Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, solicitó frenar la propuesta regla que pudiera eliminar la identificación por raza, etnia y orientación sexual del cuestionario del Censo federal, alterar los criterios para identificar la “residencia habitual” y el uso de récords tributarios.

En una carta enviada a la Oficina del Censo federal, en el último día de comentarios sobre la propuesta regla, Hernández exhortó a la jefatura de la agencia a abstenerse de “finalizar los cambios propuestos sin antes resolver sus implicaciones legales, metodológicas y operativas para Puerto Rico”.

“Nos preocupa que esta propuesta limite la información demográfica esencial que se recopila sobre nuestra población. Sin datos precisos, se hace más difícil identificar las necesidades de nuestras comunidades y priorizar lo básico: los servicios, los recursos y la atención que nuestra gente necesita”, indicó Hernández.

Una coalición de organizaciones puertorriqueñas había advertido que los cambios propuestos pueden reducir artificialmente la población de Puerto Rico e invisibilizar a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos.

Para Puerto Rico, pudiera estar en juego el acceso a millones de dólares en programas federales.

La propuesta de la administración de Donald Trump, presentada en septiembre, puede suponer que se eliminen del cuestionario del Censo federal –que se rellena cada 10 años– ciertas preguntas demográficas que permiten a las personas identificarse por su raza, etnia u orientación sexual.

Las propuestas enmiendas a las normas del Censo –radicadas en el registro federal– buscan revisar también los criterios para identificar la “residencia habitual” de cada persona y el uso de récords contributivos para esos propósitos.

“Los cambios en la recopilación de datos demográficos decenales podrían tener implicaciones para la disponibilidad, la comparabilidad y el detalle geográfico de la información obtenida mediante encuestas relacionadas. Solicito a la Oficina del Censo que evalúe estas implicaciones antes de eliminar las preguntas demográficas y que explique cómo garantizaría la identificación fiable de la población puertorriqueña en todas las jurisdicciones”, sostuvo Hernández.

La afirmación de la identidad puertorriqueña, agregó, es especialmente relevante para las personas de la diáspora nacidas fuera de Puerto Rico. “La información sobre el lugar de nacimiento por sí sola no permite identificar a la segunda, tercera o subsiguientes generaciones de origen puertorriqueño que residen en los estados”, señaló Hernández.

Respecto al uso de las planillas federales como identificación de residencia habitual, el comisionado residente afirmó que ese enfoque “requiere especial consideración en Puerto Rico, donde los residentes están sujetos a un marco tributario federal y estatal distinto”.

“Según las normas tributarias federales aplicables, los residentes legítimos de Puerto Rico cuyos ingresos provienen exclusivamente de fuentes puertorriqueñas generalmente no están obligados a presentar una declaración de impuestos federales sobre la renta individual, aunque existen importantes excepciones”, sostuvo.

Por consiguiente, precisó, “la ausencia de una declaración de impuestos federales sobre la renta individual no indica necesariamente que una persona carezca de una residencia válida en Puerto Rico”, pues la abrumadora mayoría de las personas domiciliadas en la isla solo someten sus planillas al Departamento de Hacienda puertorriqueño.

En momentos en que, en Puerto Rico, al menos cerca del 40% de los hogares o estructuras no tienen direcciones físicas, el Hernández sostuvo que los criterios de residencia propuestos “también generan importantes preocupaciones con respecto al uso de registros administrativos para identificar y verificar las direcciones residenciales”.

“Puerto Rico enfrenta desafíos de larga data relacionados con la estandarización y validación de direcciones físicas. En muchas comunidades, particularmente en áreas rurales, las direcciones residenciales pueden identificarse mediante rutas de carreteras, marcadores de kilómetros, nombres de urbanizaciones, rutas rurales u otras referencias geográficas, en lugar de los nombres de calles y números de edificios convencionales”, indicó el comisionado.

Por su parte, la organización Right to Democracy se opuso a las reglas, al destacar que siquiera mencionan directamente a los territorios ni explican cómo impactarán a sus residentes,

“Eliminar las preguntas sobre raza y etnicidad destruye una importante fuente de información detallada sobre las comunidades puertorriqueñas en los estados y sobre las identidades afroboricuas y otras identidades raciales dentro de Puerto Rico”, indicó Adi Martínez Román, codirectora de Right to Democracy, que defiende los derechos de los ciudadanos de los territorios y reclama un proceso de autodeterminación para esas áreas insulares.

Martínez Román planteó que los territorios no incorporados de Estados Unidos ya se enfrentan a “retos de datos relacionados con el conteo del Censo, y estos cambios crean una incertidumbre aún más peligrosa que llevará a una mayor invisibilización de nuestras comunidades”.

El economista José Caraballo Cueto, profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, ha advertido que, aunque los cambios que sugiere el gobierno de Trump no afectarían directamente las preguntas de la Encuesta de la Comunidad –que entre cada Censo provee los datos socioeconómicos, de vivienda y demográficos de la población–, “si el Censo va a estar subestimado, también se va a subestimar las encuestas que se hagan”.

Martínez Román, mientras, advirtió que Guam, Samoa americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes estadounidenses “están excluidas por completo de la Encuesta de la Comunidad, lo que agrava el impacto que estos cambios tendrán sobre esas comunidades”.