Washington D.C. - La oficina de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) narró a un grupo de demócratas del Congreso cómo se han reproducido, en suelo puertorriqueño, actividades discriminatorias contra la población inmigrante como parte de los operativos del gobierno de Donald Trump.

“La policía local, especialmente la municipal, ha asumido repetidamente la función de agentes de inmigración de facto. Esta práctica es ilegal, discriminatoria y sumamente peligrosa”, indicó Lolimar Escudero Rodríguez, consejera de Políticas de la ACLU en Puerto Rico.

Escudero Rodríguez envió, por escrito, su ponencia para una sesión informativa que encabezó este viernes la congresista demócrata Delia Ramírez (Illinois) sobre la colaboración que ofrecen gobiernos estatales y locales a las oficinas de inmigración del gobierno federal por medio de la sección 287 (g) de la ley de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos

Aunque las autoridades de Puerto Rico no tienen acuerdos con las oficinas del gobierno de Estados Unidos para cumplir funciones de inmigración, “se observan muchos de los mismos abusos en las jurisdicciones que sí lo hacen”, indicó Escudero Rodríguez, en la ponencia que envió a Ramírez.

“Las acciones de policías locales que asumen funciones migratorias abren la puerta al perfilamiento racial, a detenciones arbitrarias, a la separación de familias y a la erosión de la confianza pública en las autoridades llamadas a proteger a nuestras comunidades”, comento, por su parte, la directora ejecutiva de ACLU en Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, en una declaración.

Escudero Rodríguez llamó la atención sobre el caso de Joan Alberto Zorrilla, a quien un policía municipal de Carolina detuvo por supuestas infracciones a unas normas de la ciudad.

“Durante la detención, el agente consultó su licencia de conducir de Puerto Rico y, sin fundamento legal alguno, llamó a la Patrulla Fronteriza, entregándolo directamente a las autoridades federales de inmigración”, explicó.

Pero, sostuvo que “la mala conducta no terminó ahí”, pues el mismo agente cambió la fecha de la cita y, cuando Zorrilla se presentó al cuartel policial, lo esperaban agentes de la Patrulla Fronteriza.

“Fue arrestado en el acto y trasladado a la estación de la CBP (Oficina de Aduana y Protección Fronteriza) en la base Ramey, en Aguadilla, donde permaneció bajo custodia migratoria. Ni el jefe de policía ni el alcalde han asumido la responsabilidad por este incidente”, indicó.

La representante de la ACLU Puerto Rico dijo que la Policía Municipal de Carolina violentó el debido proceso de ley y llevó a cabo “una trampa coordinada” fuera de sus límites de autoridad. “El caso de Joan Alberto Zorrilla es un síntoma de un problema sistémico”, agregó.

También, aludió el caso de Aracelys Terrero Mota, inmigrante dominicana residente en Puerto Rico, que fue detenida por agentes de inmigración, notificados por un policía municipal de Cabo Rojo, pese a que tiene “permiso de trabajo aprobado y está protegida como sobreviviente de violencia de género bajo la Ley federal VAWA”.

“El agente municipal que realizó el referido no tenía orden judicial ni autoridad legal para entregarla a autoridades migratorias”, subrayó.