Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, pidió a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) que aclare si impuso los aranceles recíprocos del gobierno de Donald Trump a mercancía que estaba en ruta hacia Puerto Rico antes de que entraran en vigor esos nuevos costos.

Al mismo tiempo, solicitó “una guía interpretativa” o “flexibilidad administrativa para garantizar un trato equitativo en relación con el territorio continental”.

“Mi oficina ha recibido directamente planteamientos de detallistas e importadores en Puerto Rico, que reportan consecuencias serias e imprevistas como resultado de la interpretación actual de CBP. Debido a que Puerto Rico no recibe la mayoría de la carga internacional mediante rutas directas, la gran mayoría de la mercancía destinada a la isla debe transitar por puertos extranjeros como Panamá o Jamaica, bajo el mismo conocimiento de embarque y sin cambio alguno en el consignatario ni en la intención comercial”, indicó Hernández, en una carta enviada el miércoles al comisionado de CPB, Rodney Scott.

En algunos casos, según el comisionado residente, los aranceles retroactivos han sido de hasta 125% sobre productos que fueron despachados desde China, Hong Kong y Macao, incluso en mercancía que ya fue recibida y vendida antes de las fechas límites previo a la entrada de nuevos aranceles.

“Puerto Rico depende de las importaciones para más del 80% de su consumo total, incluyendo bienes esenciales como alimentos, medicamentos, combustible, suministros médicos y otros productos de consumo críticos. Debido a que Puerto Rico es una economía insular sin alternativas terrestres para la distribución de carga, cualquier interrupción en el flujo de bienes importados tiene implicaciones inmediatas para la resiliencia de la cadena de suministro, el bienestar público y la preparación para emergencias”, indicó.

Afirmó que, en momentos en que las importaciones internacionales al archipiélago boricua promedian $2,600 millones mensuales, “la aplicación retroactiva de aranceles adicionales a la mercancía que ya se encontraba en tránsito hacia Puerto Rico al momento de la entrada en vigor de los aranceles genera costos irrecuperables, lo que ejerce una presión financiera considerable sobre los minoristas de todos los tamaños y amenaza la continuidad del suministro en toda la isla”.

“Puerto Rico forma parte del territorio aduanero estadounidense; sin embargo, sus realidades geográficas hacen que la aplicación estricta del requisito del ‘último modo de transporte’ sea inequitativa en la práctica”, sostuvo.

En ese sentido, argumentó que “reconocer estos desafíos logísticos únicos e inevitables de Puerto Rico garantizaría un trato equitativo dentro del territorio aduanero estadounidense y alinearía la implantación con la intención original de la excepción de ‘mercancía en tránsito’”.