Valeria Hernández y su esposo Gabriel Sánchez libran lo que podría describirse como una “batalla” para conseguir un techo propio.

“Ha sido bien frustrante. Lo que hace poco uno conseguía en $140,000 está a $200,000. No es fácil. ¿Cómo todo ha cambiado en tan poco tiempo? Uno ve los salarios y dice, ¿cómo uno llega hasta allá arriba?”, planteó la joven, quien -sin ayudas ni subsidios- cualificaría para una hipoteca de hasta $160,000.

La pareja, de 27 años de edad y 29, respectivamente, lleva más de un año en búsqueda activa. Experimentan el sinsabor de visitar propiedades para luego descubrir que compradores con dinero en efectivo les arrebataron cada oportunidad. El joven matrimonio continúa viviendo alquilado y cada día más desanimado.

“En mi trabajo, en edades, tenemos de 20 a 30 años, y a veces, nos ponemos a consolarnos los unos a los otros. Nos sentimos que ya no hay oportunidades”, expresó.

La realidad es que, actualmente, solo el 56% de las familias típicas en la isla cualifican para una hipoteca con 20% de pronto, según el Índice de Asequibilidad de Vivienda, que prepara la firma de investigación Estudios Técnicos. Antes de la pandemia del coronavirus, el promedio histórico era de 84%, reportó el Índice de Asequibilidad de Vivienda, que prepara la firma Estudios Técnicos.

Sobre el perfil mayoritario de quienes solicitan hipoteca para adquirir su hogar, Ivonne Rodríguez, líder en Puerto Rico de Mortgage Guaranty Insurance Corporation (MGIC), estimó que “los ingresos están desde los $30,000 hasta los $100,000, especialmente en los que trabajan por cuenta propia”.

Con las tasas actuales, indicó que abundan las cualificaciones de hasta $230,000.

“Hay que hacer algo con la emergencia nacional que tenemos de que no hay vivienda. Se nos va nuestra gente joven, nuestros profesionales jóvenes“, exhortó el desarrollador Alejandro “Alex” Brito, en entrevista con En pies cuadrados. “Pero para los proyectos residenciales turísticos (RT), el gobierno va detrás de ellos impulsándolos”.

En entrevistas separadas, diversas voces del sector de la construcción de Puerto Rico aseguran que en la isla se ha producido un cambio cuando se trata de política pública para el desarrollo de vivienda.

Para construir un condohotel o una vivienda de lujo dentro de un complejo turístico en Puerto Rico, existen incentivos de hasta 60%, exenciones en arbitrios de construcción, tasas contributivas reducidas y prioridad en el proceso de permisos, situación que no se reflejada de igual forma en los proyectos de vivienda nueva.

Brito lamentó que los proyectos de vivienda nueva en Puerto Rico “están a su suerte”, en un escenario de alzas en materiales de construcción, tasas de interés, seguros y mano de obra. Encima, denunció que el gobierno les requiere construir la infraestructura a la que se conectarán los proveedores privados de telecomunicaciones y ahora, el operador eléctrico LUMA Energy.

Ante este panorama, el desarrollador detalló la necesidad de legislar incentivos para que se puedan construir casas y hogares a precios accesibles para la mayoría de los puertorriqueños.

Esa realidad se refleja explícitamente en el precio de las propiedades en Puerto Rico. Datos compilados por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) y que descansan en información de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) demuestran que en una década, el precio promedio de una vivienda nueva en la isla se ha disparado en 124% y el precio promedio de una vivienda existente ha subido 56%.

Las cifras también demuestran una diferencia de triple dígito porcentual entre la vivienda nueva y la existente.

El año pasado, el precio promedio de una residencia nueva en Puerto Rico llegó a $439,006, casi el doble de los $223,725 que promedió la vivienda existente, según el más reciente informe de demanda de vivienda publicado por la OCIF.

“Si no se puede hacer RT sin el 40% de créditos contributivos, sin eximirlo por decreto del IVU en los materiales de construcción, es lo mismo que pasa con la vivienda de la clase trabajadora. Si ponen todos los beneficios en un sector, todo el mundo va a ir a ese sector. Tan sencillo como eso“, expuso Brito. “El dinero busca dónde su rendimiento es mayor y su riesgo es menor. Eso está en RT”.

Por el contrario, en el caso de la vivienda -incluido el segmento de lujo-, las imposiciones del gobierno estatal y los municipios han aumentado a tal nivel que “30% a 35%” del precio final de una casa responde a costos gubernamentales, indicó la presidenta de la Asociación de Constructores (ACPR), Pinsy Rivera, al participar de un foro enfocado en vivienda, al que este medio asistió en marzo pasado.

Rivera se sumó al reclamo de Brito diciendo que, “para vivienda asequible, el gobierno debe dar un incentivo o un crédito contributivo a los desarrolladores, como hace con los proyectos turísticos”.

