Un aumento en la factura de electricidad significaría aumento de precios en todos los bienes. (GFR Media)

Si la jueza Laura Taylor Swain aprueba el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y, junto con ese pacto, autoriza el cargo para pagar las pensiones de la corporación pública, prepárese para ver un aumento en su factura de la luz por los próximos cinco años y, de paso, pagar más caro por todo lo que compre, desde la gasolina hasta el cafecito del “break” de la tarde.

En el peor de los casos, en promedio, desde este año fiscal hasta 2024, cada hogar, cada hospital o la panadería del pueblo, al igual que cada complejo industrial a lo largo y ancho de Puerto Rico, verán un sopetazo en su bolsillo que comenzaría en 13% y llegaría a 47% en el año fiscal 2024, según un estudio del economista Ramón Cao García.

El estudio fue un pedido del representante de los consumidores en la junta de gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, quien decidió utilizar el estipendio mensual de $5,000 que recibe para fomentar la discusión y la educación ciudadana en temas energéticos por su impacto en la vida y la actividad económica.

El impacto de la reorganización financiera que se prepara para la AEE -con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)- es de tal magnitud que, según el estudio de Cao García, no habrá familia, pero tampoco industria o comercio, que pueda asimilarlo sin experimentar más pobreza, aumentar los precios o despedir empleados.

A manera de ejemplo, partiendo del estudio, si en la actualidad usted consume unos 850 kilovatios por hora (kvh) y paga unos $180 al mes, para 2024, si consume lo mismo, su factura mensual será de $274. Eso significa sobre $1,000 más al año en su factura eléctrica. Un abonado que ahora paga unos $100 al mes, pagaría unos $155 para 2024. A esas cifras, tendrá que sumar los otros aumentos que verá cuando vaya a la gasolinera o haga la compra.

La astucia de los abogados

“A los bonistas debe pagarse lo más posible, pero sin que la (AEE) quiebre nuevamente en unos cuantos años y que el país, la economía y la sociedad lo puedan aguantar”, indicó Cao García, al hacer un llamado a retirar el acuerdo de reestructuración de la AEE y procurar un recorte de al menos 41% en los bonos de la corporación pública.

Cao García lleva varios meses disectando el acuerdo definitivo de reestructuración (RSA, en inglés) que la JSF presentó a la jueza Swain en mayo pasado, así como el plan fiscal que el organismo federal certificó para la AEE en junio pasado.

Lo que me sorprende de todo esto es que los abogados y consultores de los bonistas hicieron un excelente trabajo, en el sentido de que consiguieron un montón para sus clientes”, dijo Cao García, al plantear que mientras los dueños de la deuda recuperarían casi 80 centavos de dólar, la economía de la isla podría ir cuesta abajo.

Según Cao García, el RSA de la AEE contempla todo tipo de salvaguardas para que los bonistas cobren su tajada, pero no se explica cómo la AEE podrá cumplir con este sin crear más desigualdad en la sociedad y erosionar la competitividad de los negocios.

Las premisas de la JSF

La reorganización financiera de la AEE descansa en tres pilares principales. Dos de ellos son recortar parte de los $9,000 millones en deuda pública a través del RSA y modificar las pensiones de los jubilados de la AEE (que están separadas del gobierno central).

Para pagar esas obligaciones, la AEE cobrará a los abonados un “cargo de transición” y otros cargos adicionales para compensar los subsidios a abonados, el consumo de electricidad en vías e instalaciones públicas y cubrir el déficit del Sistema de Retiro de la AEE.

El tercer pilar del plan de la AEE se centra en reducir, a unos seis centavos el kvh, el precio que la AEE paga a los productores de energía renovable, lo que se identifica como PPOA, en inglés. En la actualidad, tales acuerdos oscilan entre 15 y 19 centavos el kvh.

El plan avalado por la JSF también contempla que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y otras agencias federales aporten casi $16,000 millones para reparar la infraestructura eléctrica de Puerto Rico, lo que facilitaría la privatización de esos activos.

La reforma eléctrica es tan importante que, según la JSF, beneficiará a la economía de la isla en los años venideros.

