El Tribunal de Primera Instancia de San Juan sancionó al Banco de Desarrollo Económico (BDE) con $4,000 de multa por incumplir varias veces con las órdenes de descubrimiento de prueba en el caso que busca se anule la venta de su cartera de préstamo al comprador PR Recovery.

En días recientes este diario publicó que transcurridos casi dos años y medio desde que el BDE radicó la demanda para que se declare nula la transacción, todavía no se ha celebrado la primera vista, y las partes están aún en el descubrimiento de pruebas.

Al parecer, una de las razones para que el caso corra lento es que el propio demandante incurre en demoras.

“Al día de hoy, todos los términos otorgados por este Tribunal, para que se atendiera y/o contestase el descubrimiento de prueba por la parte demandante, están vencidos y surge del expediente que reiteradamente la parte demandante libre y voluntariamente ha determinado no cumplir nuestras órdenes y resoluciones, habiendo sido apercibida oportunamente de las consecuencias de dichas acciones”, lee parte de la determinación del juez Raúl A. Candelario López.

“El tribunal ha concedido múltiples oportunidades a la parte demandada para cumplir y no alberga dudas que el proceder de la parte demandante ha afectado el trámite eficiente del presente caso”, agrega la resolución.

El BDE se expresó sorprendido con la orden del Tribunal. “Definitivamente no es algo que esperábamos. Nos tomó por sorpresa. Muchos empresarios tienen preocupaciones y estamos en la misma página que ellos. Queremos que este caso se resuelva lo antes posible”, sostuvo Luis Alemañy, presidente del BDE.

Mientras, Fernando Valderrábano, abogado del bufete Cancio Nadal & Rivera (CNR) que representa al BDE en este caso, indicó que no está de acuerdo con la determinación del Tribunal, por lo que hoy martes, 19 someterá una moción de reconsideración.

La orden del tribunal se emitió el día 3 del presente mes y el BDE tiene 20 días para pagar la multa y contestar el descubrimiento, so pena de que le aumenten las sanciones.

“No es la intención del BDE dilatar este caso. Todo lo contrario, son las otras partes las que lo han hecho”, manifestó Valderrábano, quien aseguró que han suplido todas las contestaciones requeridas, aunque las partes Garnet Capital y PR Recovery han objetado algunas de ellas.

Parliament Capital Management LLC, otra de las partes demandadas, radicó también una moción el 6 de abril para obligar al BDE a responder el descubrimiento, y el tribunal le concedió un término de 15 días al Banco para expresarse o contestar.

Esta demanda de nulidad, radicada por el BDE en el 2019, supera los $400 millones y es uno de los casos más grandes que actualmente tiene ante sí el Tribunal de Primera Instancia, según un abogado con vasta experiencia y quien pidió se mantuviera su nombre en el anonimato.

“Yo nunca había visto una orden como esa en los 40 años que llevo litigando. Esto demuestra que los recursos legales asignados para pelear el caso no son suficientes. Si el Banco quiere ganar esta demanda, tiene que tener un equipo bravo, con cuatro o cinco abogados y un número similar de paralegales”, opinó el letrado.

“No es común que en casos civiles los tribunales estatales sancionen. Los tribunales son bien laxos, y cuando multan a una de las partes es porque no es que te dieron tres oportunidades, es que te dieron 15 y las fallaste todas”, comentó otro abogado relacionado con el pleito que prefirió no ser identificado.

Mientras, un empresario ex cliente del Banco expresó: “es extraño que sea el demandante el que está evadiendo el descubirmiento de prueba. Es como si no quisiera llegar al fondo de lo que realmente pasó ni que se revierta el monto de la cartera al Banco”.

Desestiman mandamus

De otro lado, la semana pasada el Tribunal federal desestimó la demanda de mandamus que tres empresas habían radicado en el 2021 para que se obligara a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a revisar el controvertido contrato de compraventa entre el BDE y PR Recovery.

El juez Raúl Arias Marxuach determinó que los empresarios dejaron pasar más de un año desde que se vendió la cartera hasta que radicaron el pleito, por lo que ya no tenían derecho a reclamar daños.

Pero, el abogado Carlos Lamoutte, quien representa a las empresas R&D Enterprises, Pro-Pave Corp. y Matrix Transport Inc., señaló que elevará el caso al tribunal de Boston, pues esta súplica no se trata un caso de daños.

“La JSF mantiene un deber de fiducia con el gobierno de Puerto Rico, así como un presupuesto anual de sobre $60 millones que les permite evaluar en detalle ese único controversial contrato de sobre $384 millones, ya sea para convalidarlo o para invalidarlo. No hace ningún sentido jurídico que, por un lado el BDE esté impugnando ese contrato a base de alegaciones de fraude y dolo, y por el otro lado la JSF se niegue a intervenir con ese mismo controversial negocio. ¿Qué interés público o privado protege la JSF al negarse a revisar ese controversial contrato de sobre $384 millones?”, cuestionó Lamoutte.

Ese contrato se vendió con un descuento de 91%. La JSF ha dicho que está obligada a aprobar todo contrato gubernamental que exceda los $10 millones, pero se ha negado a revisar esa transacción, que ha impactado a decenas de pequeñas y medianas empresas locales.