

21 de noviembre de 2026 - 11:56 AM


Washington D.C. - La Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM, en inglés) exhortó al presidente Donald Trump a terminar con las exenciones de las normas federales de cabotaje, que considera perjudican a la industria naval de Estados Unidos sin reducir el costo de vida.
“Tras más de ocho meses bajo la actual prórroga de la exención de la Ley Jones (de 1920), el impacto es evidente: la exención no ha logrado reducir los costos para los consumidores estadounidenses y, por el contrario, amenaza con obstaculizar su agenda de dominio marítimo y de la construcción naval”, afirmó Brian Bryant, presidente de la IAM, en una carta enviada el jueves a Trump.
Desde mediados de marzo, como consecuencia de la guerra contra Irán y los límites que han ocurrido en el transporte de petróleo, Trump ha aprobado dispensas en las normas de cabotaje para la transportación de productos energéticos y fertilizantes.
“Durante la vigencia de la exención, los astilleros estadounidenses, los trabajadores de todo el sector y los operadores de buques han perdido empleo, mientras que la inversión nacional se ha visto gravemente afectada”, según Bryant, quien describe a su sindicato, con 600,000 trabajadores y jubilados, como el más grande en representación de la industria de construcción naval.
Por medio de las normas federales de cabotaje, que son parte de la Ley Jones, los barcos que transportan mercancía entre puertos de Estados Unidos y sus territorios tienen que ser de matrícula, propiedad, bandera y tripulación (75%) estadounidenses.
Las Islas Vírgenes, Samoa americana y las Islas Marianas del Norte han estado exentas permanentemente de ese estatuto.
El líder de la IAM afirmó que, por medio de las dispensas, “los comerciantes y operadores de buques extranjeros han obtenido ganancias récord”, pues “ha permitido a las empresas extranjeras acceder a rutas comerciales nacionales y a importantes oportunidades comerciales, ignorando las leyes estadounidenses en materia de impuestos, inmigración, trabajo, seguridad y protección”.
Con la nueva extensión de 90 días, que Trump hizo efectiva el pasado lunes hasta mediados de febrero, las exenciones a las normas de cabotaje habrán estado en vigor durante 11 meses.
Pese a las críticas desde la industria marítima de Estados Unidos, las dispensas han permitido que Puerto Rico importe la cantidad más alta de petróleo estadounidense en, por lo menos, 33 años, según un análisis del Instituto Cato basado en datos hasta principios de ese mes.
Desde mediados de marzo, Puerto Rico ha importado 11.5 millones de barriles de petróleo de Estados Unidos, por encima, incluso, de todo 1995, cuando alcanzaron los 10.1 millones, en un año en que estuvo cerrada la refinería Capeco de Bayamón.
En 2025, las exportaciones de petróleo estadounidense quedaron en cerca de 5.7 millones.
Mientras, hasta mediados de noviembre, Puerto Rico ha cuadruplicado la importación de gas propano de Estados Unidos de las últimas dos décadas en total, explicó Colin Grabow, experto del Instituto Cato, grupo de estudio de tendencia libertaria.
“Si la Ley Jones no hubiera supuesto un lastre para la economía estadounidense, la exención no se habría utilizado. En cambio, en poco más de 50 días, ha generado 45 viajes que abarcan más de 30 puertos, con la participación de 35 buques que no forman parte de la flota amparada por la Ley Jones y que transportan más de una docena de tipos de carga diferentes”, sostuvo Grabow.
Insistió en que las dispensas han “puesto de manifiesto la demanda insatisfecha” y “reactivado cadenas de suministro inactivas”. “Estos viajes representan productos estadounidenses que llegan a consumidores estadounidenses, algo que la ley antes había hecho imposible o económicamente inviable”, agregó.
La National Taxpayer Union (NTU, en inglés) también ha respaldado las dispensas.
“La prórroga de la exención de la Ley Jones ayudará a los estadounidenses al facilitar el transporte de productos como el gasóleo para calefacción y la gasolina más allá del 15 de noviembre”, señaló Bryan Riley, director de la Iniciativa de Libre Comercio de la NTU, al afirmar que promueven reducir el costo de vida y fortalecen la seguridad nacional de Estados Unidos.
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