Washington D.C. - La movilización militar de Estados Unidos hacia Puerto Rico va a incluir, a partir de la semana próxima, 10 aviones de combate F-35, como parte del esfuerzo que la administración de Donald Trump describe como un operativo contra el narcotráfico, centrado en los alrededores de Venezuela.

Según la agencia internacional Reuters, fuentes del Pentágono adelantaron que los aviones tendrán la tarea de llevar a cabo operaciones contra organizaciones “narcoterroristas”.

La oficina del secretario de Defensa, Peter Hegseth, prefirió no hacer comentarios. “No tenemos nada que proporcionar”, indicó un portavoz.

Desde el inicio de su administración, Trump designó a varios carteles de droga como organizaciones terroristas. Bajo esa misma campaña, acaba de destruir una lancha con 11 personas que Trump describió como terroristas y que, de acuerdos con medios de Venezuela, eran personas que transportaban droga hacia Trinidad y Tobago.

Tras la destrucción de la lancha, el Pentágono imputó al gobierno de Venezuela llevar a cabo el jueves un vuelo militar “altamente provocador” sobre un buque de guerra estadounidense.

El gobierno de Jenniffer González dio la bienvenida a los ejercicios militares estadounidenses, los que, en alguna medida, había adelantado su secretario de Seguridad Pública, Arthur Garffer.

La oficina de Garffer informó este viernes que Garffer no está disponible para hablar del tema, pues “se encuentra activo en adiestramientos militares durante esta semana y la próxima”.

Trump –antes opuesto a la intervención militar en otros países– tiene previsto anunciar este viernes una orden ejecutiva que, para fines de su administración, cambia el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de la Guerra.

Los ejercicios militares en los alrededores de Puerto Rico, que utilizan la antigua base naval de Roosevelt Roads y la base Ramey de la Guardia Costera, comenzaron el domingo y han estado a cargo de la 22ª unidad expedicionaria de Infantería de Marina, con base en Norfolk (Virginia).

Los entrenamientos coinciden con la movilización ordenada por Trump de buques militares a las cercanías de Venezuela, con el objetivo –sostiene– de combatir el tráfico internacional de drogas, luego de imputarle al presidente Nicolás Maduro liderar el “Cartel de los Soles” y elevar a $50 millones la recompensa por su captura.

Congresistas boricuas han expresado preocupación con la reutilización de entrenamientos militares estadounidenses debido al historial del Pentágono en Puerto Rico, que incluye bombardeos durante seis décadas en un campo de tiro de la Marina de Guerra en la isla municipio de Vieques.

“Ampliar la presencia militar en la isla sería un retroceso histórico: destruiría décadas de lucha del pueblo puertorriqueño y pondría en riesgo la salud y el bienestar de nuestras comunidades con contaminación, especialmente en aquellas ubicaciones donde los militares prueben armas o produzcan químicos”, indicó la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York).

Velázquez sostuvo que Puerto Rico –después de lograr acabar con seis décadas de maniobras militares y bombardeos de la Marina de Guerra estadounidense en Vieques– “no es un campo de pruebas militares ni una colonia disponible para el saqueo” y “merece respeto, justicia y soberanía”.

Pero, el también demócrata boricua Darren Soto (Florida) ha indicado que entrenamientos sin bombardeos o daños al ambiente deben verse como parte de las garantías de defensa y seguridad de Puerto Rico.

“Necesitamos también proteger a Puerto Rico. Así que creo que, debido a problemas económicos y de seguridad, mientras sigan utilizando esas bases como lo han hecho históricamente, los apoyaría. Pero simplemente no podemos seguir bombardeando a Puerto Rico. No más explosivos y cosas así, que tienen un largo historial de dañar el medio ambiente”, sostuvo.

En San Juan, los senadores del gubernamental Partido Nuevo Progresist (PNP) Nitza Morán y Carmelo Ríos presentaron una resolución para ordenaar una investigación sobre el estado actual de las instalaciones de la antigua Base Naval Roosevelt Roads.

Mientras, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentaron una resolución para que la Legislatura de Puerto Rico exija al presidente y al Congreso estadounidense la cancelación inmediata de cualquier plan para remilitarizar a Puerto Rico y un proceso de descolonización.

“Luego de más de dos décadas desde que el pueblo de Puerto Rico se uniera exitosamente en repudio a los ejercicios y bombardeos militares en nuestro país, los eventos recientes demandan que la Asamblea Legislativa exija la cancelación de cualquier plan dirigido a remilitarizar al país en favor de intereses ajenos al nuestro”, indicó la representante del PIP Adriana Gutiérrez Colón.