Washington D.C. - Dos decenas de legisladores federales demócratas denunciaron este jueves como ilegal e imprudente la decisión del Departamento de Energía estadounidense (DOE, en inglés) de desviar más de $700 millones asignados para proyectos de energía solar en Puerto Rico al sistema general de la red eléctrica boricua.

En una carta al secretario de Energía, Chris Wright, los legisladores –16 senadores que hacen caucus con los demócratas y cuatro boricuas de la Cámara baja– criticaron particularmente la decisión de cancelar asignaciones previamente adjudicadas para proyectos de energía solar en más de 30,000 residencias de personas de escasos recursos económicos y/o discapacitados que estaban adjudicados.

“Al momento de la cancelación, aún no se habían desembolsado $364.3 millones de los fondos restantes. La justificación presentada fue que ‘la continuación no beneficia al gobierno federal’. Sin embargo, ninguno de los beneficiarios violó los términos de su contrato, por lo que la cancelación de los contratos obligatorios fue ilegal”, indicaron.

La carta está encabezada por los líderes de la minoría en los comités de Energía y Recursos Naturales, Martin Heinrich (Nuevo México), y Asignaciones, Patty Murray (Washington), y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

Pero, también la firman, ente otros, los congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres; el líder de la minoría del Senado, Charles Schumer (Nueva York); y la senadora Kirsten Gillibrand, electos por Nueva York.

La carta también la suscriben los senadores Rubén Gallego (Nuevo México), Bernie Sanders (independiente por Vermont), Elizabeth Warren (Massachusetts), Richard Blumenthal (Connecticut), Catherine Cortez Masto (Nevada), Jacky Rosen (Nevada), Jeff Merkley (Washington), Cory Booker (Nueva Jersey), Ron Wyden (Oregón) y Michael Bennet (Colorado).

Los legisladores recordaron que el Congreso autorizó $1,000 millones para proyectos de energía solar en los techos de residencias de personas de bajos recursos económicos y discapacitados.

Previamente, en 2025, otros $365 millones destinados para instalar paneles solares y baterías de almacenamiento en égidas, centros de salud y residenciales públicos también fueron desviados al sistema general eléctrico.

“Este proyecto no cumple con las prioridades del Departamento de Energía de garantizar energía asequible, confiable y abundante para satisfacer la creciente demanda ni abordar la emergencia nacional declarada según la Orden Ejecutiva 14156”, indicó, en enero, el DOE a los subrecipientes que tenían proyectos adjudicados.

Entonces, el DOE dio 90 días para presentar informes de gastos y entregar el dinero sobrante. Hasta enero, ya se habían distribuido $174.8 millones de los $539 millones que iban para proyectos en residencias.

Los legisladores indicaron que “los beneficiarios de las subvenciones confiaron de buena fe en el compromiso del DOE con sus contratos firmados, contratando trabajadores, adquiriendo equipos y prometiendo a las familias alivio ante los persistentes apagones, solo para que el Departamento les retirara abruptamente la iniciativa para ganarse la confianza política”.

“Esta acción de cancelar ilegalmente las subvenciones obligatorias no solo contradice la intención del Congreso, sino que representa otra promesa incumplida para el pueblo de Puerto Rico, que sigue sufriendo las consecuencias de una red eléctrica frágil y poco fiable. Puerto Rico continúa experimentando frecuentes apagones y altos precios de la electricidad”, señalaron.

Los senadores y representantes solicitaron a Wright que “revierta inmediatamente su postura y restablezca las subvenciones canceladas”.