Washington D.C. - En momentos en que ha movilizado guardias nacionales en la capital estadounidense, la administración del presidente Donald Trump evalúa crear una unidad de respuesta rápida del Negociado de la Guardia Nacional para hacer frente a protestas y disturbios.

Ese equipo –que se propone sea conocido como “Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles Internos”– estaría compuesto por 600 miembros de la Guardia Nacional, disponibles para ser movilizados de inmediato, tan pronto como en una hora.

El plan fue dado a conocer por el periódico The Washington Post, pero no pudiera ponerse en marcha hasta el año fiscal 2027, que empieza en octubre de 2026, para cuando tendría posibilidades de ser financiado.

Si se llega a implementar, se sumaría a una serie de iniciativas o amenazas del presidente Trump en favor de la militarización de las calles estadounidenses.

Por encima de la voluntad del gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass, Trump movilizó en junio 2,000 guardias nacionales a Los Ángeles, California, para hacer frente a las protestas ciudadanas en contra de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para arrestar y deportar a “millones” de personas con estatus migratorio indefinido.

Esta semana, el presidente Trump comenzó a movilizar hasta 800 guardias nacionales a Washington D.C. –donde sí tiene un claro poder para poner en marcha esos operativos– y anunció que el gobierno federal “controlará” la Policía de la capital estadounidense, alegando que existe una emergencia de seguridad en la ciudad, pese a que la criminalidad ha ido a la baja en los últimos dos años.

Trump prevé, además, enviar legislación al Congreso para extender la “emergencia” en la capital estadounidense por más de 30 días.

Para el profesor de Derecho Constitucional Carlos Ramos González, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, el presidente de Estados Unidos debe demostrar, en esos casos, que existe una emergencia.

Aunque tenga el poder sobre Washington D.C., Ramos considera que, en este caso, “no hay tal emergencia”, sino “una demostración de fuerza motivada por razones ajenas al interés o preocupación que usa para justificar este ejercicio del poder militar”.

Agentes federales, incluidos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y de ICE, llevan varias noches patrullando las calles de Washington D.C. e, incluso, participando junto a policías en puntos de control de tráfico, lo que ha generado protestas.

Según la Casa Blanca, los agentes federales han hecho más de 100 arrestos.

Mientras, la Policía de Washington D.C. enmendó sus normas para permitir a sus agentes compartir con las autoridades migratorias federales información sobre personas que no están bajo su custodia y transportar a oficiales de inmigración y sus sospechosos.

Todavía, sin embargo, no pueden dar a ICE información de personas bajo la custodia de la Policía de Washington D.C.

Los guardias nacionales no pueden hacer arrestos, aunque pueden detener personas que consideren representan una amenaza contra ciudadanos o propiedad.

En Los Ángeles, el juez federal Charles Breyer debe decidir pronto si la movilización de guardias nacionales a esa ciudad, en respaldo a los agentes de ICE, violó la ley federal Posse Comitatus, que prohíbe que militares participen de los esfuerzos de poner orden en la sociedad civil bajo las leyes domésticas.

Esta semana, en el tribunal, los abogados del gobernador Newsom y del Departamento de Justicia federal finalizaron sus argumentos en torno a la demanda que el gobierno de California presentó en contra de la administración Trump.

El abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, mantuvo que la ley Posse Comitatus, de 1878, no aplica a la movilización porque el presidente puede ordenarla si entiende que “no puede, con las fuerzas regulares, hacer cumplir las leyes de Estados Unidos”.

Hamilton también alegó que la demanda del gobernador Newsom no tiene precedentes.

“Si el propósito es proteger a los agentes del orden, no se trata, en primer lugar, de hacer cumplir la ley. Además, está el hecho de que está en juego el poder de protección inherente a la Constitución (del presidente). Esto constituye, en sí misma, una excepción a la ley Posse Comitatus”, dijo Hamilton durante las vistas del caso esta semana, según Associated Press.

La fiscal general adjunta de California, Meghan Strong, afirmó, por su parte, que lo que verdaderamente no tiene precedentes es la acción del presidente Trump y que las tropas tuvieron un papel activo, al detener personas en, al menos, dos ocasiones y establecer perímetros sobre el acceso a vías públicas.

“Los hechos son ineludibles: las actividades que ordenaron a las tropas… en el sur de California violan la ley Posse Comitatus”, subrayó Strong.