Pero el análisis de Cao García, el primero que escudriña los supuestos financieros del RSA y aquellos en el plan fiscal de la AEE, pinta un cuadro muy distinto.

Para el economista, los asesores que han facturado millones de dólares al gobierno y la JSF no han examinado el efecto que tendrán sus soluciones en una economía en modo de “contracción estructural” desde 2006.

Aumento en precios

“Como la electricidad se utiliza para todo, cualquier aumento en tarifa tiene consecuencias”, recordó Cao García.

El comercio compensará el alza en su factura aumentando los precios y el negocio que no pueda pasar el incremento, recortará sus gastos por otro lado, como la nómina.

Según el estudio de Cao García, un aumento en la tarifa eléctrica -que se sumaría al aumento inflacionario que suele darse cada año- podría aumentar los precios de la comida entre .30% y .62%, y los servicios de salud entre 1.14% y 1.38%.

 En el agregado, bajo el escenario más favorable y de acuerdo con el análisis, el impacto de la reorganización financiera de la AEE podría implicar, a partir de este año fiscal hasta 2024, un cambio de entre 1.22% a 1.32% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el escenario más adverso, el IPC podría ver un cambio de entre 2.05% a 2.47%.

Gastos operacionales

Cuando se analiza el impacto de la reorganización financiera de la AEE en los principales sectores económicos, en el escenario más favorable, los costos de operación aumentarían 0.52%. En el peor de los casos, estos aumentarían 1.05% para el 2024.

“Si aumentamos los costos de la manufactura sabiendo que ya hay otros agravantes, como la reforma contributiva que se dio en Estados Unidos y las leyes de cabotaje -que todavía ni siquiera nos han eximido para la importación de gas natural-, la capacidad de ese sector, que es de lo que vivimos, terminará de hundirse”, dijo Cao García.

“Un alza de 2.7% en costos es básicamente la ganancia de un supermercado. Un alza de 1% significa que todas las fábricas de genéricos, donde los márgenes son bien pequeños, no tengan por qué quedarse en Puerto Rico”, ejemplificó, por su parte, Torres Placa.

Según los números de Cao García, si se implementa el cargo de transición y los demás cargos detallados en el plan fiscal, Puerto Rico se expone a perder unos 68,606 empleos. Esto, aun bajo el supuesto de que el gobierno federal aporte todo el dinero para la reconstrucción eléctrica.

Sin embargo, el plan fiscal de la AEE plantea la posibilidad de que el gobierno federal solo aporte 45% del dinero que se necesita. En ese caso, el peor de los escenarios, Puerto Rico se expone a perder hasta 170,756 puestos de trabajo hacia el año fiscal 2024.

Llamado a retirar el RSA

“Aquí tiene que haber consecuencias”, dijo Torres Placa, al señalar que es claro que ni la JSF ni el gobierno ejercieron la debida diligencia a la hora de pactar el acuerdo de reestructuración de la AEE.

Torres Placa indicó que solicitó una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para discutir los hallazgos del estudio y sostuvo que el documento estará disponible para que cualquiera de las partes que lo interese pueda presentarlo como evidencia en el caso de Título III de la AEE.

Según Cao García, en lugar de adoptar el RSA vigente, lo que procede es que el gobierno y la JSF lo renegocien en función de lo que la AEE y la economía de Puerto Rico pueden sufragar y la relación entre la deuda y activos que exhiben diversas compañías eléctricas públicas en Estados Unidos, que promedia 56%.

Específicamente, el estudio de Cao García propone que en lugar de recortar aproximadamente entre 20% y 30% de la deuda pública vigente, el recorte sea de 49%. Eso implicaría reducir el principal adeudado por la AEE a unos $4,668 millones.

Cao García indicó que estaría dispuesto a actuar como perito y discutir su trabajo con la jueza Swain, quien preside el caso de Título III de la corporación pública.

Ayer, El Nuevo Día citó al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero, quien sostuvo que tanto él como el representante del gobierno ante la JSF, Elí Díaz Atienza, examinarán el acuerdo de la AEE.

Díaz Atienza, sin embargo, presidía el cuerpo directivo de esa corporación pública cuando se avaló el controversial pacto.


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