Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó este martes que “el problema principal de la Junta de Supervisión Fiscal no es quiénes la integran, sino su naturaleza antidemocrática”.

“Independientemente de quiénes la componen, mi norte será defender a Puerto Rico y su derecho a autogobernarse”, indicó el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD), tras confirmarse la destitución de cinco de los miembros de la JSF.

La Casa Blanca y la JSF confirmaron, por separado, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió destituir a cinco miembros de la Junta: a su presidente, el exjuez de quiebras Arthur González; y a los puertorriqueños Cameron McKenzie, expresidente de la Cámara de Comercio; el inversionista Juan Sabater; la educadora Betty Rosa; y el ejecutivo Luis Ubiñas. Todos, con excepción de McKenzie, fueron nombrados o recomendados por demócratas.

Solo quedarían en la JSF el experto del grupo de estudio conservador Andrew Biggs, un miembro original; y John Nixon, quien fue director de Presupuesto de los gobiernos estatales de Michigan y Utah.

Tanto Biggs como Nixon fueron recomendados por líderes republicanos del Congreso, que bajo el status vigente impuso la ley Promesa por medio de los poderes plenarios que tiene sobre territorios como Puerto Rico.

Hernández sostuvo que “como comisionado residente impulsaré que los nombramientos para cubrir las vacantes respondan a los intereses del pueblo de Puerto Rico y no a los intereses de aquellos que quieren aumentar la luz para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”.

Las críticas de Hernández a los gastos de la JSF –que, en contratos y empleados, han superado los $2,000 millones en nueve años– durante la audiencia del Comité de Recursos Naturales sobre el desempeño del ente fiscal, fueron utilizados por la activista conservadora Laura Loomer, quien se reunió con Trump, una semana después, para denunciar el organismo.

Al comentar la decisión de Trump, el exsenador Juan Eugenio Hernández Mayoral –tío del presidente del PPD– destacó en las redes sociales que “la fiscalización del comisionado residente ha tenido efecto”.

El comisionado sostuvo que su tío no habla a nombre suyo, y afirmó que en la audiencia del pasado 16 de julio cumplió con su “promesa de fiscalizar a la Junta”.

“Dentro de esa fiscalización, he señalado sus gastos exorbitantes, su lentitud en cumplir con los requisitos para su salida, y respaldé las palabras de los congresistas que hablaron antes de mí (Jared Huffman, Nydia Velázquez y Val Hoyle) sobre la quiebra de la AEE y los bonistas”, agregó el comisionado Hernández, a preguntas de El Nuevo Día.

Golden Tree Asset Management es considerado el principal objetor de la propuesta presentada por la JSF para reducir el pago del principal de la deuda por concepto de bonos de la AEE, de $8,500 millones a $2,600 millones. Ese grupo de bonistas reclama que se le pague toda la deuda, incluyendo los intereses, lo que subiría la cuenta a unos $12,000 millones.