Washington D.C. - La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes (217-214) la legislación que permitirá acabar con el cierre parcial del gobierno federal, dando paso a un debate formal sobre los cambios que deben hacerse en el funcionamiento de las agencias federales de inmigración.

Como ocurrió con las reglas de debate, la mayoría republicana tuvo que pulsear para lograr los votos necesarios para aprobar la medida, que termina de financiar casi todo el presupuesto federal hasta el 30 de septiembre, cuando vence el año fiscal federal.

Solo ha dejado pendiente el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), cuyos gastos vigentes se extienden hasta el 13 de febrero - es decir por 10 días-, en un intento de lograr consenso bipartidista sobre las reformas necesarias en el desempeño de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP).

Un total de 21 republicanos votaron en contra de la legislación.

Pero, la mayoría republicana se benefició de que igual número de demócratas, 21, votó a favor, pese a las quejas de la minoría en torno a la necesidad urgente de reformas a ICE.

Lograr llevar la medida a votación final fue también cuesta arriba, pues las reglas de debate fueron ratificadas 217-215, con el republicano Thomas Massie (Kentucky), como ya es tradicional, oponiéndose junto a la minoría demócrata.

Para lograr aprobar las reglas de debate, el speaker Mike Johnson (Luisiana) tuvo que convencer a útima hora a dos de sus colegas, uno que aun no había votado y otro que inicialmente votó en contra.

Debido a que la medida presupuestaria fue aprobada el pasado viernes en el Senado, ahora pasa a la firma del presidente Donald Trump, que la convertirá en ley este mismo martes.

El cierre parcial -caso imperceptible-, duró cuatro días, mucho menos que los 43 del que tuvo lugar entre octubre y noviembre pasados.

Los reclamos de reformas en ICE y CBP cobraron carácter de urgencia tras agentes de inmigración dar muerte a dos ciudadanos estadounidenses - Renée Good y Alex Pretti-, en Minneapolis (Minnesota), y crecer el disgusto con el patrullaje itinerante por el cual se ha ido por las calles pidiendo identificaciones a personas que les parecen ser inmigrantes.

“ICE y DHS tienen que cambiar dramáticamente”, señaló Hakeem Jefffries (Nueva York), jefe de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

Tras la votación, Jeffries reafirmó que se centrarán en lograr que ICE cumpla con las normas y respete los derechos civiles de las personas.

Los cinco demócratas boricuas con plenos derechos en la Cámara de Representantes - Nydia Velázquez, Darren Soto, Alexandria Ocasio Cortez, Ritchie Torres y Nellie Pou-, votaron en contra de la legislación.

Por su parte, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández - quien hace caucus con los demócratas, no tiene voto en el pleno cameral y se encuentra en Puerto Rico tras el nacimiento de su hijo-, reafirmó que dentro de los proyectos de presupuesto aprobados este martes en la Cámara baja hay iniciativas directas para la Isla que totalizan $7.9 millones.

Además, la legislación - como adelantó El Nuevo Día-, mantiene una serie de programas educativos, como los programas TRIO, cuya continuidad el presidente Trump había puesto en duda.

La batalla legislativa se dará con fuerza de ahora al 13 de febrero en torno a las reformas que pueden hacerse a ICE, pero pocos creen que pueda lograrse un consenso en semana y media.

El liderato demócrata - incluido el senador Charles Schumer (Nueva York)-, reclama que se ponga fin por ley al patrullaje itinerante, que se prohíba el uso de mascarillas y allanamientos sin órdenes judiciales, y exigir el uso de cámaras corporales.

El speaker Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, por su parte, ha vuelto a descartar este martes respaldar una prohibición al uso de mascarillas y allanamientos sin órdenes judiciales.

Mientras, el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), ha insistido en que difícilmente haya tiempo suficiente para lograr un consenso. En gran medida, dijo, un acuerdo expedito dependerá de las conversaciones entre los demócratas y la Casa Blanca.

En el lado republicano, el senador republicano Eric Schmitt (Misuri) ha advertido que presentará una enmienda para imponerle consecuencias a los gobiernos de “ciudades santuarios”, que se nieguen a cooperar con los federales en el cumplimiento de leyes de inmigración.

Mientras, la congresista republicana Anna Paulina Luna (Florida) promueve enmendar cualquier legislación para incluir la legislación que persigue exigir prueba de ciudadanía estadounidense al momento de elector registrarse para votar.

Por ahora, la votación en el pleno de la Cámara baja permitirá normalizar el gobierno federal, luego de que vencieran las asignaciones para los departamentos DHS, Defensa, Estado, Vivienda, Salud, Educación, Transportación y Tesoro.

El resto de las agencias tenían ya financiamiento pleno hasta el 30 de septiembre.

“No puede haber ningún cambio en este momento (en la legislació)...No podemos permitir otro cierre gubernamental largo, inútil y destructivo que dañará tanto a nuestro país, uno que no beneficiará ni a republicanos ni a demócratas. Espero que todos voten ¡SÍ!”, había indicado el lunes el presidente Trump, en un mensaje a sus legisladores.

“No creo que debamos jugar con los fondos gubernamentales. Todavía tenemos tormentas invernales. Tenemos FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), TSA (Autoridad de Seguridad en el Transporte), el pago a las tropas y todo lo demás incluido. Así que tenemos que hacer el trabajo”, indicó el “speaker” Johnson.

En un comunicado de prensa, el comisionado Hernández afirmó que “con la reapertura del gobierno federal, aseguramos continuidad en servicios esenciales y logramos que millones de dólares regresen a Puerto Rico para invertir directamente en nuestras comunidades”.

“Este proyecto convierte prioridades locales en proyectos reales que crean empleos, fortalecen la vivienda, impulsan la educación y apoyan a nuestras familias“, agregó Hernández.

La administración de la gobernadora Jenniffer González también aplaudió la aprobación de la legislación presupuestaria. “Este acuerdo bipartita refleja el compromiso del Congreso y de la administración del presidente Trump de resolver de manera efectiva la situación que ha afectado a diversas agencias y programas,” dijo la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriela Boffelli.