En un año marcado por recortes federales y la eliminación de programas que impulsan la diversidad, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, destacó este martes, entre las iniciativas principales de 2025 en el Congreso, la aprobación del lenguaje que hace permanente el aumento en el reembolso por el arbitrio federal a los rones de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Al ofrecer un mensaje-anuncio por televisión, emisoras de radio y redes sociales, Hernández resaltó esa medida –que formó parte del proyecto de reconciliación fiscal de 2025 (el “Gran y Hermoso” proyecto de Donald Trump) por gestiones del senador republicano Bill Cassidy (Luisiana)– entre los logros de su primer año en la Cámara baja estadounidense, donde tiene voz y puede votar solo en los comités a los que pertenece: Recursos Naturales y Seguridad Interna (“Homeland Security”).

“Esto fue un esfuerzo bipartidista”, reconoció hace unos días a este medio Hernández, al aludir a los senadores que impulsaron la legislación y las gestiones de la administración de Jenniffer González. También fue clave la presión de la industria del ron, que obtiene cerca del 46% del reembolso, y del Fideicomiso de Conservación, dijo.

La decisión de elevar de $10.50 a $13.25 por galón ese reembolso, de forma permanente, le dejará al gobierno de Puerto Rico unos $60 millones anuales adicionales de un programa que puede superar, en 2026, los $500 millones anuales.

El anuncio de Hernández se grabó principalmente en el Congreso e incluye un mensaje en contra de los operativos de agentes federales de inmigración en Puerto Rico.

Para eso se grabó un saludo que le da al presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat - quien representa el barrio boricua de Harlem, en Nueva York, y es dominicano-, y un turno que consumió en la audiencia del Comité de Seguridad Interna en el que denunció la deportación de Aracelys Terrero Mota.

Para Hernández, fue clave, además, que pudiera aprobar un proyecto de ley durante su primer año en la Cámara baja. La legislación, que está pendiente en el Senado estadounidense, persigue endurecer las medidas de seguridad de los “productos de inteligencia” del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés).

“En mi primer año, me tomó 318 días, a la gobernadora, cuando fue comisionada, le tomó 567″, dijo Hernández, primer comisionado electo por el Partido Popular Democrático (PPD) en 24 años, durante la entrevista reciente con El Nuevo Día.

Entre las 21 medidas que ha presentado en la Cámara baja, 18 proyectos de ley y tres resoluciones, Hernández aludió en un comunicado a las que buscan extender el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) a Puerto Rico, mejorar los reembolsos para los planes médicos Medicare Advantage y la que persigue un proceso de transición de 10 a 15 años del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP).

“Cada vez que voy a Washington, llevo a Puerto Rico conmigo: sus prioridades, sus comunidades y su gente. Este anuncio es una rendición de cuentas al pueblo y una reafirmación de que vamos a seguir defendiendo a la isla para asegurar más recursos y más oportunidades”, indicó Hernández en la declaración en que dio a conocer su anuncio, que coincide con el fin –este viernes– de las sesiones de la Cámara de Representantes estadounidense en 2025.

Para Hernández, también ha sido importante promover la legislación de la congresista republicana Nicole Malliotakis (Nueva York) que otorgaría incentivos tributarios a empresas manufactureras estadounidenses que se establezcan en Puerto Rico y los demás territorios estadounidenses.

Aunque no lo mencionó en su mensaje, la presencia de Hernández en la Cámara baja federal, según han reconocido líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), ha sido una de las razones para desincentivar que la administración de González promueva una legislación en favor de la estadidad para Puerto Rico, una propuesta que, de todos modos, estaría bloqueada por la oposición del liderato republicano del Congreso y el presidente Trump.

Es la primera vez desde que el PNP comenzó a reclamar victorias en plebiscitos criollos –el primero fue en 2012– que un gobierno de esa formación política está todo un primer año del cuatrienio sin presentar legislación en favor de la estadidad.

Como presidente del PPD, Hernández defiende el status territorial vigente, comúnmente conocido como Estado Libre Asociado.

Hernández sostuvo que el anuncio fue costeado con fondos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, como parte de los $300,000 que se le otorga a su oficina para “comunicaciones oficiales”.