Washington D.C. - El Senado aprobó en la noche del lunes (60-40) la legislación que puede terminar con el histórico cierre parcial del gobierno federal, al asignar un presupuesto hasta el 30 de enero de 2026 y financiar por todo el año fiscal una serie de programas, como el de Asistencia Nutricional (PAN) para Puerto Rico.

El acuerdo negociado en el Senado, que puede ser considerado en el pleno cameral el miércoles, le garantiza a Puerto Rico cerca de $2,979 millones en fondos del PAN, de ahora a septiembre de 2026, y la asistencia alimentaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC), que el pasado año fiscal representó unos $168 millones.

Antes de la votación final, la mayoría republicana del Senado derrotó (53-47) una enmienda de la demócrata Tina Smith (Minnesota) que buscaba extender por un año los subsidios de los planes médicos de la ley Obamacare, el reclamo principal de la minoría durante el cierre del gobierno, el más largo de la historia.

Durante la jornada del lunes, la legislación superó, con ocho votos demócratas, las tres votaciones procesales que requerían al menos 60 votos. Todas tuvieron la misma votación que abrió el debate y lo cerró, 60 a favor y 40 en contra.

“Después de (41) largos días, estoy confiado en que podemos finalmente acabar con el cierre”, dijo el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur).

El speaker Mike Johnson dijo en una conferencia, con sus congresistas republicanos, que espera que la votación en el pleno cameral ocurra el miércoles y expresó confianza en que el acuerdo del Senado será ratificado.

“Parece que el cierre se acerca a su fin”, indicó, por su parte, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

Junto a la extensión de todo el presupuesto federal hasta finales de enero, la legislación añade tres proyectos que asignan los fondos de todo el año fiscal federal –es decir, hasta el 30 de septiembre de 2026– para el Departamento de Agricultura y 0Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA); el Departamento de Asuntos del Veterano y las Construcciones Militares; y el Congreso.

Por medio de la legislación, también se extienden los apartados pendientes de la ley agrícola federal hasta septiembre de 2026, lo que, en teoría, le da otro año a las autoridades de Puerto Rico y la industria alimentaria para tratar de convencer al Congreso de que autorice una larga transición –de 10 a 15 años– del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Durante este cierre, la asistencia alimentaria ha pendido de un hilo y la falta de controladores aéreos ha provocado cancelaciones de vuelos y limitado el funcionamiento de aeropuertos.

“La moraleja de todo esto es que debemos de seguir promoviendo que haya reserva para estos días que que llueve y que necesitamos entonces sacar de alguna alcancía que tengamos para poder asegurarnos de que nadie se quede sin servicio, sin comida, y, mucho menos, las personas que reciben el WIC”, señaló la presidenta del grupo de estudio Centro para una Nueva Economía (CNE), Rosanna Torres.

Los documentos del Comité de Asignaciones del Senado indican que el proyecto de construcciones militares incluye, finalmente, la asignación de $155 millones para una nueva escuela en la antigua base Ramey de Aguadilla, una iniciativa del Pentágono que lleva varios años dando vueltas por el Congreso.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, destacó que la medida “contiene lenguaje para proveerle a (la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) FEMA la flexibilidad necesaria para continuar llevando a cabo y financiando actividades de respuesta y recuperación bajo el Fondo de Ayudas de Desastre durante la vigencia de la resolución continua”.

La legislación adoptada en el Senado ha creado fisuras entre los demócratas.

Los ocho senadores del caucus demócrata que apoyan el acuerdo y votaron a favor de avanzar la legislación el domingo en la noche son: Jeanne Shaheen (Nuevo Hampshire), Maggie Hassan (Nuevo Hampshire), Catherine Cortez Masto (Nevada), Tim Kaine (Virginia), Richard Durbin (Illinois), John Fetterman (Pensilvania), Jacky Rosen (Nevada) y el independiente Angus King (Maine).

Ese grupo demócrata proveyó justo los votos necesarios para alcanzar los 60 que permiten superar la regla del filibusterismo, en un Senado dividido 53 a 47.

La legislación que avanza en el Senado asegura la paga retroactiva a los 2.2 millones de empleados federales –incluidos unos 14,000 en Puerto Rico–, que han estado sin cobrar sus salarios desde el 1 de octubre, cuando comenzó el cierre parcial de oficinas debido a que el Congreso no ha podido ponerse de acuerdo en torno a un presupuesto temporal para este año fiscal.

También revierte formalmente la decisión de mediados de octubre del presidente Donald Trump de despedir a más de 4,000 empleados federales, una acción que había sido frenada por los tribunales.

Pero la legislación ha limitado a un compromiso de votar, a más tardar la segunda semana de diciembre, sobre un proyecto de ley formal que incluye la propuesta demócrata para extender los subsidios de los planes médicos de la ley Obamacare, que ha sido el principal reclamo de los demócratas durante este cierre del gobierno.

