La alegada conspiración perpetrada por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y otros acusados, en la que -a cambio de donativos políticos- se intentó descarrilar el funcionamiento de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la Red para la Detección de Delitos Financieros (FINCen), ha puesto una mácula en una institución clave para el funcionamiento de una economía y una sociedad democrática, dijeron varios entrevistados.