Washington D. C. - La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) reclamó en un tribunal de Nueva York que el gobierno de Donald Trump divulgue la opinión legal con la cual quiere justificar los ataques letales contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe.

El recurso judicial, que incluye entre los demandantes a la oficina de la ACLU en Nueva York, fue presentado el martes en el Tribunal Federal para el distrito sur de Nueva York.

La opinión, según el gobierno de Trump, fue redactada por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“El público merece saber cómo nuestro gobierno está justificando como lícito el asesinato a sangre fría de civiles”, expresó Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, al indicar que “la administración Trump debe detener estos ataques ilegales e inmorales, y las personas funcionarias que los han llevado a cabo deben rendir cuentas”.

Desde el 2 de septiembre, la administración Trump ha realizado al menos 22 ataques y asesinado al menos a 87 civiles en aguas del Caribe, principalmente, y en el océano Atlántico, “en clara violación del derecho doméstico e internacional”, afirmó la ACLU.

La organización pro derechos civiles sostuvo que el gobierno de Estados Unidos está obligado a utilizar medidas no letales, como el arresto, al intervenir con sospechosos de traficar droga.

Líderes de comités del Congreso examinan preliminarmente la legalidad de esos bombardeos.

“La mayoría de estos asesinatos ilegales han ocurrido en aguas del mar Caribe, al sur de Puerto Rico, colocando a la región caribeña y su población en un riesgo que, no solo es innecesario, sino que responde a un supuesto conflicto cuya veracidad la administración Trump ha sido incapaz de evidenciar”, afirmó, por su parte, la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.

La directora de ACLU en Puerto Rico mantuvo que esta seria de ataques se pone en marcha “mientras la administración Trump utiliza nuestro archipiélago como una base militar flotante, exponiendo a la población puertorriqueña a nuevas violaciones de derechos humanos, al peligro constante de operaciones militares y a las secuelas ambientales y de salud que ya conocemos por la experiencia de Vieques”.