El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Domingo J. Torres García, presentó este lunes un referido al Departamento de Justicia solicitando una investigación contra la excomisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira, y la actual comisionada, Mónica Rodríguez Villa, por alegados actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.

Presuntamente, según el representante, lo que motivó la intervención de la OCIF contra las empresas de arrendamiento y financiamiento de autos en Puerto Rico, Allied Fleet Services y AAA Car Rental, fue una supuesta represalia de Natalia Castiel, quien es la exnovia de Sebastián Carazo Forastieri, gerente general de las empresas, y que además sería amiga de la excomisionada de la OCIF.

El referido surgió tras la obtención de una declaración jurada y evidencia electrónica que, según Torres García, apuntan a un presunto patrón en el que “el poder regulador del Estado pudo haber sido utilizado para castigar a una empresa privada por asuntos personales”.

Uno de los elementos que el representante denunció es un alegado intercambio de mensajes atribuido a la entonces comisionada, en los cuales, supuestamente Castiel solicita a Zequeira, imponer una multa -“Croqueta Fee” y un “Cabr&% Fee”- contra el empresario, luego de que Castiel y Carazo Forastieri culminaran su relación sentimental.

Zequeira conversó brevemente con El Nuevo Día y explicó que, de momento, estaba imposibilitada de ofrecer declaraciones públicas.

Al momento de la más reciente intervención de la OCIF en Allied y AAA, Rodríguez Villa se desempeñaba como subcomisionada de la OCIF.

El Nuevo Día también intentó obtener una declaración de parte de Rodríguez Villa, actual jefa de la OCIF, pero, al momento, la funcionaria declinó a reaccionar.

Este diario supo que, supuestamente, Carazo Forastieri es el hijo de Rhamses Carazo, presidente de ambas empresas de alquiler de autos.

Este diario solicitó una entrevista al presidente de las entidades, pero al momento de esta publicación tampoco hubo respuesta.

Alegadamente, Castiel sugirió a Zequeira que, al momento de ejercer su poder regulador y multar a Allied Fleet Services y AAA Car Rental, “inventara” e impusiera los cargos. Según el documento sometido a Justicia, la excomisionada supuestamente respondió mensajes con tono amenazantes contra Carazo Forastieri.

“Estas expresiones son profundamente perturbadoras y totalmente incompatibles con el ejercicio imparcial del servicio público. Más grave aún cuando provienen de una funcionaria con amplios poderes regulatorios y sancionadores sobre empresas privadas en Puerto Rico”, expresó Torres García.

En noviembre pasado, El Nuevo Día reveló que la OCIF emitió una querella, en la que se detalló que las empresas estaban operando, aparentemente, sin las licencias correspondientes desde enero de 2025 hasta octubre del mismo año. Además, presuntamente, no se presentaron los informes trimestrales requeridos por los pasados años, según el regulador.

Como resultado de la intervención de la OCIF, ambas empresas recibieron multas ascendentes a $361,000 por 41 supuestas violaciones a las leyes vigentes. Esto, al no presentar informes trimestrales al regulador por aproximadamente una década.

El regulador identificó múltiples potenciales violaciones a la Ley de Instituciones de Arrendamiento de Propiedad Mueble (Ley 20-1973); Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento (Ley 68-1964); Ley de Dinero y Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados (Ley 36-1989); y la Carta Circular CC-09-2-2009.

No es la primera vez que la OCIF interviene con Allied. En noviembre de 2024, el Área de Exámenes a Instituciones Financieras No Depositarias examinó las operaciones de la compañía entre 1 de enero de 2022 al 31 de agosto de 2024.

En ese examen se hicieron 15 señalamientos y se emitió una multa de $30,300, que aún no se ha pagado y que se suma a los $361,000 en multas emitidas en octubre pasado, explicó entonces la OCIF a este diario.

En diciembre pasado, El Nuevo Día supo que el caso se encontraba en el proceso de descubrimiento de pruebas para iniciar vistas y que las empresas aún deben todas las multas que le impuso la OCIF, las cuales suman $391,300.

Tanto Allied como AAA Car Rental están imposibilitadas de realizar arrendamientos de largo plazo o de más de $10,000 a consecuencia de la orden.

En tanto, el referido solicita a Justicia una investigación independiente y exhaustiva sobre las actuaciones denunciadas, incluyendo la preservación inmediata de toda evidencia electrónica relevante, la evaluación de posibles violaciones éticas y criminales, la determinación de conflictos de interés dentro de la OCIF y un posible referido al Tribunal Supremo de Puerto Rico por conducta incompatible con la profesión legal.

Torres advirtió que, de confirmarse los hechos, el caso representaría “uno de los ejemplos más peligrosos de utilización del poder gubernamental como herramienta de represalia personal”.

“Las agencias reguladoras existen para proteger al pueblo, no para ejecutar vendettas personales desde el gobierno. Nadie puede convertir el poder del Estado en un arma privada”, indicó Torres García.

Zequeira fue nombrada por el exgobernador Pedro Pierluisi, en febrero de 2021. Luego del cambio de administración y a pedidos de la gobernadora Jenniffer González Colón, la comisionada accedió a permanecer en el cargo por unos seis meses, que se cumplieron el pasado 30 de junio. Mientras, Rodríguez Villa fungió como subcomisionada durante ese periodo.