Las criptomonedas ganan popularidad en América Latina, aunque todavía no se utilizan de forma masiva. En su proceso de expansión, se han registrado escándalos vinculados con el uso de estos activos digitales.

En la mayoría de los países de la región, las autoridades han investigado el uso de estos activos digitales en casos de lavado de dinero, fraude, presunta corrupción y financiamiento del crimen organizado. A continuación, un extracto de los principales casos:

Uno de los casos más icónicos ocurrió en Argentina con la criptomoneda $LIBRA, cuando el presidente Javier Milei promocionó el token en sus redes sociales y lo presentó como una herramienta para financiar a pequeñas empresas argentinas.

Luego del respaldo del presidente, se produjo una compra masiva que disparó rápidamente su precio. Sin embargo, poco tiempo después, el valor de este se desplomó drásticamente, dado que se trataba de una memecoin cuya cotización depende, sobre todo, de la especulación.

Tras las especulaciones sobre una posible vulneración de la cuenta de Milei, el presidente borró la publicación y afirmó que, después de investigar el proyecto, decidió retirarle su apoyo.

Algunas personas que invirtieron en el criptoactivo perdieron todo su dinero, y otras llegaron a ganar millones de dólares. El caso es investigado como una posible criptoestafa con movimientos financieros sospechosos y eventuales implicaciones políticas.

En México existen antecedentes del uso de criptoactivos por parte de organizaciones criminales para el lavado de dinero y la adquisición de insumos ilícitos.

Las autoridades mexicanas han identificado que grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizan activos virtuales para mover ganancias y financiar operaciones de narcotráfico, especialmente relacionadas con el fentanilo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado cuentas bancarias y activos de personas y empresas vinculadas a redes de lavado que operan con criptoactivos.

En Chile, investigaciones señalan que estructuras vinculadas al denominado “brazo financiero” del Tren de Aragua estarían utilizando criptomonedas para ocultar el origen de dinero procedente del crimen organizado.

En junio de 2025, la Fiscalía solicitó el “congelamiento, cierre e incautación” de las billeteras digitales vinculadas con ese caso. La policía detectó el uso de Binance para convertir estos activos en dinero fiduciario.

Según explicaron investigadores al diario El Mercurio, en 2025, testaferros del grupo realizaban desde sus cuentas “transferencias internas de criptomonedas” que después cambiaban por dinero “fiduciario”, como el “CLP”.

En Colombia, la falta de una regulación específica ha facilitado el uso de criptoactivos en esquemas investigados por las autoridades judiciales.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Fiscalía General han documentado casos en los que las criptomonedas sirvieron como canal para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, la corrupción administrativa y la minería ilegal de oro.

Las investigaciones también permitieron desarticular redes transnacionales dedicadas al contrabando y a la captación masiva e ilegal de dinero mediante plataformas de inversión falsas que prometían rendimientos fijos mensuales en activos virtuales.

En Costa Rica, las criptomonedas, especialmente el bitcoin, se han convertido en los últimos años en el medio de pago exigido por delincuentes en casos de secuestro. Entre los episodios más conocidos figuran los del empresario George Angulo y el de William Sean Creighton.

El fiscal general Carlo Díaz también denunció que se pagó a troles en redes sociales con seis bitcoins para desprestigiarlo y para impulsar una campaña contra la Sala IV tras la declaración de inconstitucionalidad de la “Ley Jaguar”.

También existen investigaciones que vinculan el uso de criptomonedas con operaciones de lavado de dinero por parte de organizaciones delictivas.

El uso de criptoactivos en actividades ilícitas en Brasil involucra operaciones de gran escala documentadas en investigaciones de la Policía Federal (PF) y del Ministerio Público.

Una de ellas es la Operación Niflheim, en la que se investigó a grupos que operaban “bancos paralelos” para lavar dinero procedente del narcotráfico y el contrabando, movilizando cerca de 55,000 millones de reales.

Según los informes, el esquema convertía dinero en efectivo en criptoactivos para realizar remesas internacionales. Posteriormente, las autoridades bloquearon 9,000 millones de reales.

Por otra parte, los expedientes de la Operación Kryptos (2021–2025) investigaron un esquema piramidal liderado por Glaidson Acácio dos Santos, el cual reveló movimientos por 3,800 millones de reales incluso después del arresto de su líder. La respuesta estatal incluyó la venta anticipada de activos incautados por la Justicia Federal para mitigar los riesgos derivados de la volatilidad.

El año pasado, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público de República Dominicana presentó una acusación formal contra un ciudadano y su empresa por promover supuestas inversiones falsas en criptomonedas entre 2022 y 2023, con las que captó alrededor de $416,189.

Durante ese mismo año, el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país como medidas de coerción a una pareja acusada de estafar a 113 personas por más de $2 millones.

En 2022, una mujer estafó por más de $832,000 a decenas de personas con la promesa de multiplicar sus aportes en el mercado de criptomonedas, utilizando documentos falsos para respaldar un negocio ficticio.

En Venezuela, uno de los casos más sonados es el Petro, una criptomoneda estatal lanzada en 2018 y respaldada por las reservas petroleras y recursos minerales del país, con un valor inicial de $60.

Esta iniciativa ha sido señalada como un instrumento centralizado y controlado por el gobierno, además de estar vinculada con prácticas opacas y posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos. El Estado mantuvo el control total del sistema a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos.