Washington D.C. - La parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, tachó varias propuestas clave del proyecto republicano de reconciliación fiscal, incluidas iniciativas en torno a Medicaid, lo que complica más y retrasa los esfuerzos para aprobar esa controvertida legislación con las prioridades del presidente Donald Trump.

En la determinación más reciente, MacDonough canceló este jueves el lenguaje del liderato republicano dirigido a limitar la capacidad de los gobiernos estatales que han expandido el programa Medicaid a imponer impuestos a proveedores de salud. Del 6% actual, la medida buscaba reducirlo paulatinamente a 3.5%, de cara a 2031.

La decisión de MacDonough abarca, además, el acceso a Medicaid de personas con status migratorio indefinido.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, quien buscaba iniciar el debate este jueves y luego lo pospuso para el viernes, sostuvo que deberán reescribir la medida, lo que retrasará su consideración este fin de semana en el hemiciclo.

La mayoría republicana está en una carrera contrarreloj para cumplir con la petición de Trump de poder firmar la legislación a más tardar el 4 de julio, cuando se celebra la independencia de Estados Unidos.

El proyecto de ley, que al salir de la Cámara baja proyectaba un aumento en el déficit de alrededor de $2.4 billones (trillions, en inglés), ha buscado programar recortes presupuestarios de cerca de $1.4 billones en la próxima década, mientras extiende alivios contributivos para ciudadanos y corporaciones que puede costar cerca de $4 billones.

Las decisiones recientes de la parlamentaria del Senado han levantado reclamos de republicanos para que se le destituya o se ignoren sus posiciones.

“La parlamentaria del Senado no es elegida. No rinde cuentas al pueblo estadounidense”, indicó en la red social X el congresista republicano Greg Steube (Florida).

Thune ha descartado ignorar las decisiones de MacDonough.

Un proyecto de reconciliación fiscal permite ser aprobado en el Senado por mayoría simple, eludiendo la regla del filibusterismo que exige normalmente 60 votos para poder llevar una medida a votación final.

Las decisiones de la parlamentaria implican que el texto impugnado debe ser enmendado, eliminado o requerir 60 votos.

La legislación del Senado ya generaba diferencias con el liderato republicano de la Cámara de Representantes, por el número de enmiendas que hacía al proyecto cameral, incluidos cambios en la propuesta para elevar de $10,000 a $40,000 las deducciones estatales que se pueden hacer al rellenar la planilla contributiva federal.

Los republicanos más conservadores de la Cámara baja también objetan que la mayoría del Senado suavice los recortes a la ley Reducción de Inflación (IRA, en inglés) que propone la legislación, sobre la cual tendrían que volver a votar.

“Los demócratas se oponen a los planes republicanos de desmantelar Medicaid, la ley (Obamacare) y excluir a niños, veteranos, adultos mayores y personas con discapacidad de su seguro médico, todo para financiar exenciones fiscales para multimillonarios”, indicó el líder de la minoría en el Comité de Presupuesto del Senado, Jeff Merkley (Oregón).

Merkley advirtió que “los republicanos se apresuran a reescribir partes de este proyecto de ley para seguir impulsando su agenda, que consiste en que las familias pierden y los multimillonarios ganan”.

Los principales impactos de la medida republicana en Puerto Rico incluyen hacer cambios en el impuesto federal sobre la propiedad intelectual (GILTI, en inglés) para empresas que hacen negocios como corporaciones foráneas; elevar temporalmente, por tres años, de $2,000 a $2,500 el crédito por niños dependientes; reducir las opciones de repago de los préstamos estudiantiles financiados por el gobierno federal; y aumentar de 24 a 30 los créditos para los estudiantes poder tener acceso a las becas Pell.

La minoría demócrata también ha indicado que el lenguaje de la legislación impediría un crecimiento de alrededor de $1,000 millones en las asignaciones para Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Mientras, la versión del Senado propone acabar con las preferencias que Puerto Rico ha tenido en el acceso al programa “Zonas de Oportunidad”, que permite, principalmente, aplazar y reducir el pago de impuestos a personas naturales o jurídicas que inviertan o inyecten capital en jurisdicciones que han sido catalogadas por el Censo federal como áreas económicamente “deprimidas”.