El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, ha pedido este jueves a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, que explique los pasos que toma para corregir y exigir responsabilidades sobre los pagos de $150.6 millones del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a personas fallecidas.

En momentos en que la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) examina el informe de la Contraloría de Puerto Rico que dio a conocer los pagos indebidos, el comisionado Hernández teme que la revelación afecte adversamente los ya complicados esfuerzos para lograr que el Congreso apruebe un plan de transición del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

“Legisladores federales han expresado su preocupación por la capacidad del gobierno de Puerto Rico para administrar este programa”, advirtió Hernández a la secretaria Roig Fuertes, al indicar que, en ese sentido, le preocupa la “mala gestión” de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), bajo la jurisdicción del Departamento de la Familia.

“¿Cuál es el monto total en dólares y el porcentaje de asignaciones anuales del PAN perdidas debido a pagos indebidos? ¿Cuánto dinero de pagos indebidos ha recuperado ADSEF? ¿Qué medidas está tomando ADSEF para recuperar el monto restante de los pagos indebidos, además de lo que se ha informado? ¿Qué medidas está tomando ADSEF para reducir el monto de los pagos indebidos en el futuro?”, preguntó Hernández en su carta.

Después del informe de la Oficina del Contralor, que examinó el desempeño de la ADSEF entre 2017 y 2024, el Departamento de la Familia de Puerto Rico informó que ha recuperado alrededor de $90.3 millones de los fondos del PAN pagados a personas muertas.

En su carta, Hernández pidió también conocer “qué medidas está tomando ADSEF para cooperar con la revisión de la OIG” y si ha sido contactada por el inspector general de USDA.

“¿Qué ha hecho ADSEF para responsabilizar a sus empleados por esta falla? ¿Qué ha hecho ADSEF para exigir responsabilidades a quienes siguieron cobrando los beneficios del PAN en nombre de beneficiarios fallecidos?”, cuestionó, además, el comisionado en su misiva a la secretaria de la Familia.

El lunes, la OIG de USDA indicó que, “en virtud de su autoridad de auditoría e investigación”, puso bajo examen los pagos por $150.6 millones del PAN de Puerto Rico a personas fallecidas.

En su declaración, el inspector general Walk exhortó a las autoridades estatales que administran programas federales a revisar sus controles internos para verificar la identidad y la elegibilidad de los beneficiarios.

Además, la OIG advirtió que “tomará las medidas coercitivas necesarias contra quienes roben fondos de programas de asistencia pública utilizando identidades falsas u otras prácticas engañosas para acceder a la ayuda destinada a quienes la necesitan”.

Las autoridades de Puerto Rico han intentado sin éxito que el Congreso apruebe un proyecto de ley del comisionado Hernández que permitiría un plan de transición del PAN al SNAP en un plazo de 15 años.

Bajo el SNAP, Puerto Rico –que recibe casi $3,000 millones anuales en fondos del PAN– recibiría cerca de $900 millones adicionales cada año. Pero tendría que establecer requisitos de trabajo para los beneficiarios de la asistencia alimentaria que tienen entre 18 y 64 años y pueden trabajar, realizar servicios comunitarios o cumplir con estudios.

Al aprobar su proyecto de reautorización de la ley agrícola, el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes descartó la transición del PAN al SNAP, en momentos en que se ha cuestionado el costo, la capacidad de Puerto Rico para adaptarse al sistema tecnológico del SNAP y a los requisitos de trabajo.

Ese proyecto de ley agrícola puede ir a votación en el pleno cameral a finales de este mes.