Washington D.C. - Junto a dos líderes demócratas, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, exhortó este martes a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, a utilizar los fondos de emergencia para financiar el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico.

“Todos los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) y del PAN tienen derecho a recibir beneficios a través del fondo de contingencia asignado por el Congreso, que actualmente cuenta con entre $5,000 (millones) y $6,000 millones disponibles para su uso durante un lapso en las asignaciones”, indicaron Hernández y las líderes demócratas en los comités de Agricultura, Angie Craig, y de Asignaciones, Rosa DeLauro.

Ante el cierre parcial del gobierno federal, debido a la falta de un presupuesto que financie plenamente sus oficinas, los fondos de asistencia nutricional –PAN y SNAP– se agotarán al terminar octubre este viernes.

La gobernadora Jenniffer González indicó que identificó $70 millones en fondos federales no utilizados para cubrir la primera semana de noviembre de las asignaciones del PAN. Pero, si el gobierno de Puerto Rico decidiera financiar el programa con sus fondos a partir de la segunda semana de noviembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos advirtió que no está garantizado el reembolso.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico, indicó que, hasta el momento, la administración de González no ha hecho ninguna petición para reordenar fondos del erario puertorriqueño.

Puerto Rico recibe anualmente cerca de $2,920 millones anuales en fondos del PAN, cerca de $245 millones mensuales. Los fondos benefician a cerca de 1.2 millones de personas o cerca de 720,000 familias.

Un grupo de 23 gobiernos estatales demócratas demandó al gobierno de Donald Trump para que libere los fondos de emergencia y subvencione el SNAP. Y Hernández dijo, en San Juan, que la administración de González debe unirse a la demanda para asegurar que cualquier decisión judicial incluya el PAN.

“(Cientos) de miles de hogares en todo Puerto Rico dependen del PAN para comprar alimentos y mantener a sus familias. Cualquier retraso o reducción en los beneficios tendría consecuencias inmediatas y graves para las poblaciones vulnerables, incluyendo a las personas mayores, los niños y los trabajadores de bajos ingresos que ya enfrentan el aumento de los costos de los alimentos y el acceso limitado a los programas de ayuda durante el cierre”, agregaron Hernández, Craig y DeLauro.

En ese sentido, instaron a Agricultura federal “a que tome todas las medidas administrativas disponibles para garantizar la continuidad de los beneficios para los beneficiarios del PAN, incluyendo la utilización de los saldos restantes y la identificación de cualquier autoridad o mecanismo de contingencia disponible para evitar una interrupción en la asistencia alimentaria”.

“Las familias de Puerto Rico no deben quedar excluidas simplemente porque la administración (de Trump) se niega a utilizar sus facultades y recursos legales”, añadieron.

Por su parte, el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas, se unió al llamamiento para que Agricultura federal libere los fondos de emergencia para financiar el PAN y el SPAN.

“Los fondos de asistencia alimentaria no son un favor ni una dádiva para los puertorriqueños; son un derecho que tenemos como ciudadanos americanos”, sostuvo Dávila Pernas, al exhortar a la JSF a que trabaje con el gobierno de Puerto Rico y la empresa privada “para buscar una solución y establecer un plan de acción que mitigue los efectos de la crisis inminente que se avecina para miles de familias”.