Washington D.C. - El exgobernador Luis Fortuño ha defendido la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de terminar de desbancar a tres de los cuatro miembros restantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.

Al mismo tiempo, exhortó a los funcionarios electos de Puerto Rico a respaldar a la administración de Trump en el proceso de comenzar a renovar la JSF – creada por la ley Promesa junto a un sistema judicial de bancarrota territorial-, llenando las tres vacantes actuales en el ente fiscal, que corresponderían a nombramientos republicanos.

“Una vez cubiertos esos puestos, y en consonancia con los recientes fallos del Tribunal Supremo que reafirman la autoridad del presidente para exigir responsabilidades a la Junta, insto a la administración a que destituya a los tres miembros restantes de la Junta que impugnaron la decisión del presidente, ninguno de los cuales tomará las medidas necesarias para liberar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de la quiebra”, indicó Fortuño, en un artículo de opinión publicado en el periódico legislativo “The Hill”.

Como un grupo de bonistas de la AEE y activistas conservadores trumpistas, Fortuño acusó a los actuales miembros de la JSF de frenar un acuerdo con los acreedores para la reestructuración de la deuda de la corporación pública. Mientras, elogió la voluntad de los acreedores para financiar mejoras de capital.

“Los actuales inversores tenedores de bonos de PREPA (siglas en inglés de la AEE), que representan la mayor parte del mercado de financiación municipal, ya han ofrecido miles de millones a la AEE para este fin. La gobernadora de Puerto Rico también ha indicado que más de $13,000 millones en la cuenta de reserva de efectivo de Puerto Rico podrían formar parte de una solución integral”, sostuvo el exgobernador y expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En junio, la JSF elevó de $2,600 millones a $3,000 millones la oferta de pago de la deuda de la AEE, que ronda los $8,500 millones. Pero, un grupo de bonistas liderado por Golden Tree Asset Management –que ha querido cobrar incluso con intereses toda la deuda, lo que representaría un pago de $12,000 millones– rechazó la oferta.

“En lugar de resolver la bancarrota de la AEE, la Junta ha malgastado más de $500 millones del dinero de los contribuyentes puertorriqueños en costosos abogados y consultores de Nueva York que no han logrado ningún avance en el caso de bancarrota en casi 10 años”, argumentó Fortuño, quien es el delegado permanente de los republicanos de Puerto Rico ante el Comité Nacional Republicano (RNC).

Fortuño, quien es socio y cabildero en Washington en la firma Reed Smith, criticó tanto al actual presidente de la JSF, el ex juez presidente de la Corte de Quiebras del distrito sur de Nueva York y profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York Arthur Gonzalez, como al expresidente del ente fiscal David Skeel, profesor de Quiebras en la Universidad de Pensilvania, por considerar que no han tenido “experiencia práctica en el funcionamiento y la financiación de las empresas de servicios públicos estadounidenses”.

Trump destituyó en agosto pasado a seis de los siete miembros de la JSF, en medio de una campaña en contra del ente fiscal de parte de acreedores de la AEE liderados por Golden Tree Asset Management, la activista conservadora Laura Loomer y el exdirectivo de la Junta Justin Peterson, quien ha representado a bonistas de la AEE en su firma DCI Group.

Tres de los despedidos aceptaron la decisión de Trump: Juan Sabater, Cameron McKenzie (quien era en ese momento el único con residencia en Puerto Rico) y Luis Ubiñas.

Pero, tres de los cesados, Arthur Gonzalez, Andrew Biggs y Betty Rosa, impugnaron la decisión de Trump, al advertir que la ley Promesa exige demostrar causa para destituir a un funcionario del ente fiscal. La jueza federal de San Juan María Antongiorgi Jordán frenó esas tres destituciones, en una controversia que aún tiene que verse en su fondo.

Bajo la ley Promesa, si no quiere enviar los nombramientos a confirmación del Senado, el presidente de Estados Unidos puede nombrar directamente un miembro del ente y designar los otros seis a base de las recomendaciones del speaker cameral (2), el líder de la mayoría del Senado (2) y los líderes de las minorías legislativas, que en esta sesión son demócratas.

Al aludir a la sequía y los problemas de infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a que se enfrenta Puerto Rico, Fortuño -quien mantiene su domicilio en Puerto Rico, pero reside en Washington D.C.-, argumentó que parte del problema es que los cuatro miembros actuales de la JSF no viven en el archipiélago puertorriqueño.

“No experimentan de primera mano las consecuencias de las decisiones que retrasan la inversión tan necesaria en la red eléctrica para mejorar la confiabilidad tras la salida de la AEE de la bancarrota”, sostuvo, sin mencionar que el único boricua en la JSF residente de Puerto Rico, McKenzie, fue destituido por Trump.

De los tres miembros de la JSF que fueron destituidos e impugnaron la legalidad de esa acción, Biggs es un conservador recomendado por el entonces líder republicano del Senado, Mitch McConnell (Kentucky). El cuarto miembro de la JSF, John Nixon, a quien Trump no ha tratado de remover de su puesto, también es republicano.

Aunque Fortuño sostiene que la AEE necesita financiamiento, el director de Política Pública del grupo de estudio Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, abogado y economista, advirtió que esa corporación pública “tiene ahora mismo acceso a $14,000 millones de capital del gobierno federal”, asignados para modernizar la red tras los huracanes de 2017.

“No necesita acceso a los mercados financieros hasta que gaste una buena porción de ese dinero. Lo que está trancando el juego es la falta de voluntad de llegar a un acuerdo. Y en la ausencia de un acuerdo que la jueza (Laura) Taylor Swain mueva el caso”, agregó Marxuach.