Washington D.C. - La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) puso bajo examen los pagos por $150.6 millones del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico a personas fallecidas.

La OIG informó este lunes que revisa los hallazgos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, que reveló los pagos irregulares, “y tomará las medidas apropiadas en virtud de su autoridad de auditoría e investigación”.

“La OIG agradece al Contralor General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico su labor para descubrir estos importantes hallazgos. Estamos listos para colaborar con las autoridades de Puerto Rico, otros territorios y los estados para fortalecer la integridad y la rendición de cuentas en la administración de los fondos de asistencia pública”, indicó el inspector general del USDA, John Walk.

La revelación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico es parte de una auditoría sobre el funcionamiento de la Administración de Desarrollo Socieconómico de la Familia (ADSEN) entre 2017 y 2024.

En su declaración, el inspector general Walk exhortó a las autoridades estatales que administran programas federales a revisar sus controles internos para verificar la identidad y la elegibilidad de los beneficiarios.

Además, la OIG advirtió que “tomará las medidas coercitivas necesarias contra quienes roben fondos de programas de asistencia pública utilizando identidades falsas u otras prácticas engañosas para acceder a la ayuda destinada a quienes la necesitan”.

El Departamento de la Familia de Puerto Rico –después de la publicación del informe de la Contraloría- informó que ha recuperado alrededor de $90.3 millones de los fondos del PAN otorgados irregularmente entre 2017 y 2024.

La divulgación del informe coincide con los esfuerzos –hasta ahora fallidos- de las autoridades de Puerto Rico por tratar de convencer al Congreso de que legisle una transición del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), que representaría un aumento de cerca de $1,000 millones anuales en asistencia alimentaria.

El Comité de Agricultura de la Cámara baja volvió a descartar, en febrero pasado, legislación en favor de una transición de hasta 15 años del PAN al SNAP, en momentos en que se ha cuestionado el costo, la necesidad de Puerto Rico adaptarse al sistema tecnológico del SNAP y la implantación de los requisitos de trabajo para beneficiarios que tienen entre 18y 64 años y pueden cumplir con jornadas laborales, servicios comunitarios o estudios.

Puerto Rico recibe $2,976 millones anuales en fondos del PAN, que benefician a unos 1.2 millones de personas.

El proyecto de reautorización de la ley agrícola, al cual se ha querido vincular el plan de transición del PAN al SNAP, todavía no tiene fecha para ir a votación en el pleno cameral ni ha sido presentada en el Senado estadounidense.