El Capitolio de Estados Unidos.
El Capitolio de Estados Unidos. (The Associated Press)

Washington D. C. – La Cámara de Representantes terminó hoy, en votación 234 a 193, con el trámite legislativo del proyecto bipartidista que endurece medidas sobre el acceso a las armas de fuego, que pasa ahora la firma del presidente Joe Biden.

La legislación había sido ratificada el jueves en la noche en el Senado (65-33), con 15 republicanos uniéndose a los 50 senadores demócratas.

Las votaciones ocurrieron justo cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que es inconstitucional una ley de Nueva York que ha exigido justificar portar armas de fuego en público.

“Hay mucho que destacar de esta legislación...no la juzguen por lo que no está en ella, sino respétenla por lo que es”, dijo la speaker Nancy Pelosi.

El presidente Biden había alentado la aprobación del proyecto de ley, producto de un acuerdo bipartidista inicial de 10 senadores demócratas y 10 republicanos.

Para el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer, el Senado hizo lo que “muchos creían que era imposible incluso hace unas semanas”, aprobar “el primer proyecto de ley importante sobre seguridad de armas en casi 30 años”.

La legislación es una respuesta a masacres recientes como las de Uvalde (Texas)- en la que un pistolero dio muerte el mes pasado a 19 niños y dos maestras en una escuela elemental -, y Buffalo, en la que un hombre de raza blanca, días antes, dio muerte a 10 personas negras en un supermercado de esa ciudad de Nueva York.

Y su consideración coincidió con una decisión emitida el jueves por el Tribunal Supremo de Estados Unidos (6-3) que invalidó una ley del estado de Nueva York que exigía a los poseedores de licencias para portar armas de fuego justificar el tenerlas fuera del hogar. Hay leyes similares en otros cinco estados: California; Hawai; Maryland’; Massachusetts; Nueva Jersey; y Rhode Island

La medida exige verificar los antecedentes juveniles de las personas menores de 21 años que buscan comprar un arma de fuego, establece nuevos delitos, con hasta 15 años de prisión, para traficantes de armas de fuego, e incrementa las penas para delitos graves cometidos con armas compradas de forma clandestina.

También actualiza la definición del delito de violencia de género para incluir en la prohibición de comprar armas de fuego a personas que tienen o han tenido una relación reciente con su víctima. La ley vigente solo aplica a los cónyuges, personas que tienen un hijo común con la víctima o cohabitan con la víctima de violencia doméstica.

En total la medida asigna $15,000 millones en fondos para programas de salud mental de gobiernos estatales y medidas de seguridad en las escuelas. Esa asignación se considera un incentivo para los estados poner en marcha iniciativas de “bandera roja”, que existen en algunas jurisdicciones, para permitir que un juez pueda incautar las armas de una persona que represente un peligro para la sociedad o sí mismo.

Aunque son iniciativas consideradas modestas, es la primera legislación significativa en 30 años para atender el problema de la violencia con armas de fuego que va a convertirse en ley. Los demócratas de la Cámara baja, por ejemplo, aprobaron hace unas semanas una legislación que eleva de 18 a 21 años la edad mínima para una persona comprar un arma semiautomática. Pero, ese tipo de legislación no tenía futuro en el Senado, dividido 50 a 50 con el potencial voto para quebrar empates de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

“Hoy vienen contra las libertades de la Segunda Enmienda, 1uien sabe que harán mañana”, dijo el republicano Jim Jordan (Ohio), líder de la minoría en el Comité de lo Jurídico de la Cámara baja.

El senador republicano Rick Scott (Florida) se expresó en contra de la legislación, por entender que es muy laxa en el potencial financiamineto de leyes de ‘bandera roja’ y permite restablecer el permiso de poseer armas a una persona convicta de violencia de género cinco años después del incidente.

“El proyecto de ley que el Senado está considerando abandona el modelo de Florida y permite que incluso las políticas más radicales, como la ley de bandera roja de California, se implementen y apoyen con fondos federales. Las protecciones férreas del debido proceso son esenciales para proteger los derechos constitucionales de los estadounidenses y nunca podemos ceder en eso”, indicó Scott.

Por otro lado, al reaccionar a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la ley de Nueva York, el presidente Biden afirmó el jueves que “más de un siglo después, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha optado por anular la autoridad de larga vigencia de Nueva York para proteger a sus ciudadanos. Este fallo contradice tanto el sentido común como la Constitución, y debería preocuparnos profundamente a todos”.

“Hago un llamado a los estadounidenses de todo el país para que hagan oír su voz sobre la seguridad de las armas. Vidas están en juego”, indicó Biden.

Mientras, el presidente del Comité de lo Jurídico del Senado, el demócrata Richard Durbin (Illinois), afirmó que esta decisión “hará que sea aún más fácil que las armas inunden nuestras calles”, en momentos en que aún los estadounidenses lamentan “las horribles masacres en Uvalde y Buffalo

“Todos los días, los padres de todo Estados Unidos entierran a los niños que han perdido por la violencia armada”, indicó Durbin.

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