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Senado federal aprueba reforma de permisos bajo objeciones de grupos ambientalistas

La legislación busca agilizar proyectos de infraestructura y energía de gran escala

20 de noviembre de 2026 - 4:55 PM

La medida –aprobada el jueves en la noche 62-33– tiene el respaldo del presidente Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson)

Washington D.C. - El Senado estadounidense aprobó legislación que permitiría reformar las normas federales de permisos, con el propósito de facilitar la construcción de proyectos de infraestructura y energía de gran escala.

Como ejemplos, los expertos han aludido a la construcción de gasoductos, centrales eléctricas y proyectos de banda ancha, entre otras iniciativas de infraestructura.

La medida –aprobada el jueves en la noche 62-33– tiene el respaldo del presidente Donald Trump y ha sido criticada por organizaciones ambientalistas que piensan, entre otras cosas, que disminuye el poder de los gobiernos estatales y tribus, y protecciones para el ambiente.

Quince senadores que hacen caucus con los demócratas votaron a favor de la legislación.

En medio de ausencias republicanas a las sesiones, la Cámara baja solo tiene 12 días adicionales de sesión en diciembre para ratificar el proyecto “Bipartidista de Asequibilidad y Empleo en Estados Unidos de 2026” (BAAJA, en inglés).

Pero, el presidente saliente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Bruce Westerman (Arkansas), confía en su aprobación.

“La votación de anoche en el Senado supuso un importante avance para solucionar los problemas de permisos que enfrenta nuestra nación. Espero con interés trabajar con mis colegas de la Cámara de Representantes para aprobar rápidamente este proyecto de ley bipartidista que impulsará todo el potencial de la innovación estadounidense”, indicó Westerman.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien pertenece al Comité de Recursos Naturales, dijo que favorece “los esfuerzos para agilizar los permisos y lograr que los proyectos avancen más rápido, siempre que se mantengan las protecciones ambientales”.

“Puerto Rico necesita menos burocracia y más acción para acelerar la reconstrucción... Nuestra prioridad debe ser reconstruir sin poner en riesgo nuestros recursos naturales”, comentó, por escrito.

Aunque la medida facilita la construcción de proyectos de gran envergadura, impone requisitos estrictos para que los centros de datos financien el costo general de su operación en la red eléctrica, además del costo vigente sobre mejoras e instalación de líneas.

El senador demócrata Martin Heinrich (Nuevo México), quien sería el próximo presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales a partir de enero, señaló que la legislación persigue que “los estados utilicen los ingresos recaudados de los centros de datos para reducir las tarifas de electricidad para hogares, pequeñas empresas y otros clientes de electricidad existentes”.

Heinrich negoció la medida junto a los republicanos Shelley Moore Capito (Virginia Occidental) y Mike Lee (Utah), y su colega demócrata Sheldon Whitehouse (Rhode Island).

Heinrich sostuvo que un análisis de Grid Strategies indica que, durante la próxima década, los centros de datos pagarán unos $35,000 millones en costos de transmisión eléctrica que lo que pagarían bajo la política pública vigente.

Tanto Heinrich como Whitehouse indicaron que la legislación permitirá mejorar las grandes líneas eléctricas que transmiten energía solar y eólica a largas distancias, lo que evitará que esos recursos se pierdan.

Pero, defensores del ambiente reafirmaron sus preocupaciones con la legislación.

El Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, en inglés) respaldó “los elementos del proyecto de ley que ayudarían a acelerar la necesaria modernización de la red eléctrica y de la transmisión”, pero advirtió que la medida “va demasiado lejos al debilitar las salvaguardias ambientales esenciales y las oportunidades de participación pública”.

“Nos oponemos al proyecto como está redactado”, indicó el NRDC, al acentuar que, incluso con enmiendas recientes, puede seguir “beneficiando más a los proyectos de combustibles fósiles, minería, centros de datos y otros proyectos industriales que a las energías limpias”.

El NRDC afirmó que la medida “también debilitaría elementos clave de las leyes ambientales fundamentales, incluyendo la Ley de Agua Limpia, la Ley de Especies en Peligro de Extinción, la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, en inglés) y la Ley Nacional de Preservación Histórica”.

Como ejemplo, ambientalistas han indicado que la medida eximiría de evaluaciones sobre su impacto en el aire y agua, bajo la ley NEPA, algunos proyectos, entre ellos, la ampliación de oleoductos o la extensión de líneas eléctricas. Puede, además, limitar la capacidad de organizaciones ambientales para demandar por medio de ese estatuto.

La organización ambientalista Sierra Club también se opone a la legislación, y exhortó a la Cámara de Representantes a no aprobarla, pero continuar el debate sobre su contenido.

“Mientras un irresponsable presidente libra una guerra contra la energía limpia, el Senado aprobó apresuradamente un proyecto de ley profundamente defectuoso que fomenta el desarrollo de los combustibles fósiles, priva de poder a las comunidades y tribus, amenaza nuestra agua potable y tierras públicas, y pone en peligro la vida silvestre”, indicó Loren Blackford, directora ejecutiva de Sierra Club.

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