Washington D.C. - Un grupo de 21 legisladores federales demócratas –encabezado por el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández– exhortó a la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, en inglés) a revertir la decisión de cerrar oficinas de Desarrollo Rural en Puerto Rico y otras jurisdicciones.

“Estas oficinas son la puerta de entrada del gobierno federal en nuestras comunidades rurales. Apoyan a agricultores, pequeños negocios, familias y municipios. Cerrarlas sería un retroceso, en el peor momento posible”, señaló Hernández, al divulgar una carta enviada el miércoles al administrador interino de la GSA, Stephen Ehikian.

En mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos –en respuesta a un reclamo de Hernández y otros legisladores federales– afirmó que defiende la permanencia de cuatro oficinas de Desarrollo Rural en Puerto Rico que la GSA propuso cerrar.

En total, la GSA impulsa cerrar 49 oficinas de Desarrollo Rural. Para el Departamento de Agricultura federal, 43 de ellas son “esenciales”.

“El cierre de las oficinas de Desarrollo Rural interrumpiría programas federales esenciales e impediría el desarrollo económico en las comunidades rurales. Nos preocupan las implicaciones más amplias de estos cierres en la dotación de personal y la capacidad de prestación de servicios de USDA (Agricultura federal). El cierre de estas oficinas pone en peligro la continuidad de los servicios locales del USDA, de los que dependen agricultores, familias, pequeñas empresas y municipios”, indicaron los legisladores.

Entre los boricuas, Nydia Velázquez (Nueva York), Ritchie Torres (Nueva York) y Nellie Pou (Nueva Jersey) firmaron la carta. Otros que la suscribieron fueron Adriano Espaillat (Nueva York), Raúl Ruiz (California) y la delegada de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett.

“Instamos a la Administración de Servicios Generales a actuar de inmediato, aceptar la recomendación del Departamento de Desarrollo Rural del USDA y rescindir las rescisiones de los contratos de arrendamiento de todas las oficinas designadas por el Departamento como esenciales para la misión. Estas oficinas desempeñan un papel fundamental para garantizar que las poblaciones rurales y marginadas tengan acceso a la asistencia federal”, agregaron.

“Nuestras comunidades rurales no son una nota al pie—son parte central del tejido económico y social de Puerto Rico”, subrayó, en tanto, Hernández.