Tres puntos claves de esta noticia:

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Washington D.C. - La Casa Blanca y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) confirmaron este martes el despido de cinco de los siete miembros del ente fiscal, en medio del crucial proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“La Junta de Supervisión ha sido informada por la Casa Blanca que el presidente Donald J. Trump despidió a los siguientes cinco miembros de sus cargos: Arthur J. Gonzalez, Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas”, indicó el ente fiscal por escrito.

Mientras, un funcionario de la Casa Blanca reiteró que, desde el viernes a media tarde, esos funcionarios fueron informados de la decisión del presidente Trump, que fue adelantada por la publicación conservadora Breitbart.

“La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico ha sido dirigida de manera ineficiente e ineficaz por sus miembros gobernantes durante demasiado tiempo, y es hora de restaurar un liderazgo con sentido común”, indicó a este medio el funcionario.

No fue hasta la tarde del martes que la JSF aceptó que fue informada de la decisión de Trump.

Al confirmar la determinación, un funcionario de la Casa Blanca aludió, además, a las “prácticas de corrupción y fraude en la adjudicación de contratos públicos” del gobierno de Puerto Rico.

La JSF, sostuvo el portavoz de la Casa Blanca, se creó para “ofrecer un método para que (Puerto Rico) logre la responsabilidad fiscal” y garantizar que sus políticas “hagan que el proceso de contratación gubernamental sea más efectivo y aumente la confianza del público en este proceso”.

“En el caso de la AEE en particular, la JSF se ha opuesto activamente a los esfuerzos para imponer un inspector general independiente del sector privado... a pesar de que el propósito explícito de dicha entidad sería proporcionar monitoreo diario y sobre el terreno de las operaciones para erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso”, agregó el vocero de la Casa Blanca.

Tras admitir los despidos, la JSF sostuvo que “continuará trabajando para cumplir con el mandato de Promesa y en beneficio del pueblo de Puerto Rico”.

En este momento, solo habría dos miembros en la JSF, Andrew Biggs y John Nixon, ambos recomendados por republicanos del Congreso.

De los cinco destituidos, solo McKenzie fue recomendado por el liderato republicano del Congreso, en su caso, el speaker Mike Johnson.

McKenzie, un expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, era el único residente en la isla.

La decisión de Trump de forzar la salida de cinco miembros se produciría en medio de presiones de un grupo de bonistas que objeta la oferta de la JSF en torno al recorte de la deuda de la AEE. Ha habido también presiones hacia la JSF tras frenar un contrato de distribución de gas natural con New Fortress Energy (NFE).

Golden Tree Asset Management es considerado el principal objetor de la propuesta presentada por la JSF para reducir el pago del principal de la deuda por concepto de bonos de la AEE, de $8,500 millones a $2,600 millones. Ese grupo de bonistas reclama que se le pague toda la deuda, incluyendo los intereses, lo que subiría la cuenta a unos $12,000 millones.

Tras la reciente audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sobre el desempeño de la JSF, en ocasión del noveno aniversario de la ley Promesa, la activista conservadora Laura Loomer recomendó públicamente a Trump destituir a todos los miembros del organismo, en busca de un cambio en la posición del ente fiscal en torno al recorte de la deuda de la AEE.

“Esta purga repentina de Donald Trump no se trata de justicia ni de reforma. No desmantela la Junta ni modifica la ley Promesa. Simplemente, crea una oportunidad para llenar la Junta con nombramientos aún más extremistas, probonistas que seguirán priorizando las necesidades de los fondos de cobertura por encima de las del pueblo puertorriqueño”, indicó la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York).

La legisladora federal sostuvo que, “si Trump nombra cabilderos de acreedores para la Junta, como hizo en su primer mandato, los puertorriqueños terminarán pagando facturas de energía más altas durante décadas y enfrentando recortes de servicios aun mayores, todo para aumentar las ganancias de Wall Street”.

Para el congresista demócrata boricua Ritchie Torres (Nueva York), Trump busca “políticos corruptos dispuestos a vender a Puerto Rico a bonistas depredadores”.

“Si estos bonistas logran su acuerdo preferencial, Puerto Rico se verá obligado a pagar las tarifas eléctricas más altas del país (solo superadas por Hawái) mientras depende de una red eléctrica deficiente. Pagar las tarifas eléctricas más altas por la peor red eléctrica no es ‘eficiencia’. Es explotación”, indicó Torres.

El líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, Jared Huffman (California), indicó que en la audiencia del pasado 16 de julio sobre el desempeño de la JSF “los demócratas advirtieron que los tenedores de bonos que no se declararon en bancarrota estaban presionando precisamente para esto: una junta sin quórum, un proceso de quiebra fallido y una vía para frustrar cualquier reestructuración significativa de la deuda de Puerto Rico”.

“Ahora, Trump parece estar dando la victoria a estos ricos tenedores de bonos, a la vez que allana el camino para que los expertos en combustibles fósiles y los donantes de capital privado tomen el control y condenen a Puerto Rico a una red eléctrica inestable, una infraestructura energética contaminante, costos energéticos desorbitados y décadas de contaminación”, agregó Huffman.