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La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley el Proyecto del Senado 217, que dispone una multa de $500 para aquellos se estacionen sus autos en un punto de recarga para carros eléctricos sin que el vehículo esté conectado
La medida, de la autoría de la senadora Nitza Morán, del Partido Nuevo Progresista (PNP), enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, mejor conocida como la Ley 22.
La ley dispone que ninguna persona podrá “detener o estacionar” un vehículo en un ”espacio que sirva como punto de recarga de vehículos impulsados mayormente por electricidad, salvo que el vehículo allí estacionado se encuentre conectado y en uso del dispositivo de carga".
La disposición, empero, “no aplicará al conductor o dueño de un vehículo cuando éste lo estacione en un punto de recarga que sea de su propiedad”.
La firma de la medida fue recibida con buenos ojos por Carlos Vizcarrondo, propietario y CEO de Velocicharge, la red de carga rápida para vehículos eléctricos más grande en Puerto Rico.
“Contar con un marco legal actualizado permite manejar estos escenarios de forma más estructurada y colaborativa con las entidades privadas y públicas, protegiendo tanto la infraestructura como la experiencia del usuario”, expresó Vizcarrondo en un comunicado de prensa.
Problema frecuente
Según datos compartidos por Velocicharge, en promedio, se registran entre 12 a 15 incidencias mensuales sobre vehículos estacionados en puntos de recarga sin estar conectados.
Las incidencias aumentan durante agosto y Navidad, así como en horas pico de la tarde y la noche, se indicó.
Según la compañía, tales incidencias “impactan directamente la disponibilidad del servicio para otros usuarios y la eficiencia operativa de la red”.
Velocicharge sostuvo que la nueva ley, en combinación con sistemas de alertas en tiempo real en su aplicación y cargos por inactividad (idle fees), permite orientar al usuario de forma gradual y transparente, lo que promueve una mejor rotación y disponibilidad de la infraestructura de recarga para autos eléctricos.
La empresa participó en las vistas públicas del proyecto, con el objetivo de promover la actualización de leyes que permitan tratar la infraestructura de carga eléctrica con criterios comparables a otras industrias de servicios.
Se estima que en Puerto Rico hay sobre 10,000 carros eléctricos, mientras que solo hay unas 200 estaciones de recarga públicas, a tenor con la plataforma Plug Share.
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