Con precios desde $400,000 hasta $7.75 millones, este medio identificó que ahora mismo se construyen unos 11 proyectos de vivienda nueva, entre urbanizaciones y condominios.

Mientras, existen al menos unos 30 proyectos con clasificación RT en proceso de permisos o construcción activa. Estos están, no sólo en polos de lujo usuales, como Condado, Dorado, Humacao y Río Grande, sino también en Guayama, Vega Alta, Aguadilla, Isabela, Loíza y Fajardo, entre otros. La lista no incluye hoteles sin un componente residencial.

Al igual que otras actividades económicas como las operaciones de manufactura, la agricultura, el desarrollo de proyectos turísticos en Puerto Rico, se financia -en parte- con el dinero de los contribuyentes.

De acuerdo con el Informe de Gasto Tributario de Puerto Rico 2025 (IGT o PRTER25) del Departamento de Hacienda, en el año contributivo 2023, el Estado dejó de devengar aproximadamente $211.5 millones por concepto de cinco categorías de créditos, exenciones o incentivos contributivos para desarrollos turísticos.

En las proyecciones a cinco años detalladas en el PRTER25, se anticipa que el gasto tributario correspondiente a tratos preferenciales para desarrollos turísticos aumentará 11.3%, para un total de $235.5 millones.

El gobierno también ha otorgado incentivos pensados para el sector de vivienda como la Ley 212 de 2002 que ofrecía tratos preferentes para repoblar los cascos urbanos. Sin embargo, el PRTER25 establece que ese estatuto -cuyo costo al fisco se estima en poco más de $1.7 millón al año- quedó sujeto a una moratoria sobre ciertos créditos contributivos que fue impuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) desde hace una década.

“Hay que preguntar a los gobernantes qué tiene prioridad, si el puertorriqueño de la clase trabajadora o si tienen otra preferencia”, planteó Brito. “Sé que la industria de construcción está lista para comenzar a construir para la clase trabajadora”.

De otra parte, durante el citado foro, el desarrollador Agustín Rojo, de VRM Companies, denunció que el gobierno ha dejado pasar un año sin implementar la Ley 100-2025, que flexibiliza los precios máximos para los proyectos que se certifiquen como de interés social o asequibles.

Rojo aseguró que no ha sido por falta de seguimiento, pues la ACPR, que presidió hasta finales del 2025, ha estado en conversaciones con el Departamento de la Vivienda y el gobierno en general luego de conseguir lo más difícil: lograr la firma del estatuto.

“No hemos tenido éxito. Cuando vemos eso, es desalentador”, reconoció. “No hemos podido producir una política pública de vivienda que sea coherente”.

Rojo afirmó que –como poco– el Estado y los municipios deben reconsiderar costos que están en su poder reducir o diferir, como los arbitrios de construcción, que han subido del rango de 3% a 5% hasta 10%.

Rojo contextualizó que las imposiciones gubernamentales se establecieron en un ambiente de costos estables y “cuando la asequibilidad era otra. Hoy está en el punto más bajo”.

“No es subsidiar la industria. Es no imponerle tantos costos, particularmente para viviendas asequibles”, urgió Rojo, cuya firma ha construido desde urbanizaciones de interés social hasta comunidades enteras estilo resort.

De otra parte, Brito puntualizó que el giro de más constructores hacia el segmento de residencias de lujo y los proyectos RT es un fenómeno postpandémico, impulsado por los costos y el atractivo de los incentivos.

“La norma en Puerto Rico sido siempre construir casas para clase media, media baja y media alta, porque ahí está el grueso de la población”, afirmó Brito.

Por otro lado, Brito explicó que, aunque el gobierno catalogue como “asequibles” los proyectos de alquiler subsidiado que actualmente se adelantan con créditos contributivos y fondos de recuperación (tanto CDBG-DR como MIT), las casas y condominios disponibles en ese segmento no reducen la necesidad de vivienda para la clase media. Esto responde a que ese inventario está reservado para poblaciones de muy bajos ingresos, incluidos adultos mayores y discapacitados, en el caso de las égidas.

Mientras, en un ambiente de tasas más altas que han reducido su margen prestatario, los individuos o familias que celebran alzas recientes en sus salarios también corren el riesgo de quedar fuera de Pronto pa’ tu casa, el programa gubernamental que aporta hasta $60,000 a los gastos de cierre y pronto de compradores de ingresos bajos a moderados.

Por ejemplo si los compradores son una pareja y ambos ganan más de $14.84 la hora, no cualifican. El límite anual es de $54,050 para una persona, pero sólo de $61,750 para dos.

“La clase trabajadora es el jamón del sándwich. Gana demasiado para cualificar para ayudas, pero no lo suficiente para comprar”, lamentó el líder de Brito Development Group.