Filadelfia - En una sesión informativa en la Cámara baja federal, la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) acentuó hoy, martes, que la antigua ley 22 –ahora parte del estatuto 60 de 2019– “ha convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal y ha intensificado el desplazamiento y la desigualdad”.

“Debemos continuar presionando por una revisión seria de esta ley y una reforma tributaria en la isla. Debido a las exenciones fiscales de la Ley 22, los expertos estiman que Puerto Rico perdió más de $2,220 millones en ingresos de 2017 a 2023″, indicó Velázquez.

La sesión informativa a funcionarios del Congreso fue organizada por el Center for Popular Democracy Action (CPDA) que encabeza la campaña “NotYourTaxHeaven” en contra de los beneficios de la antigua ley 22.

“A medida que los ricos se mudan a la isla, los Estados Unidos continentales también pierden ingresos críticos. Este es un problema nacional que el gobierno federal debe trabajar para atender”, advirtió la congresista en expresiones en la red social X (antes Twitter).

Velázquez ha manifestado que, “cuando se aprobó la Ley 22, los proponentes afirmaron que la ley impulsaría la inversión en Puerto Rico y traería beneficios incalculables a la economía de la isla”, pero “solo ha profundizado la marginación, el desplazamiento y la desigualdad socioeconómica y ha ayudado a convertir a la isla en un paraíso fiscal para los ricos”.

Recordó, entonces, que el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, en inglés) informó, en 2020, que examina el funcionamiento de la antigua Ley 22 de 2012, tras concluir que cientos de estadounidenses que se han mudado a Puerto Rico, en los pasados años, pudieron dejar de pagar millones de dólares al fisco federal.

La coalición que encabeza el CPDA incluye a The Puerto Rican Alliance, Mi Patria, Diáspora en Resistencia, Abolish Act 60, CASA, Make the Road Family, Churches United for Fair Housing, New York Communities for Change, Action NC y Florida Rising.

“La Ley 22/Ley 60 le quita a Puerto Rico miles de millones en ingresos tributarios y hace poco para beneficiar a sus residentes. Es hora de rendir cuentas. Hace más de una década, Puerto Rico se hundió en una profunda recesión, una crisis de la que aún no se ha recuperado. Los desastres naturales, la deuda abrumadora y la mala gestión política han exacerbado la situación”, dijo Marlyn Goyco, gerente de Organización Nacional de CPDA.

“[La antigua ley 22] en este momento no sólo está creando viviendas vulnerables, sino que también se está convirtiendo en una amenaza para instituciones como las universidades, obligando a los estudiantes, obligando a las poblaciones locales a abandonar los lugares donde tradicionalmente han vivido”, dijo la abogada Ariadna Godreau, directora ejecutiva. de Ayuda Legal Puerto Rico.

En abril, el proyecto “Perdiendo a Puerto Rico” (“Losing Puerto Rico”) también inició una campaña de multimedios para exhortar al Congreso a eliminar los beneficios del Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60 de 2019) para inversionistas estadounidenses ricos que se mudan a la isla para eludir el pago de contribuciones federales.

Las campañas están dirigidas hacia la parte de la Ley 60 que integró la antigua ley 22, que ofrece una tasa tributaria local de solo 4% a inversionistas que se relocalizan en Puerto Rico.

Cuando se anunció el proyecto “Perdiendo a Puerto Rico”, Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, defendió el impacto del estatuto, y dijo que, en 2020, se estimó en $159.4 millones anuales las contribuciones pagadas por 5,000 beneficiarios de la antigua ley 22.