Poco antes de quedar derrotada su versión del proyecto de ley agrícola, el presidente del Comité de Agricultura del Senado estadounidense, el republicano John Boozman (Arkansas) reafirmó este jueves que el costo de la propuesta ha sido el factor decisivo para descartar impulsar ahora una transición para Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP).

“Es algo muy importante, y necesitamos trabajar para lograr la transición. Como saben, en este momento, el costo está en duda, pero estamos comprometidos a ayudarlos”, indicó Boozman, quien reconoció haber dialogado sobre el asunto con la gobernadora de Puerto Rico, la republicana Jenniffer González, cuando, como otros funcionarios, “han venido a este país”.

El senador Boozman reaccionó a la decisión del senador demócrata Ben Luján (Nuevo México) de presentar y retirar una enmienda para que como parte de la próxima ley agrícola se vinculara al gobierno federal con un proceso de transición del PAN al SNAP.

Aunque en el Senado solo un republicano, Roger Wicker (Misisipi), ha respaldado la propuesta, tanto Boozman como Luján consideran que se trata de un asunto bipartidista.

El proyecto de ley agrícola del senador Boozman, sin embargo, fue derrotado este jueves.

“Estoy profundamente decepcionado por este resultado. Tenemos la responsabilidad de apoyar a los agricultores, ganaderos y comunidades rurales de Estados Unidos. Todos reconocen los serios desafíos que siguen enfrentando, y bloquear la ley agrícola solo aumenta la incertidumbre y las dificultades”, indicó Boozman.

De no reautorizarse la ley agrícola en esta sesión, las autoridades del gobierno de Puerto Rico tendrían una nueva oportunidad en el Congreso que empieza en 2027.

La propuesta transición del PAN al SNAP ya había quedado fuera del proyecto aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues su liderato considera que no tenía dinero para financiar su transición, el cual la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) ha calculado en cerca de $1,000 millones, según el presidente del comité cameral de Agricultura, Glenn “GT” Thompson (Pensilvania).

En el pasado cuatrienio, Thompson afirmó que el gobierno de Puerto Rico no estaba preparado para implementar los cambios tecnológicos del SNAP, que incluye requisitos de trabajo para personas que pueden hacerlo y tienen entre 18 y 64 años.

Boozman había adelantado a El Nuevo Día que el costo de la propuesta – que incluiría unos $900 millones en nuevas asignaciones de asistencia alimentaria– influiría en su decisión.

“Quisiera recordarles a todos que este es un asunto bipartidista. Este es un asunto que cuenta con el apoyo de demócratas y republicanos, incluido la gobernadora republicana de Puerto Rico, una antiguo colega en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”, indicó Luján, antes de retirar su propuesta enmienda.

Si el proyecto de ley agrícola es aprobado en el Senado, tendría que ser armonizado con la medida ratificada en la Cámara de Representantes.

Si este año se convierte en ley la reautorización de la ley agrícola, el gobierno de Puerto Rico puede tener que esperar otros cinco años para tratar de lograr el ingreso al SNAP.

En el Senado, la demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York) presentó una medida similar a la del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, en favor de una transición de hasta 15 años del PAN al SNAP.

Bajo el PAN, Puerto Rico recibe este año fiscal federal $2,979 millones.

La Cámara de Representantes ha propuesto un aumento, por inflación, de $77.8 millones.

Boozman abrió los trabajos del jueves con una exhortación a los miembros del Comité de Agricultura para que respalden su legislación.

“El proyecto de ley agrícola 2.0 es un intento sincero de culminar nuestro trabajo en favor de los agricultores, ganaderos, productores y comunidades rurales que son la columna vertebral de nuestra nación, y brindarles la ley agrícola quinquenal que merecen. Además, esta legislación, una vez que adoptemos la enmienda en bloque, representa la mejor y última oferta que puedo hacer para abordar las preocupaciones que la minoría ha planteado sobre el SNAP”, dijo Boozman.

Pero, al final no tuvo éxito.

En busca de votos demócratas, que han sido críticos de su borrador de legislación, el proyecto de ley que irá a votación el jueves en comisión retrasa por un año, hasta 2031, la cláusula que obligaría a los estados a pagar el 20% de los costos de la asistencia alimentaria de SNAP, si la tasa de errores en los pagos alcanza el 10% o más.

Boozman afirmó que “los estados necesitan más tiempo para fortalecer la administración de los beneficios del programa SNAP y reducir las tasas de errores en los pagos con una solución sensata”.

La legislación también permitiría la venta durante todo el año de combustible E15 –es decir, una mezcla de 15% de etanol y 85% de gasolina–, un reclamo de senadores de estados con una fuerte industria agrícola.