Washington D.C. - El Senado retomó este mediodía el debate sobre la legislación que puede terminar con el histórico cierre parcial del gobierno federal, al asignar un presupuesto hasta el 30 de enero de 2026 y una serie de programas, como el de Asistencia Nutricional (PAN) para Puerto Rico, por todo el año fiscal federal.

El acuerdo le garantiza a Puerto Rico cerca de $2,979 millones en fondos del PAN y alrededor de $170 millones anuales de la asistencia alimentaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC).

Con el voto a favor de ocho senadores demócratas, la legislación comenzó a avanzar el domingo en la noche en el Senado. No está claro cuándo terminará el trámite de la legislación en ese cuerpo legislativo, aunque la intención del liderato es que pueda ir a votación final este mismo lunes.

“Espero que (el trámite) tarde horas, no días...Después de (41) largos días, estoy confiado en que podemos finalmente acabar con el cierre”, dijo el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur).

La Cámara de Representantes será convocada, al menos, unas 36 horas después que sea ratificada en el Senado.

El speaker Mike Johnson dijo este lunes en una conferencia con sus congresistas republicanos que espera que la votación en el pleno cameral ocurra el miércoles y expresó confianza en que el acuerdo del Senado será ratificado.

“Parece que el cierre se acerca a su fin”, indicó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

Junto a la extensión de todo el presupuesto federal hasta finales de enero, la legislación añade tres proyectos que asignan los fondos de todo el año fiscal federal –es decir, hasta el 30 de septiembre de 2026– para el Departamento de Agricultura y 0Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA); el Departamento de Asuntos del Veterano y las Construcciones Militares; y el Congreso.

Por medio de la legislación, también se extienden los apartados pendientes de la ley agrícola federal hasta septiembre de 2026, lo que, en teoría, le da otro año a las autoridades de Puerto Rico y la industria alimentaria para tratar de convencer al Congreso de que autorice una larga transición –de 10 a 15 años– del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Durante este cierre, el más largo de la historia, la asistencia alimentaria ha pendido de un hilo y la falta de controladores aéreos ha provocado cancelaciones de vuelos y limitado el funcionamiento de aeropuertos.

“La moraleja de todo esto es que debemos de seguir promoviendo que haya reserva para estos días que que llueve y que necesitamos entonces sacar de alguna alcancía que tengamos para poder asegurarnos de que nadie se quede sin servicio, sin comida, y, mucho menos, las personas que reciben el WIC”, señaló la presidenta del grupo de estudio Centro para una Nueva Economía (CNE), Rosanna Torres.

Los documentos del Comité de Asignaciones han indicado que, en el proyecto de construcciones militares, está, finalmente, la asignación de $155 millones para una nueva escuela en la antigua base Ramey de Aguadilla, una iniciativa del Pentágono que lleva varios años dando vueltas por el Congreso.

Pero la legislación ha limitado a un compromiso de votar, a más tardar la segunda semana de diciembre, la consideración de la propuesta demócrata para extender los subsidios de los planes médicos de la ley Obamacare, que ha sido el principal reclamo de los demócratas durante este cierre del gobierno, que cumplió este lunes 41 días.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, destacó que la medida “contiene lenguaje para proveerle a (la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) FEMA la flexibilidad necesaria para continuar llevando a cabo y financiando actividades de respuesta y recuperación bajo el Fondo de Ayudas de Desastre durante la vigencia de la resolución continua”.

El acuerdo que se aprobaría en el Senado ha creado fisuras entre los demócratas.

Los ocho senadores del caucus demócrata que apoyan el acuerdo y votaron a favor de avanzar la legislación el domingo en la noche son: Jeanne Shaheen (Nuevo Hampshire), Maggie Hassan (Nuevo Hampshire), Catherine Cortez Masto (Nevada), Tim Kaine (Virginia), Richard Durbin (Illinois), John Fetterman (Pensilvania), Jacky Rosen (Nevada) y el independiente Angus King (Maine).

Ese grupo demócrata proveyó justo los votos necesarios para alcanzar los 60 que permiten superar la regla del filibusterismo, en un Senado dividido 53 a 47.

La legislación que avanza en el Senado asegura la paga retroactiva a los 2.2 millones de empleados federales –incluidos unos 14,000 en Puerto Rico–, que han estado sin cobrar sus salarios desde el 1 de octubre, cuando comenzó el cierre parcial de oficinas debido a que el Congreso no ha podido ponerse de acuerdo en torno a un presupuesto temporal para este año fiscal.

También revierte formalmente la decisión de mediados de octubre del presidente Donald Trump de despedir a más de 4,000 empleados federales, una acción que había sido frenada por los tribunales.

