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Al comparecer ante la Cámara de Representantes para defender el propuesto Código de Planificación y Permisos, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, dijo que el gobierno no consultó con ninguna agencia federal antes de proponer cambios al complicado sistema de permisos.
Sobre la posibilidad de que los cambios incidan en la asignación de fondos federales para proyectos en la isla, el secretario dijo que, si algo del proyecto afecta las asignaciones, existen disposiciones en la medida para evitar la pérdida de fondos federales.
“Nosotros hemos hablado con las agencias estatales. Con las agencias federales, nosotros estamos esperando que continúe el proceso legislativo para, una vez se establezca, de aprobarse, los periodos de transición son los que permiten esas conversaciones y esas consultas con las agencias federales”, dijo el secretario.
A preguntas del portavoz popular Héctor Ferrer, el secretario afirmó que el proyecto cuenta con disposiciones “que dicen que si una agencia (federal) se opone a una transferencia, eso se mantendría en la agencia que tenga la asignación o delegación federal”.
“Si hay algún requerimiento de que la actividad se siga dando en la agencia concernida, eso se mantendría y buscaríamos cómo trabajar con esa agencia para asegurarse que no sea un tropiezo a la idea de centralizar. Pero quiero ser bien claro: bajo ningún concepto se pondrá en riesgo ningún programa federal ni fondos federales”.
Negrón Reichard compareció este jueves ante la Cámara de Representantes en el primer día de vistas públicas sobre Proyecto de la Cámara 1213 (PC 1213) presentado por la gobernadora Jenniffer González Colón.
Ante el señalamiento de que el proyecto fue radicado sin que mediara una consulta con las agencias que manejan asignaciones de fondos federales a la isla, el representante Ferrer expresó preocupación de que la legislación ponga en riesgo los fondos asignados a la isla.
“A fin de cuentas, se está estableciendo una legislación con unos parámetros que buscan consultar con las agencias federales esa delegación que sería por ley, sin tener la impresión del gobierno federal sobre esa delegación que se realiza”, dijo Ferrer a El Nuevo Día. “Estamos hablando de fondos federales que se pueden ver afectados por la delegación en acuerdos colaborativos con agencias federales y no estaría mal que se consulte”.
Ya organizaciones como la Asociación de Industriales de Puerto Rico levantaron bandera sobre el efecto del PC 1213 (en el Senado con el número 1183) en la asignación de fondos federales. Recomendaron incluir transiciones detalladas para evitar este riesgo, pues el proyecto propone consolidación de agencias y cambios en las estructuras de aprobación del proceso de permisos.
Costo del proyecto
En su ponencia ante la Cámara baja, Negrón Reichard detalló que, de aprobarse, en su primer año, implementar el nuevo Código de Planificación y Permisos significaría un costo de $6.9 millones en el primer año.
Sobre las agencias que crearía el proyecto, el secretario dijo que una tajada importante del costo es la creación de 29 nuevas posiciones en varias áreas. Por ejemplo, la Oficina Central de Permisos (OCP), que propone el proyecto, tendría 17 nuevos oficiales de proyecto, un gerente y un especialista, con un impacto fiscal de $1 millón.
Mientras, la nueva Oficina de Agrimensura de Puerto Rico requeriría 10 empleados de la Junta de Planificación y cinco nuevas contrataciones, con un costo de $212,099. La Oficina de Atención y Resolución de Querellas tendría cinco nuevas contrataciones y un costo de $274,668. En cuanto a la Junta de Revisiones Administrativas, necesitaría entre tres y cinco miembros a un costo para el fisco de $209,100.
En total, las nuevas contrataciones suponen un gasto de $1.7 millones ya contemplados en los casi $7 millones que costaría implementar el proyecto.
Preocupado por la libertad religiosa
El presidente de la Cámara baja, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, expresó preocupación por cómo el proyecto de la gobernadora afectaría la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa. Cuestionó cómo se protegerían los derechos de los profesionales acreditados creados por esta legislación, específicamente los que no quieran otorgar un permiso a – según el ejemplo que utilizó - para un dispensario de cannabis.
Ante la pregunta, el secretario no contestó la pregunta de inmediato y dijo que tendría que corroborar la respuesta.
“Quiero dejarle saber que sí está establecido que un proponente tiene 10 días para levantar un conflicto”, agregó Negrón Reichard al indicar que los profesionales que tendrán autoridad para emitir permisos no son considerados empleados del gobierno.
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