Los ocho senadores del caucus demócrata que votaron a favor de avanzar la medida el domingo en la noche coincidieron en que no había otra alternativa posible, ante la negativa de los republicanos a incluir en la resolución de presupuesto lenguaje que extendiera los subsidios de Obamacare.

“Esperar otra semana u otro mes no va a traer un mejor resultado. Solo va a causar más daño en Nuevo Hampshire y alrededor del país”, indicó la senadora Shaheen, quien reconoció que, en enero, si no se ha logrado extender los subsidios de Obamacare, todavía pudieran frenar una extensión del presupuesto federal.

Shaheen, King y Hassan lideraron el acuerdo bipartidista desde el lado demócrata.

El senador King reconoció en CNN que –debido a que se requieren 60 votos para avanzar legislación– no hay votos republicanos suficientes para aprobar la extensión de los subsidios de la ley Obamacare. Por ello, piensa que habrá que negociar una medida que incluya propuestas republicanas para tener oportunidad de extender los subsidios.

El senador independiente Bernie Sanders (Vermont) afirmó que el acuerdo no evitará que se disparen “las primas de seguro médico para 20 millones de estadounidenses, dejaría a 15 millones de personas sin Medicaid y permitiría que 50,000 estadounidenses murieran innecesariamente cada año”.

“Esta es una mala noche”, dijo Sanders el domingo, cuando era inminente que la legislación avanzaría en el Senado.

En momentos en que recibe algunas críticas, pues – por ejemplo-, el speaker Johnson no ha prometido una votación sobre los subsidios de Obamacare en la Cámara baja-, el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, afirmó que “los últimos 41 días han dejado al descubierto la crueldad de Donald Trump”.

“Paralizó el gobierno durante más tiempo que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos y tomó como rehenes políticos a niños inocentes, veteranos y empleados federales, todo porque se niega a hacer absolutamente nada para solucionar la crisis sanitaria y, en cambio, sigue impulsando políticas que recortarán aún más la cobertura médica de la gente”, indicó Schumer.

Hakeem Jeffries, líder de la minoría cameral, defendió el trabajo de Schumer y de la mayoría de los senadores demócratas.

“Durante las últimas siete semanas, el líder Schumer y los demócratas del Senado han librado una valiente batalla en nombre del pueblo estadounidense. No voy a explicar lo que un puñado de demócratas del Senado han decidido hacer. Esa es su explicación para ofrecer al pueblo estadounidense”, dijo Jeffries.

El proyecto de presupuesto del presidente Trump proponía elevar la asignación del PAN a $2,994 millones anuales, unos $72 millones por encima del estimado de dinero recibido el pasado año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre. La legislación bipartidista del Senado reduce esa propuesta en unos $15 millones.

Por otro lado, aunque puede convertirse en un proceso académico, un panel del Primer Circuito federal de Apelaciones –que incluyó al puertorriqueño Gustavo Gelpí– rechazó formalmente frenar la orden de un juez que obligaría a la administración Trump a distribuir plenamente las asignaciones de asistencia alimentaria federal del mes de noviembre.

El gobierno de Trump anunció que volvería al Tribunal Supremo federal este mismo lunes para que se revise la decisión del Primer Circuito.

La jueza Julie Rikelman, quien escribió la decisión a nombre del panel de tres jueces, evitó bloquear la orden del juez federal de Rhode Island John McConnell, que establece que el gobierno de Trump debe buscar los recursos para que los cerca de 42 millones de beneficiarios del SNAP –y los 1.2 millones de residentes de Puerto Rico que reciben el PAN– obtengan todo el pago de este mes

Una orden previa de la jueza del Tribunal Supremo estadounidense Ketanji Brown Jackson da 48 horas –es decir, hasta casi la medianoche del martes– para el gobierno implementar la orden del Primer Circuito de Apelaciones, a menos que decida, otra vez, pedir una revisión al más alto foro judicial estadounidense.

La jueza Jackson había detenido temporalmente la orden del juez McConnell debido a que el Primer Circuito había indicado que tomaría una decisión formal con rapidez, como ocurrió.

El juez McConnell ya había logrado que el gobierno de Trump utilizara los fondos de contingencia del SNAP –unos $5,500 millones– para financiar parcialmente el programa. Pero el gobierno federal ha dicho que ese dinero cubrirá dos o tres semanas de la asistencia alimentaria federal, incluidos casi $150 millones del PAN.

En Puerto Rico, la administración de Jenniffer González había indicado que los beneficios de noviembre del PAN estaban garantizados debido a que tenían un sobrante de alrededor de $83.5 millones de los fondos del pasado año fiscal de ese programa, que, sumado a los cerca de $150 millones del fondo de contingencia, permitían cumplir con todos los pagos del mes.

“El gobierno federal ya le transfirió al gobierno de Puerto Rico aproximadamente $150 millones. No es de boca, ya nos los transfirieron. Y eso da para todo, con las economías locales, eso da para todo el mes de noviembre poder pagar los fondos del PAN”, dijo la gobernadora González el lunes, en Vieques.

*La periodista Gloria Ruiz Kuilan colaboró en este reportaje.