Los ocho senadores del caucus demócrata que votaron a favor de avanzar la medida el domingo en la noche coincidieron en que no había otra alternativa posible, ante la negativa de los republicanos a incluir en la resolución de presupuesto lenguaje que extendiera los subsidios de Obamacare.

“Esperar otra semana u otro mes no va a traer un mejor resultado. Solo va a causar más daño en Nuevo Hampshire y alrededor del país”, indicó la senadora Shaheen, quien reconoció que, en enero, si no se ha logrado extender los subsidios de Obamacare, todavía pudieran frenar una extensión del presupuesto federal.

El senador King reconoció en CNN que –debido a que se requieren 60 votos para avanzar legislación– no hay votos republicanos suficientes para aprobar la extensión de los subsidios de la ley Obamacare. Por ello, piensa que habrá que negociar una medida que incluya propuestas republicanas para tener oportunidad de extender los subsidios.

El senador independiente Bernie Sanders (Vermont) afirmó que el acuerdo no evitará que se disparen “las primas de seguro médico para 20 millones de estadounidenses, dejaría a 15 millones de personas sin Medicaid y permitiría que 50,000 estadounidenses murieran innecesariamente cada año”.

“Esta es una mala noche”, dijo Sanders el domingo, cuando era inminente que la legislación avanzaría en el Senado.

En momentos en que recibe algunas críticas, el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, afirmó que “los últimos 41 días han dejado al descubierto la crueldad de Donald Trump”.

“Paralizó el gobierno durante más tiempo que ningún otro presidenteen la historia de Estados Unidos y tomó como rehenes políticos a niñosinocentes, veteranos y empleados federales, todo porque se niega a hacerabsolutamente nada para solucionar la crisis sanitaria y, en cambio, sigueimpulsando políticas que recortarán aún más la cobertura médica de la gente”,indicó Schumer.

El proyecto de presupuesto del presidente Trump proponía elevar la asignación del PAN a $2,994 millones anuales, unos $72 millones por encima del estimado de dinero recibido el pasado año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre. La legislación bipartidista del Senado reduce esa propuesta en unos $15 millones.

Por otro lado, aunque puede convertirse en un proceso académico, un panel del Primer Circuito federal de Apelaciones –que incluyó al puertorriqueño Gustavo Gelpí– rechazó formalmente frenar la orden de un juez que obligaría a la administración Trump a distribuir plenamente las asignaciones de asistencia alimentaria federal del mes de noviembre.

El gobierno de Trump anunció que volvería al Tribunal Supremo federal este mismo lunes para que se revise la decisión del Primer Circuito.

La jueza Julie Rikelman, quien escribió la decisión a nombre del panel de tres jueces, evitó bloquear la orden del juez federal de Rhode Island John McConnell, que establece que el gobierno de Trump debe buscar los recursos para que los cerca de 42 millones de beneficiarios del SNAP –y los 1.2 millones de residentes de Puerto Rico que reciben el PAN– obtengan todo el pago de este mes

Una orden previa de la jueza del Tribunal Supremo estadounidense Ketanji Brown Jackson da 48 horas –es decir, hasta casi la medianoche del martes– para el gobierno implementar la orden del Primer Circuito de Apelaciones, a menos que decida, otra vez, pedir una revisión al más alto foro judicial estadounidense.

La jueza Jackson había detenido temporalmente la orden del juez McConnell debido a que el Primer Circuito había indicado que tomaría una decisión formal con rapidez, como ocurrió.

El juez McConnell ya había logrado que el gobierno de Trump utilizara los fondos de contingencia del SNAP –unos $5,500 millones– para financiar parcialmente el programa. Pero el gobierno federal ha dicho que ese dinero cubrirá dos o tres semanas de la asistencia alimentaria federal, incluidos casi $150 millones del PAN.

En Puerto Rico, la administración de Jenniffer González había indicado que los beneficios de noviembre del PAN estaban garantizados debido a que tenían un sobrante de alrededor de $83.5 millones de los fondos del pasado año fiscal de ese programa, que, sumado a los cerca de $150 millones del fondo de contingencia, permitían cumplir con todos los pagos del mes.

“El gobierno federal ya le transfirió al gobierno de Puerto Rico aproximadamente $150 millones. No es de boca, ya nos los transfirieron. Y eso da para todo, con las economías locales, eso da para todo el mes de noviembre poder pagar los fondos del PAN”, dijo la gobernadora González el lunes, en Vieques.

*La periodista Gloria Ruiz Kuilan colaboró en este reportaje.