Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, puede respaldar el proyecto de ley que tipificaría como asesinato dar muerte de forma intencional al concebido no nacido si no limita el derecho al aborto, mientras que el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, lo rechazó de plano.

Hernández, presidente del Partido Popular Democrático (PPD), indicó este jueves que el debate sobre el aborto es un tema “incómodo” para él, por ser católico y estar “casado con una mujer embarazada”.

“Pero, siempre he reconocido los derechos reproductivos de la mujer y que eso tiene que ser una decisión que tome una mujer con su doctor”, indicó.

La gobernadora Jenniffer González, afiliada a los republicanos en Estados Unidos y presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó el proyecto que persigue tipificar como asesinato la muerte del concebido no nacido. Al otro día, dijo que lo iba a retirar por no ser necesario, pero más tarde, después de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmara que lo llevaría a votación, consideró que debía seguir el trámite legislativo.

En diciembre, González firmó otra legislación que reconoce al no nacido como una persona natural.

“Si la intención y el resultado de ese (nuevo) proyecto de ley es criminalizar el aborto, estoy en contra. Si la intención y el resultado de este proyecto de ley es, simplemente, aclarar que asesinar a una mujer embarazada te hace procesable por dos cargos de asesinato, yo no tengo problema con eso”, dijo Hernández, en entrevista telefónica con El Nuevo Día desde San Juan, donde esté a la espera del nacimiento de su primer hijo.

En el Senado, la delegación del PPD se dividió. Los senadores José Luis Dalmau y Marially González Huertas votaron a favor de la legislación de la gobernadora, mientras que Luis Javier Hernández, portavoz del caucus, Ada Álvarez Conde y José A. “Josian” Santiago la rechazaron.

Aunque el PPD no tomó una posición a favor o en contra de la medida, el comisionado residente dijo que ha explicado su posición en diferentes medios de comunicación. “Estuve en los medios contestando preguntas sobre este asunto”, indicó Hernández.

En el caso del PIP, el rechazó a la legislación incluyó los votos en contra de sus senadores: la portavoz María de Lourdes Santiago y Adrián González.

“Esto es un acto de cobardía legislativa”, dijo Dalmau, pasado candidato a gobernador del PIP y de la Alianza de País formada con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), al indicar que la estrategia va dirigida a que una controversia llegue al Tribunal Supremo de Puerto Rico en busca de nuevas restricciones sobre el aborto.

“Están buscando por la puerta de atrás una prohibición del derecho de la mujer a decidir sobre su vida y su cuerpo. Prefieren que sea el Tribunal Supremo el que decida sobre esta materia. Y sabemos, por la composición del Tribunal Supremo, que la determinación va a ser más restrictiva para los derechos de las mujeres”, agregó Dalmau.

Santiago sostuvo, por su parte, que la legislación convertiría la muerte intencional de un no nacido en un asesinato, “en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno, lo que, en una interpretación estricta, pudiera, incluso, implicar que la gesta de la píldora del día siguiente pudiera ser condenable a una pena de cárcel de 99 años”.

“Aunque el aborto es legal en Puerto Rico, porque está protegido por nuestro derecho constitucional a la intimidad, esta medida puede tener el efecto en la práctica de criminalizar las terminaciones de embarazo sin decirlo directamente. Es una violación crasa a nuestros derechos humanos más básicos ser acusadas de ‘asesinato’ por tomar decisiones tan intimas sobre nuestros cuerpos como terminar un embarazo no deseado”, dijo, en tanto, la coordinadora del MVC, Eva Prados.