Los incentivos contributivos han servido para atraer miles de inversionistas y negocios a la isla, pero sus efectos sobre la economía local y el costo para el gobierno estatal y federal aún no están completamente claros, según un informe de la Oficina de Contraloría General (GAO, por sus siglas en inglés).

Tara Carter, directora adjunta del Equipo de Asuntos Estratégicos del GAO, quien estuvo este jueves en Puerto Rico presentando los hallazgos del informe, sostuvo que uno de los puntos más relevantes es una discrepancia entre el número de decretos otorgados por Puerto Rico y el número de personas que declaran residencia ante el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) mediante el Formulario 8898.

Esta discrepancia es de interés para el IRS, ya que podría indicar una estrategia para retrasar las ganancias de capital, explicó.

“Eso es interesante por varias razones. Primero, porque podría ser una estrategia para retrasar el reconocimiento de ganancias de capital hasta un momento en que puedan beneficiarse de una ventaja contributiva”, indicó Carter en un almuerzo convocado por la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF).

Entre las posibles razones están que algunos contribuyentes solicitan decretos pero no los utilizan, o que quedan por debajo del umbral de ingresos de $75,000 requerido para presentar el Formulario 8898.

“Así que algunos de estos contribuyentes pueden estar viviendo en la isla pero manteniéndose por debajo de este umbral, aunque todavía pueden ser individuos de alto patrimonio. Y eso es algo que le importa al IRS.

El estudio fue publicado en diciembre de 2025 y evaluó los incentivos de inversionistas residentes —originalmente bajo la Ley 22— y de servicios de exportación —Ley 20—, ahora integrados bajo el Código de Incentivos (Ley 60-2019). Estos programas ofrecen tasas contributivas preferenciales a individuos y empresas que cumplan con ciertos requisitos de residencia y operación en Puerto Rico.

Según el GAO, entre 2012 y 2024 el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) aprobó 5,852 decretos de inversionistas residentes y 3,899 decretos de servicios de exportación. Sin embargo, no todos los beneficiarios utilizaron los incentivos.

En 2021, el año más reciente con datos completos analizados por la agencia federal, había aproximadamente 2,200 personas utilizando el incentivo de inversionista residente.

“Uno de los mayores problemas que tenemos es que Puerto Rico no cuenta con datos confiables y oportunos. Por eso, cuando hicimos este análisis en 2025, los datos más recientes disponibles con los que podíamos trabajar eran de 2021”, enfatizó Carter.

El análisis encontró que estos beneficiarios son, en su mayoría, contribuyentes de altos ingresos. Antes de mudarse a Puerto Rico, los beneficiarios tenían un ingreso bruto ajustado promedio de aproximadamente $900,000 al año, y una proporción mayor de contribuyentes con ingresos millonarios que el promedio de los contribuyentes en Estados Unidos.

Uno de los principales hallazgos del informe fue la reducción significativa en los impuestos federales pagados por este grupo luego de establecer residencia en Puerto Rico.

“Nuestro análisis encontró una disminución significativa en el ingreso tributable federal promedio y en los impuestos federales pagados por esta población de beneficiarios individuales de incentivos, al comparar los cinco años antes y los cinco años después de mudarse a Puerto Rico. Esto es una clara indicación de que están resguardando (o protegiendo) sus ganancias de capital. [...] Esta es la razón por la que al IRS le interesa este tema”, dijo Carter en su presentación.

De acuerdo con el informe del GAO, el ingreso tributable federal promedio de estos contribuyentes bajó 39%, de aproximadamente $875,000 a $534,000, mientras que los impuestos federales pagados disminuyeron 46%, de $278,000 a $151,000 en promedio anual, ajustado por inflación.

La agencia indicó que, en conjunto, esa reducción podría representar cientos de millones de dólares anuales en ingresos fiscales federales dejados de recaudar.

En cuanto al impacto económico en Puerto Rico, el GAO señaló que la evidencia es mixta. El estudio del DDEC, citado por el GAO, estimó que los programas pudieron aumentar la actividad económica entre 1% y 3% en comparación con un escenario sin incentivos.

Asimismo, otro estudio del DDEC citado por la agencia federal, estimó que en 2022 los beneficiarios de incentivos generaron más de $200 millones en impuestos y donaciones al gobierno de Puerto Rico, mientras que el costo del incentivo fue estimado en $184 millones y generado hasta 52,000 empleos indirectos.

No obstante, el GAO advirtió que es difícil determinar cuánto de esa actividad económica ocurrió como resultado directo de los incentivos y cuánto responde a otros factores, como la recuperación tras huracanes, terremotos, la pandemia y la llegada de fondos federales.

Tras concluir el análisis, el GAO recomendó al IRS establecer procesos para obtener regularmente información actualizada del Departamento de Hacienda; crear procedimientos para evaluar casos referidos por agencias puertorriqueñas; y mejorar las comunicaciones educativas a los contribuyentes para promover cumplimiento voluntario.

“Creemos que existe una gran colaboración entre los funcionarios del gobierno de Puerto Rico y los funcionarios del gobierno federal, incluyendo el IRS. Hay muchas oportunidades para compartir información que podrían ayudar al cumplimiento y la fiscalización en ambos lados”, destacó Carter.