La gobernadora Jenniffer González Colón desmintió a la empresa LUMA Energy luego que el consorcio argumentara ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) que la cancelación de su contrato significaría un costo de $1,300 millones.

Al hablar del litigio que busca cancelar el contrato de Operación y Mantenimiento (OMA, en inglés) de LUMA, la primera ejecutiva dijo que ese contrato debería estar en manos de operadores “americanos”, y no “de Canadá”, como es el caso de la matriz de LUMA Energy.

“Rechazo categóricamente las expresiones que LUMA hizo en su alegato. Yo creo que son completamente falsas”, dijo la gobernadora este martes a preguntas de la prensa. “Ellos vienen inflando esos números, cambiando esos números desde hace dos años. Estamos hablando de que no se cumplió con el proceso de enmendar un contrato; con una sola carta el gobierno de Puerto Rico extendió un contrato sin mediar una enmienda, sin pasar por la Legislatura, sin cumplir con los requisitos de ley”.

Según publicó El Nuevo Día, al comparecer al TSPR como parte del pleito en el que el gobierno busca cancelar su contrato, la empresa privatizadora dijo que la cancelación del acuerdo costaría a los abonados o al Fondo General unos $1,300 millones y pondría en jaque 4,000 empleos directos.

Las cifras están detalladas en una declaración jurada que suscribió la principal oficial ejecutiva de LUMA Energy, Janisse Quiñones, y en la que se agrega que el costo de la cancelación del OMA está sujeto, entre otras cosas, a inflación y al hecho de que en los pasados dos años, la AEE ha reducido el monto de las transferencias mensuales que está obligada a hacer.

En 2025, este medio publicó que hay al menos tres compañías estadounidenses interesadas en administrar y operar el sistema de transmisión y distribución que está en manos de LUMA Energy, formada por un consorcio entre ATCO Ltd., una empresa canadiense, y Quanta Services, una empresa con sede en Texas.

“Decir que nos va a costar $1,300 millones es falso. Tuve una reunión con el gobierno federal, con el Departamento de Energía federal y (LUMA) sí está poniendo en peligro fondos federales por no cumplir con las asignaciones para limpiar vegetación, las asignaciones que tienen para la línea de transmisión y distribución, con contratos que están asignados desde el huracán”, dijo la primera ejecutiva. “Creo que LUMA ha sido irresponsable con el manejo de fondos federales asignados y le mienten descaradamente al pueblo”.

Sobre qué hacer con el sistema, la gobernadora alegó que no podría regresar a manos del gobierno y que debe ir a una compañía “americana”, o estadounidense.

“Debemos buscar operadores que estén en Estados Unidos, que tengan ese tipo de experiencia. Creo que todas las semanas o todos los meses vemos cómo LUMA le pide al gobierno y al Negociado de Energía (de Puerto Rico o NEPR) que aumenten la factura de la luz. Todas las semanas, todos los meses, esto no acaba”, dijo la mandataria. “Sin embargo, todos los ejecutivos de LUMA se ganan un billetal en bonos, en gastos que no dicen por qué siguen gastando tanto y no resuelven problemas o situaciones de transmisión y el pueblo está cansado que sigan engañando a la gente”.

Por disposición de ley, es requerido que el NEPR revise la factura de electricidad periódicamente para que esta se atempere a diversos factores como las fluctuaciones en el costo del combustible que se utiliza para generar energía. Presentar los informes para dicha revisión trimestral es una tarea que se encomienda a LUMA en función del OMA.

La gobernadora hizo sus expresiones a la prensa luego de poner la primera piedra camino a la construcción de un Walmart Supercenter en Bayamón.