Washington D.C. - Al aprobar (51-50) su versión del proyecto de reconciliación fiscal con las prioridades del presidente Donald Trump, la mayoría republicana del Senado mantuvo este martes el lenguaje que haría permanente el aumento en el arbitrio federal al ron importado desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

La medida contiene los masivos recortes presupuestarios y alivios contributivos solicitados por Trump, que se calcula elevarán la deuda federal en $3.25 billones (“trillions”, en inglés).

Debido a que se le hicieron enmiendas en el Senado, la medida regresa ahora a la Cámara de Representantes, donde puede ser considerada tan pronto como el miércoles y donde levanta ampollas no solo en los demócratas, sino entre un grupo de republicanos, principalmente los más conservadores.

Trump ha indicado que quisiera recibir la legislación a más tardar el 4 de julio, cuando se conmemora el 249 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Pero, esa posibilidad aún está en el aire.

La legislación aumentaría permanentemente –de forma prospectiva, a partir de enero de 2026– de $10.50 a $13.25 por galón el reembolso por el arbitrio federal al ron importado desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

“Tengo serias preocupaciones sobre varios aspectos (del proyecto de reconciliación fiscal), no obstante, agradezco que el Senado acogiera el pedido que hicimos –junto a (la delegada de las Islas Vírgenes, Stacey) Plaskett– de incluir la disposición que restablece de manera permanente la tasa aumentada del (reembolso) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes”, indicó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

Mientras, la representante de la gobernadora Jenniffer González en Washington, Gabriela Boffelli, elogió la medida republicana, haciendo alusión, incluso, al nombre que le dio Trump –“un gran y hermoso proyecto” – que fue tachado de la legislación. En referencia a los recortes tributarios para los que pagan impuestos federales, Boffelli dijo que, al hacer permanentes disposiciones de la reforma contributiva de 2017, “esta medida legislativa busca promover el crecimiento económico y ofrecer un alivio fiscal a las familias trabajadoras y empresas que sean elegibles”.

Sin tomar en cuenta el aumento propuesto, el plan presupuestario de Trump calcula que Puerto Rico recibirá $412 millones por medio del reembolso por el arbitrio al ron durante el próximo año fiscal federal 2026.

Bajo ese estimado, el gobierno de Puerto Rico pudiera recibir cerca de $60 millones anuales adicionales como reembolso y un total cercano a los $275 millones.

El gobierno de Puerto Rico otorga una porción fija del reembolso ($5 millones) al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación. Además, cuando ha habido aumento, el 16.67% de los $2.75 por galón adicionales se otorga al Fideicomiso de Conservación. El resto se divide en 54% para el erario y 46% para las empresas productoras de ron, según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

El proyecto del Senado, mientras, le quitaría privilegios a Puerto Rico para el acceso al programa zonas de oportunidad.

A partir de enero de 2027, el gobierno de Puerto Rico deberá utilizar el procedimiento que tienen que seguir los estados para que el gobierno federal reconozca un área económicamente deprimida –bajo los datos del Censo federal– como una zona de oportunidad.

El 98% de Puerto Rico –863 áreas geográficas– ha sido reconocido como una zona de oportunidad. Pero, ahora, como en los estados y demás territorios, solo se podrá reconocer hasta el 25% de la isla.

Por medio del programa zonas de oportunidad –creado en Estados Unidos mediante la reforma contributiva federal de diciembre de 2017 y, en Puerto Rico, por medio de la Ley 60 de 2019–, un inversionista puede aplazar y reducir el pago de impuestos si invierte o inyecta capital en jurisdicciones económicamente deprimidas.

Los lenguajes sobre el reembolso por el arbitrio al ron y las zonas de oportunidad no formaron parte del proyecto cameral.

Mientras, la legislación del Senado también persigue elevar permanentemente de 10.5% a 14%, bajo un nuevo nombre y concepto –distinto al texto de la Cámara baja– lo que se ha conocido como el impuesto sobre la propiedad intelectual (GILTI, en inglés) de las Corporaciones de Control Foráneo (CFC, en inglés).

La medida del Senado, a su vez, impulsa elevar permanentemente de $2,000 a $2,200, el crédito por niños dependientes, que tiene plena vigencia en Puerto Rico.

La versión de la Cámara baja propuso elevar ese crédito a $2,500 por tres años, pero luego reducirlo a $2,000 a partir del año calendario 2028. Sin nueva legislación, el crédito se reduciría en enero de $2,000 a $1,000.

El proyecto de ley ha buscado, además, reducir las opciones de repago de los préstamos estudiantiles financiados por el gobierno federal, y aumentar de 24 a 30 los créditos para los estudiantes poder tener acceso a las becas Pell.

El lenguaje de la legislación impediría, según la minoría demócrata, un crecimiento de alrededor de $1,000 millones en las asignaciones para Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), al congelarse la evaluación del costo del Plan de Alimentos Económicos (“Thrifty Food Plan”).

Aunque no han ofrecido números en torno al impacto, tanto la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) como el grupo de estudio Centro sobre Presupuesto y Políticas Públicas Prioritarios han coincidido en que la medida provocaría una reducción en el crecimiento del PAN.

El proyecto republicano puede dejar a cerca de 12 millones de personas en Estados Unidos sin un plan médico debido, principalmente, a la imposición de requisitos de trabajo para beneficiarios adultos del programa Medicaid que pueden cumplir con esa tarea o llevar a cabo servicios voluntarios y no han cumplido 65 años.

Los cambios en Medicaid no aplican a Puerto Rico y los demás territorios estadounidenses.

“Esta es una legislación escrita por la clase multimillonaria para la clase multimillonaria. Es el proyecto de ley más destructivo de la historia moderna. Otorga $975,000 en exenciones fiscales al 1%, a la vez que realiza recortes masivos a la atención médica, la nutrición y la educación para las familias de la clase trabajadora”, indicó el lunes el senador independiente Bernie Sanders(Vermont), quien hace caucus con los demócratas.

Al iniciar el debate sobre enmiendas, la mayoría republicana derrotó una propuesta del líder de la minoría, Charles Schumer (Nueva York), para dejar sin efecto los alivios tributarios a los más ricos, que persigue la legislación, si los costos de los servicios de salud aumentaban.

También, quedó a un lado una propuesta de enmienda del senador Ed Markey (Massachusetts) para eliminar de la legislación todo apartado que pudiera disminuir los fondos para hospitales rurales, al igual que otras dirigidas a evitar recortes en asistencia alimentaria o en las asignaciones para combatir el cambio climático de la ley Reducción de Inflación.

Una enmienda del senador republicano John Cornyn (Texas) que buscó prohibir que personas sin estatus migratorio definido puedan recibir servicios de salud bajo Medicaid fue derrotada. La medida, tras la parlamentaria del Senado determinar que esa enmienda tenía que cumplir con las reglas de filibusterismo, necesitaba 60 votos, pero fue derrotada 44-56.

El proyecto también busca eximir de impuestos federales las propinas y los pagos obtenidos por trabajar horas extras. Además, permitiría a un contribuyente deducir hasta $10,000 en intereses de los préstamos para la compra de automóviles manufacturados en Estados Unidos.

La legislación del Senado propone, además, una exención fiscal temporal de hasta $6,000 para adultos mayores.