Washington D.C. - La organización ambientalista Sierra Club y la Federación Hispana censuraron este martes la decisión de la gobernadora Jenniffer González de seguir la política pública energética del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dejar de defender la asignación de $365 millones para iniciativas de energía solar en centros de salud y residenciales públicos.

“El anuncio de la cancelación de este programa por parte de la administración de Trump, continuando con su agenda de destruir todas las políticas de protección ambiental y energía renovable, deja a cientos de comunidades con el deseo de obtener su sistema solar en momentos en que nuestro sistema eléctrico está más frágil debido a la ineficiencia de LUMA y Genera PR”, indicó Hernaliz Vázquez, directora del Sierra Club en Puerto Rico.

Vázquez criticó que González “haya aceptado, así sin más, la eliminación de este proyecto que buscaba dar un respiro a estas familias que no pueden costear un sistema de placas solares y baterías”.

“Es profundamente preocupante que la gobernadora esté siquiera considerando una posible reasignación de fondos con el Departamento de Energía (DOE), especialmente cuando miles de personas en Puerto Rico están a un apagón de sufrir una situación que les cambiará la vida”, indicó el presidente de la Federación Hispana, Frankie Miranda.

Para Miranda - cuya organización manejaría $58.3 millones para centros de salud 330, que sirven a comunidades de bajos recursos económico-, “es aún más alarmante que estemos presenciando tal cambio de postura, dado que la gobernadora defendió este programa cuando era comisionada residente y al inicio de su administración este año”. “Debemos garantizar que las comunidades vulnerables tengan acceso a energía confiable ahora. No hay tiempo que perder”, agregó.

Sin que el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés) haya anunciado que hará con los $365 millones propuestos para instalar paneles solares en centros de salud y áreas comunes de viviendas multifamiliares, como residenciales públicos, de Puerto Rico, en busca de asistir a comunidades vulnerables, la gobernadora informó que esa subvención fue cancelada y advertido que seguirá la política pública energética de Trump, centrada en el uso de petróleo y gas natural.

La subvención de $365 millones es parte del Fondo de Resiliencia Energética para Puerto Rico (PR-ERF, en inglés), que en total cuenta con $1,000 millones para la instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento en los techos de residencias e instalaciones para personas de bajos recursos económicos y/o discapacitados.

El uso de los primeros $450 millones para residencias individuales está en marcha. Pero, según fuentes, el DOE –bajo Trump– indicó que no aceptará nuevas solicitudes para el programa, que buscaba impactar a 30,000 residencias, después de junio.

“Sabemos que la gobernadora va a seguir todos los mandatos de Trump, porque ella es una extensión de él aquí en Puerto Rico. Sabemos que esta cancelación de fondos va de la mano de sus políticas en contra del cambio climático y con la decisión del presidente de eliminar asignaciones relacionadas con iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, pues parte de estos fondos iban destinados a comunidades (vulnerables)”, sostuvo Vázquez.

El Sierra Club censuró, además, la decisión de González de retirar una demanda presentada por el gobierno de Pedro Pierluisi que reclamaba una compensación de $1,000 millones a las empresas petroleras por el daño que causan al ambiente.

El pasado 23 de abril, el DOE informó a El Nuevo Día que el uso de los $365 millones aún estaba bajo revisión.

Una semana antes, el DOE ofreció la misma información a la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), quien, junto al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y sus colegas demócratas, la boricua Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y el líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, Jared Huffman (California), reclamaron la continuación del programa.

Tras un evento en Isabela, el pasado 30 de abril, la gobernadora indicó que había solicitado al gobierno federal que reasignara los fondos, pero “para lo que tiene que ver con generación y con la transmisión y distribución”, que ya cuenta con unos $17,000 millones.

Uno de los grupos vinculados a la subvención de $365 millones reafirmó este martes que no ha recibido ninguna notificación de que el programa esté cancelado. Y subrayó que no debe haber razón para cancelarlo, pues la mayor parte de los fondos se utilizarían para baterías de almacenamiento de energía, claves para centros de salud y égidas, por ejemplo, en medio de un apagón.

Velázquez ha insistido en que el uso de esos fondos para iniciativas basadas en energía solar debe ser defendido.

“A tenor con (la) respuesta por parte del DOE, parecería haber espacio discrecional de cómo la gobernadora puede utilizar estos fondos. Por ende, estos fondos no están perdidos. Si este fondo se defiende y se utiliza como lo determinó el Congreso, no va a haber ninguna necesidad de recurrir a la utilización de fondos estatales”, indicó Velázquez a este medio.

En San Juan, el representante José “Conny” Varela, del Partido Popular Democrático, presentó una resolución en la que solicita a la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara baja una investigación sobre la decisión de González de dejar de respaldar el uso de los $365 millones para paneles solares en centros de salud y residenciales púbicos.

“Aquí, todo el pueblo de Puerto Rico es víctima de un acto politiquero de Jenniffer González. Todos nos habríamos beneficiado con la instalación de sistemas de producción de energía eléctrica mediante placas solares en nuestros centros de salud y muchos miles de puertorriqueños residentes en residenciales públicos también habrían sido beneficiados con la instalación de esos sistemas en sus residenciales”, señaló Varela.