El proyecto de construir esta bella casa y su ubicación fue idea del presidente George Washington. (Shutterstock.com)
El Movimiento de Acción Puertorriqueña dijo haber enviado sus propuestas a la Casa Blanca.

Washington D.C. - El Movimiento de Acción Puertorriqueña (MAP) ha enviado a la Casa Blanca y a oficinas del Congreso los principios de un tratado de libre asociación entre Estados Unidos y Puerto Rico que consideran es la opción para destrancar el debate sobre el futuro político de la Isla.

“Buscamos presionar al poder ejecutivo para que actúe ante el tranque. Igualmente, buscamos que se defina la libre asociación pues creemos que es la única fórmula de status viable y disponible, pero para que sea una opción real debe ser definida por un grupo de expertos dirigidos desde la Casa Blanca. No podremos ejercer nuestro derecho a la libre determinación sin tener en blanco y negro las implicaciones de la libre asociación”, indicó uno de los portavoces del MAP, Efraín Vázquez Vera, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El grupo, además, está convencido de que solo la Casa Blanca puede en este momento desbloquear el debate.

El Congreso tiene bajo estudio dos propuestas legislativas sobre el status político de Puerto Rico: una que impulsa un referéndum estadidad sí o no, atado a un proceso de admisión de la Isla como estado; y otra que propone asociar al legislativo estadounidense con una Convención de Status y un referéndum de alternativas de status no territoriales.

Pero tras el referéndum de noviembre pasado en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos, no se prevé que ninguna de las iniciativas se convierta en ley.

En mayo, el MAP había indicado que tan pronto quede aparcado el debate sobre los proyectos pendientes en el Congreso, la presión debe ir dirigida a que la Casa Blanca gestione una comisión de expertos estadounidense-puertorriqueña que se dedique a examinar el futuro de las relaciones entre Washington y San Juan.

Bajo la propuesta del MAP, un tratado de libre asociación permitiría a Puerto Rico gozar de pleno autogobierno, con un acuerdo de asistencia financiera que incluirá acceso a programas federales, subvenciones y un fondo fiduciario que estaría “sujeto a planificación, monitoreo y requisitos de información”.

Además, el acuerdo reconocería la ciudadanía estadounidense de los que han nacido en la isla antes de hacerse vigente la relación de libre asociación. Los nacidos bajo el nuevo status soberano serían ciudadanos puertorriqueños, sin limitar el derecho que puedan tener bajo las leyes de Estados Unidos reclamar la ciudadanía estadounidense.

El tratado, que puede ser terminado unilateralmente por cualquiera de las partes a base de los acuerdos adoptados, deberá, además, reconocer la autoridad de Puerto Rico sobre sus asuntos exteriores, mientras Estados Unidos retendría la responsabilidad en las áreas de defensa y seguridad.

Los principios presentados al gobierno federal fueron redactados luego de “tres años y medio de conversaciones” que han incluido a expertos estadounidenses y puertorriqueños. Entre los puertorriqueños hay políticos, académicos, empresarios, artistas, representantes de comunidades, de grupos religiosos y la diáspora, según el MAP.

Los estadounidenses, lo que no identifican por ellos preferir permanecer en el anominato, incluyen a exfuncionarios de gobierno, de acuerdo a la organización.

“La libre asociación representa la cuarta vía, una en la que estadistas, estadolibristas e independentistas pueden encontrarse en consenso, sin vencedores ni vencidos, y sin imposiciones, cada cual manteniendo aquellos aspectos que le son fundamentales…Los principios son el primer paso, y en este sentido hacemos un llamado al presidente (Joe) Biden para que aproveche esta oportunidad dorada, iniciando las negociaciones”, indicó el novelista Juan López Bauzá, otro de los portavoces del MAP.

Julio Ortiz Luquis, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y portavoz de la MAP en la diáspora, dijo que para echar hacia delante esta discusión el presidente Biden debe crear una comisión negociadora, que incluya un representante de la Casa Blanca y miembros del Congreso.

La delegación puertorriqueña, mientras, debe reunir a defensores de la libre asociación, con conocimiento preciso sobre esa fórmula de status, de reputación intachable y conocimiento especializado y técnico, entre otras cosas, sostuvo Ortiz Luquis.

Aunque la libre asociación es reconocida como un status independiente a nivel internacional, para el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Casa Blanca es una forma de independencia.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, el exdiplomático estadounidense Peter Rosenblatt afirmó que los acuerdos de Estados Unidos con Micronesia, Marshall y Palau, por delegar en manos del gobierno estadounidense su defensa, evidencian que la libre asociación no es una relación plenamente soberana.

“El poder principal que ejerce un país es la defensa y seguridad nacional. Los isleños estaban perfectamente contentos de que Estados Unidos tuviera completa autoridad en defensa y seguridad nacional. Ese no sería el caso si fueran plenamente independientes”, afirmó entonces Rosenblatt, al indicar que las Islas Marshall trató de promover “tener un breve momento de independencia antes de convertirse en un país en libre asociación” y Estados Unidos se opuso.

Los principios de libre asociación están basados en las negociaciones de los acuerdos de Estados Unidos con la Federación de Estados de Micronesia y las repúblicas de Palau y las islas Marshall, que fueron suscritos el 9 de abril de 1978 en la ciudad hawaiana de Hilo.

Reacciona la comisionada

Tras las declaraciones del MAP, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien es republicana, consideró que es un esfuerzo para “traer la independencia por la cocina, aún cuando Puerto Rico ha votado en repetidas ocasiones a favor de la estadidad”.

“Pretenden imponer la independencia y libre asociación por encima del pueblo, que ha expresado su mandato por la estadidad más allá de cualquier político o partido en la isla. Además, plantean que un tratado puede ser anulado por una sola de las partes. Lo que significaría que anulan el tratado y Puerto Rico puede declararse totalmente independiente de un día para otro. Combatiremos en todos los frentes y de la forma que amerite estas intenciones”, al considerar un cinismo que planteen una libre asociación con fondos federales.

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