La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) publicó el borrador de un nuevo reglamento para establecer un procedimiento uniforme para la solicitud y emisión de determinaciones administrativas y cobrar por la tramitación de estas solicitudes.

De aprobarse la propuesta se conocerá como “Reglamento Sobre Solicitudes y Cobro de las Determinaciones Administrativas Presentadas en la OCIF”.

Según el documento, la medida serviría para recuperar parte de los costos asociados a la emisión de determinaciones administrativas, “alineado con los principios de eficiencia administrativa, proporcionalidad y uso responsable de recursos públicos”.

Una determinación administrativa es la opinión formal de la OCIF sobre un caso específico, que aclara cómo aplica la ley, pero que no crea derechos permanentes ni precedentes y puede cambiar si varían los hechos o las reglas.

La OCIF aseguró que la aprobación de este reglamento no genera un impacto fiscal adicional para la agencia, puesto que los costos operacionales ya incurridos al analizar y tramitar solicitudes de determinaciones administrativas son parte de las funciones regulatorias delegadas por ley.

“La adopción del Reglamento establece una estructura regulatoria, coherente y costo-efectiva, que permite la recuperación parcial de los costos asociados a la evaluación de solicitudes, y promueve un uso responsable de los recursos públicos”, detalla la propuesta.

Esta propuesta establece que los cargos por estas solicitudes se fijarán mediante cartas circulares y que, en casos donde una solicitud incluya múltiples asuntos, cada uno será tratado como independiente para fines de cobro.

De acuerdo con el regulador de instituciones financieras, se recibe un “volumen considerable” de solicitudes de determinaciones administrativas, las cuales requieren un análisis jurídico, regulatorio y técnico sustancial, así como la intervención del personal especializado encargado del manejo y procesamiento de dichas solicitudes.

“Los cargos adoptados reflejan el nivel de esfuerzo y los recursos especializados requeridos en cada solicitud, sin imponer obligaciones fiscales nuevas al erario, ni trasladar cargas adicionales a la ciudadanía en general, fuera del costo razonable asociado al servicio solicitado”, lee el borrador.

El reglamento también reafirma la discreción de la OCIF para aceptar, evaluar o rechazar solicitudes, así como para requerir información adicional o archivar casos si no se cumplen los requisitos establecidos.

Además, delimita los casos en los que la agencia no emitirá determinaciones administrativas, incluyendo consultas hipotéticas, asuntos bajo litigio o investigación, o planteamientos de carácter general que no estén atados a una transacción específica.