Washington D. C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, expresó este miércoles su rechazo al proyecto 63 del Senado de Puerto Rico que limitaría el acceso a la información pública.

“En tiempos de inestabilidad democrática y abusos gubernamentales, la transparencia cobra mayor importancia”, indicó Hernández, presidente del Partido Popular Democrático (PPD), en una publicación en la red social X.

El martes, la Cámara de Representantes – en votación 28 a 20-, terminó el trámite de la legislación que ha sido denunciada por organizaciones de periodistas, medios de comunicación, organizaciones cívicas y comunitarias.

En la Cámara baja, la medida contó con la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), así como de cuatro miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), y de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, junto con los tres miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

En el Senado la medida recibió 19 votos a favor, todos de la delegación del PNP, y siete en contra.

El proyecto del Senado 63 enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) para imponer requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales.

Como parte de las enmiendas que acordaron ambos cuerpos legislativos, se mantuvo el término de 20 días laborales para la entrega de información para aquellos documentos que no excedan las 300 páginas o “que su antigüedad sea menor a tres años contados a partir de la fecha en que fue producido originalmente”.

Pero, en el caso de los que excedan las 300 páginas, el funcionario puede tardarse hasta 30 días para entregar la información. Además, se retuvo el lenguaje que deja abierta la puerta para solicitar una extensión de 20 días para cumplir con la petición de información.

La medida exige notificar a los jefes de agencia cada petición para considerarse “no defectuosa”, y ordena incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes, lo que, como han advertido algunas entidades, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos recursos, además de que expone a los solicitantes a “carpeteo” o actos de persecución al interior de las agencias.

Además, se aprobó una enmienda para disponer “que no serán información pública los expedientes de personal o cualquier información de esta índole”, esto en relación a los datos que hacen públicos las agencias del gobierno de forma rutinaria a través de sus plataformas electrónicas.