Washington D.C. - La organización feminista Taller Salud llevó al Congreso su reclamo para que se le restituya el acceso a $1 millón de una subvención dirigida a combatir la violencia en comunidades de Loíza, la cual el Departamento de Justicia de Donald Trump canceló el pasado 22 de abril.

Junto a más de 20 grupos de Estados Unidos que han recibido fondos del programa “Iniciativa de intervención y prevención de la violencia comunitaria” (CVIPI, en ingles), Taller Salud presionó este miércoles, en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en favor de la restitución de los fondos.

Además de la cancelación de la segunda parte del programa –por el cual se le asignaron $2 millones a Taller Salud y Justicia federal considera contrario a la política pública de Trump–, la organización puertorriqueña quedó sin el reembolso de cerca de $200,000 otorgados como parte de la primera parte de la subvención.

“Nos preocupa el impacto que eso puede tener, lo que puede representar un precedente tan malo, que las próximas subvenciones amenazadas sean las de violencia de género”, dijo a este medio Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud, antes de una reunión en la oficina del senador demócrata Cory Booker (Nueva Jersey), como parte de un día de movilización en el Congreso de las organizaciones afectadas en Estados Unidos y Puerto Rico.

En Loíza, el programa ha promovido la mediación entre grupos rivales y mensajeros que tienen credibilidad para negociar y lograr acuerdos en la comunidad.

La anulación provocará el cese de servicios a 80 jóvenes y sus familias, eventos comunitarios que impactan alrededor de 2,000 personas y la cancelación de contratos a 15 personas que ya están “altamente entrenadas” para asistir a sus vecinos, indicó Rosario Méndez.

“La eliminación de estos fondos representa una amenaza directa al derecho a la vida y a la seguridad de nuestras comunidades. El trabajo de intervención comunitaria que hacemos desde Taller Salud es una necesidad. Sin estos recursos, se pone en pausa una década de logros y de trabajo para educar y evitar patrones de violencia en nuestras comunidades. Se trata de un programa que salva vidas y salva a jóvenes en riesgo”, sostuvo Rosario Méndez.

Taller Salud afirmó que tiene el único programa de intervención comunitaria en contra de la violencia. Desde 2012, ha logrado una reducción de 65% en muertes violentas en sectores clave del municipio.

El programa CIVIPI fue creado por el Congreso, de forma bipartidista, en 2022.

Rosario Méndez dijo que se trató de una inversión histórica, pues era la primera asignación significativa para iniciativas de salud pública en contra de la violencia con armas de fuego por medio de un acercamiento comunitario.

“Estos fondos no deberían cortarse, sino que el programa debería ampliarse”, indicó Rosario Méndez, quien preveía reunirse, además –junto a la doctora Ángela Cruz Félix, administradora de Programas Federales en Taller Salud– con el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y funcionarios de las oficinas de los líderes de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer (Nueva York), y la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York).

La directora de Taller Salud añadió que el programa tiene beneficios para los pueblos cercanos a Loíza. “Los pueblos vecinos están impactados por la violencia que ocurre en un municipio. La idea era expandirlo fuera de Loíza”, sostuvo.

Un grupo de abogados y abogadas de organizaciones activas en la lucha contra la violencia comunitaria examinan si hay base legal para impugnar la cancelación de los fondos.

“No hubo un debido proceso, se canceló de forma arbitraria. El mismo día que recibimos la notificación de terminación del programa, se nos cerró el acceso a la plataforma que nos permitía manejar el dinero”, subrayó Rosario Méndez.