Menos inversión, pérdida de empleos y disminución de exportaciones son algunas de las repercusiones que tienen los aumentos en el costo de energía eléctrica sobre la base industrial de Puerto Rico, informó este miércoles Karen Mojica Franceschi, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA, por sus siglas en inglés).

“Puerto Rico enfrenta un momento decisivo. La necesidad de transformar el sistema energético no puede seguir postergándose. La estabilidad económica de Puerto Rico y su capacidad para retener y atraer industrias dependen, en gran medida, de contar con una infraestructura energética eficiente, confiable, y resiliente. El aumento sostenido en las tarifas eléctricas es incompatible con esa visión de desarrollo”, señaló Mojica Franceschi.

Los comentarios de la PRMA se produjeron como parte de su ponencia en la novena vista pública de la Resolución de la Cámara 42, en esta ocasión, para investigar el impacto económico que ha tenido el aumento en las facturas del servicio eléctrico en los sectores comercial e industrial.

Asimismo, se solicitó a los deponentes que emitan recomendaciones sobre los tipos de generación de energía más viables para atender la situación energética que enfrenta el País.

La RC 42 propone realizar una investigación financiera y operacional para examinar las discrepancias entre LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo el manejo de fondos públicos y federales, las deudas reclamadas y los pagos realizados o pendientes.

Mojica Franceschi mencionó que el sector industrial de la isla emplea a aproximadamente 83,000 personas, según datos de agosto pasado, trabajadores que se pudieran ver afectados si continúa encareciéndose el costo energético.

“Algunas empresas han reducido su plantilla o limitado sus operaciones como respuesta directa a los aumentos en los costos energéticos. Esto repercute negativamente en el empleo, la producción y los ingresos del gobierno”, mencionó la vicepresidenta de la PRMA.

Además, explicó que por cada 100 empleos directos generados en el sector industrial, se crean 246 empleos adicionales indirectos en la economía de Puerto Rico.

Ante el alza considerable en los gastos fijos por electricidad, las empresas han experimentado una reducción en sus márgenes de ganancia y, por consiguiente, ha decaído su capacidad para reinvertir en expansión, innovación, exportación, contratación de personal o en el peor de los casos relocalizarse, indicó Mojica Franceschi.

“Existen casos documentados de empresas que han considerado, o ya han ejecutado, su traslado a otros países o estados con tarifas más competitivas, lo cual representa una pérdida directa para la economía puertorriqueña”, mencionó la abogada al representante Victor L. Parés Otero, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

La PRMA urgió acción legislativa para fiscalizar el modelo de operación actual, crear incentivos para la generación distribuida y crear un programa de mitigación de costos energéticos.

Además, Mojica Franceschi insistió en la facilitación de la inversión en infraestructura energética moderna, eficiente y flexible, como mecanismos de resiliencia y control de costos.

“Si la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico sale de la quiebra, el país podría beneficiarse significativamente al lograr mayor estabilidad financiera y operativa en el sistema eléctrico. Esto permitiría atraer inversiones, mejorar la infraestructura energética, y avanzar en la transición hacia fuentes de energía más limpias y confiables”, subrayó la vicepresidenta de PRMA.

“Además, al resolver su deuda, la AEE podría reducir incertidumbres fiscales, lo que ayudaría a mejorar la confianza de los mercados y a potencialmente disminuir los costos energéticos a largo plazo para los consumidores y las empresas”, acotó Mojica Franceschi.