además, mantuvo vigente la orden de la jueza de distrito Jia Cobb que ha permitido a Cook permanecer en su cargo de la Reserva Federal en espera de la continuación del litigio judicial.

Roberts afirmó que “la protección contra la destitución de la que gozan los gobernadores de la Reserva Federal es coherente con la Constitución”.

“Los padres fundadores conocían por experiencia las calamidades que podían surgir incluso de la mera sospecha de manipulación política de la política monetaria”, agregó, al acentuar que permitir el despido sin causa justificada se desviaría “de la ley promulgada por el Congreso y de la tradición de nuestra nación de proteger la banca central de la interferencia política”.

Al disentir de la mayoría, el juez conservador Clarence Thomas mantuvo que “si bien el Tribunal expresa su preocupación por el hecho de que el presidente haya destituido a un miembro de la Junta por ‘primera vez en los 111 años de historia de la Reserva Federal’, no expresa tal preocupación por el hecho de que hoy ratifique una orden judicial contra la destitución de un funcionario ejecutivo por parte del presidente por primera vez en los 237 años de historia de la Constitución”.

Al mismo tiempo, sin embargo, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo expandió, en otra controversia, el poder del presidente de Estados Unidos para destituir funcionarios de organismo independientes relacionados con su política pública.

En esa segunda controversia, el Tribunal Supremo (6-3) anuló una ley federal que ha prohibido que el presidente de Estados Unidos destituya a miembros de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), excepto en casos de “ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta en el cargo”.

En el caso de la FTC ha estado en controversia la destitución que hiciera Trump de Rebecca Slaughter, a quien el presidente Joe Biden nombró en 2023 para un segundo mandato en esa comisión. Trump notificó en 2025 el despido de Slaughter, el señalarle que su permanencia en la FTC sería “incompatible con las prioridades de mi administración”.

De acuerdo a la mayoría del tribunal, “si bien corresponde al Senado decidir si confirma a aquellos con quienes el presidente preferiría trabajar, ni el Congreso ni los tribunales pueden imponerle nombramientos con quienes no pueda trabajar”.

“Los subordinados que ejercen el poder del Presidente están sujetos a su destitución. Solo entonces podrán rendir cuentas al Presidente, y el Presidente al pueblo”, sostuvo la opinión del juez Robert. en este caso, en el que tuvo el respaldo de los otros cinco jueces conservadores y la disidencia de las tres liberales.

La jueza puertorriqueña Sotomayor expresó preocupación con el incremento de poder que se otorga al presidente de Estados Unidos en el caso de la FTC y sus implicaciones para el sistema democrático.

“Hoy, el Tribunal descarta ese régimen democrático en favor de uno que distorsiona la estructura del Gobierno para ajustarla a la teoría mayoritaria de un control ejecutivo unitario y total. El resultado es un Presidente que emerge con un poder mucho mayor que nunca. Sin embargo, es un poder que ni el Pueblo, ni el Congreso, ni la Constitución le otorgaron”, sostuvo Sotomayor.

Durante la audiencia oral sobre el despido de Cook, una clara mayoría de los jueces había cuestionado que el presidente de Estados Unidos tuviera el poder irrestricto de destituir a una funcionaria de una entidad independiente, como la gobernadora de la Reserva del Banco Federal, sin notificación u oportunidad de responder.

En aquel momento, los jueces expresaron preocupación en torno al impacto que ese tipo de decisión tendría en la independencia del banco central del país.

La controversia ha implicado la constitucionalidad del despido de Cook por hechos que no han sido adjudicados por ningún tribunal u organismo.

Los esfuerzos de Trump por cesar a Cook –frenados temporalmente por el Circuito de Apelaciones de Washington D.C.– han sido señalados por el Departamento de Justicia estadounidense como una controversia que influirá en el debate sobre la legalidad de los despidos que el presidente hizo de seis de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Los despidos de tres de miembros de la JSF –el presidente Arthur Gonzalez, Andrew Biggs y Betty Rosa– que impugnaron la decisión de Trump, quien no especificó causa ni ofreció notificación previa-, fueron detenidos temporalmente por la jueza federal de San Juan, María Antogiorgi Jordán. Ese caso está pendiente ante Primer Circuito de Apelaciones federales.

Previamente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha determinado que la JSF es un organismo independiente del gobierno de Puerto Rico, no del gobierno federal.

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