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Organizaciones comunitarias y ambientales comparecieron este miércoles ante la Cámara de Representantes para oponerse al proyecto de permisos propuesto por la gobernadora Jenniffer González Colón, por entender que “echa para atrás derechos ya ganados”.
A entender de estos grupos, el propuesto Código de Planificación y Permisos, saca del proceso de permisos las voces comunitarias.
El grupo de portavoces comunitarios de Río Piedras reclamó de manera específica que se remueva del propuesto código la propuesta de eliminar la Ley 75 de 1995 o la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras.
El presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dejó saber durante la vista que no considera que ese proyecto tenga que ver con el tema de los permisos, por lo cual se inclinaría a enmendar estas referencias del proyecto presentado por la gobernadora.
Esa discusión atrajo ayer a un grupo de residentes y líderes del casco de Río Piedras que ocuparon dos salones de vistas públicas, uno de estos en los cuales se presentó la vista mediante circuito cerrado.
En la vista, Elba Leticia Collazo Díaz, representante de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, insistió en que la Ley 75 no tiene nada que ver con el tema de los permisos, por lo cual urgió eliminar las referencias a este tema del proyecto.
Fue más allá al indicar que la legislación propuesta “pone en riesgo la participación comunitaria, la permanencia de residentes y los proyectos que Río Piedras ha construido por décadas”.
1 / 24 | FOTOS: Cuando las compras se hacían en el Paseo de Diego. El Paseo de Diego en Río Piedras era prósperos en negocios. - Archivo
“La Ley 75 no es una ley de permisos ni un obstáculo para el desarrollo económico”, dijo Collazo Díaz. “Es una herramienta de participación ciudadana, planificación comunitaria y coordinación institucional que ha permitido que residentes, comerciantes, juventudes, comunidades de base de fe, estudiantes, la Universidad de Puerto Rico y otros sectores incidan en las decisiones sobre el futuro del casco urbano”.
El proyecto propuesto por la gobernadora, propone expresamente derogar la Ley 75 y, en vez, dejar en manos del Municipio de San Juan el “preparar, adoptar e implementar un Plan de Área o atender este en la próxima revisión integral para la demarcación urbana de Río Piedras”.
Según dice el proyecto, ese plan deberá “modernizar y armonizar las políticas de ordenación territorial, usos, intensidad, diseño urbano, movilidad, patrimonio, vivienda y desarrollo económico”, y todo se haría según el Código de Planificación y Permisos.
“Río Piedras no necesita menos participación, menos coordinación ni menos herramientas comunitarias”, dijo Collazo Díaz. “Necesita instituciones efectivas, cercanas y comprometidas con su desarrollo integral. Derogar esta ley no resolvería los retos administrativos del país; únicamente debilitaría un modelo probado de participación democrática y desarrollo territorial”.
A la vista compareció también el planificador Luis Jorge Rivera, quien habló como parte de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste. En su presentación, dijo que el proyecto propuesto abarca más allá del tema ministerial de los permisos para ampliar las zonas donde se permitiría construir.
El proyecto, agregó, “debe eliminar toda enmienda propuesta para modificar el estado de derecho relacionado a la planificación de los usos del terreno, la clasificación de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y Áreas Naturales Protegidas”, dijo.
Agregó que “se debe presentar legislación para facilitar y ampliar la limitada participación pública en todo proceso relacionado a la autorización de actividades en la ZMT, en Áreas Naturales Protegidas, y cumplimiento ambiental, ante la evidente y probada dificultad de las agencias concernidas en poder cumplir con su responsabilidad fiscalizadora. La participación pública debe reconocerse como el ejercicio o derecho legítimo de los ciudadanos de abogar por el interés público”.
La Cámara proyecta terminar las vistas sobre esta medida la semana entrante, mientras el Senado continúa la consideración del proyecto de la gobernadora, junto a una medida radicada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz para cambiar el sistema de permisos.
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