Cuando en marzo del 2020 el gobierno forzó el cierre de toda actividad comercial como medida preventiva para contener la propagación del COVID-19, la seguridad alimentaria cobró un nuevo matiz, no tan solo por la paralización de líneas de distribución y acarreo, sino por la falta de manos para cosechar y llevar a la mesa los productos frescos de las fincas locales.